

Desde la nulidad del PGOU de 2010, por diferentes Sentencias del Tribunal Supremo (STS 4378/2015Desde la nulidad del PGOU de 2010, por diferentes Sentencias del Tribunal Supremo (STS 4378/2015y STS 4379/2015 de 27 de octubre y STS 4380/2015 de 28 de octubre), el Ayuntamiento de Marbellaviene trabajando en poner orden en su normativa urbanística. Primero, mediante el Protocolo deActuación aprobado el 10 de diciembre de 2015 y, posteriormente, mediante la aprobación por elPleno del Ayuntamiento, en su sesión de fecha 29 de septiembre de 2017, del Texto Refundido delPGOU de 1986 (BOPMA nº 82 de 30/04/2018 y nº 221 de 16/11/2018. Corrección de errores en elBOPMA nº 235 de 7/12/2018). Posteriormente, mediante la necesaria modificación de la normativaurbanística del PGOU de 1986, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria defecha 16 de mayo de 2018 (BOPMA nº 127 de 3/7/2018) y, finalmente, mediante la aprobación porel Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del 27 de julio de 2018 del Expediente de AdaptaciónParcial a la LOUA del PGOU de 1986 (BOPMA nº 197 de 11/11/2018).
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.
El Defensor del Pueblo es un órgano independiente e imparcial encargado de garantizar que las agencias e instituciones de la UE se atienen a la obligación de rendir cuentas, así como de promover la buena administración. El Defensor del Pueblo ayuda a las personas, empresas y organizaciones que se enfrentan a problemas con la administración de la UE investigando las reclamaciones de mala administración relativas a las instituciones y organismos de la UE, pero también examinando de forma proactiva cuestiones sistémicas más amplias.