Finalmente, C.P. Terrazas del Rodeo ha logrado deshacerse de José Urbano Consultores como su Administración!
José Urbano Consultores ha sido un desastre para la comunidad. La falta de transparencia, que hace posible la corrupción, llegará ahora a su fin. José Urbano Consultores no ha cumplido con la legislación. Tienen la posibilidad de que los propietarios puedan impugnar legalmente las decisiones que se toman en las reuniones comunitarias dejando pasar más de tres meses hasta que envíen las actas.
El conesrje criticó al trabajador jardinero durante la reunión comunitaria del 9 de abril de 2022 y le desacreditó. Cuando los asistentes habían comenzado a irse, el conserje habló y también culpó a un sitio web que creaba una mala reputación para la comunidad.
El conserje está a punto de jubilarse. ¿Por qué se arriesga a crear una mala imagen de sí mismo?
A lo largo de los años, algunos propietarios no han mantenido sus quotas de pagos a la comunidad y de este modo han creado enormes deudas con la comunidad. Esto ha sido posible debido a que los Presidentes no han cumplido con sus funciones. Desafortunadamente, solo las deudas de los últimos tres años tienen el estatus de prioridad.
Según los estatutos de la comunidad los Presidentes están facultados para nombrar procuradores y abogados para iniciar los juicios correspondientes para reclamar los pagos que se encuentren en demora. Todos los gastos ocasionados por este procedimiento serán a cargo del deudor.
La Administración de la comunidad ha retrasado ilegalmente la distribución del Acta de la última reunión de la comunidad, lo que ha hecho prácticamente imposible que los propietarios puedan impugnarla legalmente.
También debe sacarse a la luz que la misma Administración parece haber registrado anteriormente poderes de representación falsos en varias ocasiones para la Presidenta de la comunidad.
El tema del robo de electricidad fue planteado por representantes de los propietarios en la última reunión comunitaria el 13 de abril de 2019, pero nunca se mencionó en el Acta. También se presentó evidencia fotográfica de conexión ilegal. Tuvo la conexión ilegal uno de los apartamentos desde junio de 2018 hasta que fue vendido y renovado en la primavera de 2021.
Parece que fue por primera vez en una carta del 25 de diciembre de 2020 donde el Secretario-Administrador mencionó por primera vez el robo de electricidad a los propietarios, diciendo que no había robo de electricidad ni a ningún vecino ni a la comunidad.
Los administradores deben conocer la legislación para comunidades de propietarios. Una asistente a la reunión comunitaria informó sobre un artículo de la legislación que podría usarse contra los okupas ilegales y los delincuentes dentro de la comunidad. No se ha tomado ninguna medida y se entiende que el Secretario-Administrador, que presidía la reunión comunitaria de manera poco profesional, no lo considera aplicables a C.P. Terrazas del Rodeo. Esto no corresponde con lo que comunica el Colegio de Administradores de Fincas.
La presidenta de C.P. Terrazas del Rodeo y quienes le han otorgado poder de representación se negaron a grabar el video de la reunión comunitaria. Si la reunión hubiera sido grabada, aquellos que no estuvieron presentes en persona podrían haber tomado parte después. La grabación de la reunión de la comunidad habría sido útil ya que el Acta de la reunión se retrasó ilegalmente, lo que hizo imposible que los propietarios impugnaran legalmente las decisiones que se estaban tomando.
Los propietarios se mantienen en la oscuridad sobre el paradero de la Junta Directiva. No se presentan Actas de sus reuniones y los propietarios ni siquiera reciben los datos de contacto de sus miembros, que supuestamente representan a todos los propietarios. Mala organización y mal liderazgo traen mal desempeño.
El último número de la revista CAAF Andalucía - Revista el Administrador - se centra en los okupas ilegales. Explican el papel del Administrador y lo que debe hacer para tratar con okupas.
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.
El Defensor del Pueblo es un órgano independiente e imparcial encargado de garantizar que las agencias e instituciones de la UE se atienen a la obligación de rendir cuentas, así como de promover la buena administración. El Defensor del Pueblo ayuda a las personas, empresas y organizaciones que se enfrentan a problemas con la administración de la UE investigando las reclamaciones de mala administración relativas a las instituciones y organismos de la UE, pero también examinando de forma proactiva cuestiones sistémicas más amplias.