


El juez Antonio Piña admite la querella presentada por dos trabajadoras de sus mansiones en República Dominicana y Bahamas
La Fiscalía sostiene que basta con que Julio Iglesias sea español para investigar en España la querella por agresión sexual
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. En un auto, el magistrado señala que los testimonios de las dos mujeres constituyen “un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal”. Cita a declarar a ambas el 3 de febrero de 2027.
En su querella, ambas relataban haber sufrido agresiones sexuales en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante hasta octubre de 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. El juez considera que el “relato pormenorizado que contiene y el principio de prueba que se aporta, son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad”. El relato de estas extrabajadoras forma parte de una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision.
Además, el juez otorga una “relevancia indiciaria” a una fotografía con hematomas en el brazo que, según una de las mujeres, “responden a agarrarla fuertemente por el brazo y a unos mordiscos en una de sus piernas”.
Respecto a los delitos de lesiones y trato degradante, el juez recuerda que prescriben a los cinco años. La querella, dice el auto, se presentó el 5 de octubre de 2026, así que estarían prescritos los previos al 5 de octubre de 2021. Sólo se podrían investigar, por tanto, los cometidos durante el último mes de la relación laboral salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito. No obstante, esa fecha del 5 de octubre no sería correcta porque la querella, en realidad, fue presentada el 3 de septiembre.
El magistrado, por otro lado, rechaza la acusación por los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también se incluían en la querella. Señala que la primera querellante “fue contratada a través del medio ordinario de contratación, mediante una oferta pública en una red social” y que en su contrato “no medió engaño ni artificio alguno”, tal y como se desprende de los mensajes de WhatsApp que se cruzó con una de las gobernantas. “Se le indicó que el trabajo era con 'dormida' y fue aceptado por la querellante libremente. No observamos en la querellante la existencia de una situación de vulnerabilidad como la que se describe en la querella”, recoge el auto.
El juez añade que el salario que se le ofreció a la primera de las querellantes era “el doble en su importe al salario mínimo establecido en el año 2021 en República Dominicana para los trabajadores de grandes empresas e incluso se puede afirmar que triplica el estimado para el servicio doméstico”, si bien recuerda que el salario mínimo del país no puede contar como “indicador de un delito de trata”.
A esto suma que tampoco se le retiró el pasaporte ni se le restringieron las comunicaciones y que pudo abandonar el trabajo cuando lo consideró. O que con posterioridad a su salida, Julio Iglesias también “atendió diversos requerimientos” realizados por ella, como proporcionarle una carta de recomendación o pagarle el finiquito, un seguro y las cantidades que le debían por vacaciones.
El juez subraya que “las condiciones laborales a las que se dicen ser sometidas tienen su encaje en un delito contra los derechos de los trabajadores y no contra un delito de trata”, si bien se trata de un tipo de penal que no se puede investigar en España porque no existe como tal en Bahamas y República Dominicana, los lugares donde supuestamente ocurrieron los hechos.
La legislación española permite que los tribunales españoles persigan delitos cometidos en el extranjero por españoles si se dan tres requisitos: que haya denuncia en España de la víctima o la Fiscalía, que el caso aún no haya sido juzgado y que la conducta sea también delito allí donde se produjeron los hechos.
El juez también pone el foco sobre el hecho de que la querella no se dirija contra dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas “a pesar de identificarlas y señalarlas en el relato de hechos como intervinientes directos en las agresiones presuntamente sufridas”. Una de estas mujeres es colombiana y la otra brasileña.
El magistrado asume que se trata de una estrategia para “lograr” que la querella se pudiera investigar en España al haber un único querellado —Julio Iglesias— y tener nacionalidad española. Y asume que no se trata de un “fraude procesal”, dado que “entra dentro del derecho de accionar el limitar el contenido o las personas contra las que se dirige la querella”.
No obstante, en relación con los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores dice que ambas habrían podido participar en los hechos y, por tanto, podrían corroborarlos. Y que sin su testimonio “no resulta comprensible como imputar a Iglesias” esos dos delitos. Entiende el juez que dado que sus testimonios “forman parte de una misma secuencia delictiva y resultan necesarios para comprender la conducta atribuida” al cantante, en caso de investigar esos delitos, se podría “comprometer” su derecho de defensa.
No obstante, el juez Piña matiza que el hecho de que las querellantes dirigieran su denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Iglesias y las dos gobernantas, y que luego en la querella sacaran de la ecuación a esas dos trabajadoras, no se puede considerar un fraude procesal porque “entra dentro del derecho” de las dos víctimas de elegir contra qué personas se dirigen.
Y recuerda, sobre el sobreseimiento de la primera denuncia por falta de competencia que “el archivo fiscal no equivale a un sobreseimiento judicial ni produce por sí mismo cosa juzgada”. A lo que añade que “las noticias periodísticas y la existencia referida de una querella por calumnias no constituyen criterios autónomos de admisión o rechazo”.
El juez también se refiere a las conversaciones por WhatsApp que una de las denunciantes mantuvo con una de las gobernantas tras dejar el trabajo y hasta 2024 y en las que la primera llega a interesarse por el estado de Julio Iglesias o a decir que les “extraña mucho”. El magistrado apunta que son mensajes en tono “cordial o afectuoso” que presentan “una aparente discordancia con determinados extremos del relato”. No obstante, dice que podrán ser contrastados con la declaración de la denunciante y “el examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones”.
El juez también deniega la condición de testigos protegidos solicitada para las denunciantes al considerar que la querella no acredita la situación de “peligro grave” que exige la ley. El instructor no otorga especial relevancia al hecho de que el marido de las denunciantes hallara un geolocalizador en su vehículo cuya colocación atribuye al entorno del cantante. O a la existencia de un tercero que se aproximó a un familiar de la otra mujer para recabar información.
Así, subraya que Julio Iglesias tiene derecho “a conocer la identidad de las personas que lo denuncian” para poder ejercer su defensa con plenas garantías. No obstante, para proteger su intimidad, acuerda una serie de medidas de protección: mantendrá reservados sus domicilios y datos de localización, dispondrá que en sus declaraciones presenciales únicamente se grabe el audio y no la imagen y aplazará la entrega de sus identidades a la defensa del cantante hasta que este auto de admisión sea firme.

Apoyándose en su propia reestimación del CIS, la coalición asegura que se encuentra a dos décimas de lograr representación en Asturias y a un punto de conseguir escaño en Sevilla, ambos en detrimento de la derecha
El Frente Amplio arranca la campaña apelando a la remontada: “Si llegamos a un 10%, se les acaba la fiesta”
Asturias, Castellón, Madrid, Las Palmas y Sevilla. Esas son las cinco circunscripciones en las que el Frente Amplio se encuentra en una disposición mejor para disputar un escaño al bloque de la derecha en las elecciones generales, según sus cálculos: en todas ellas, la alianza se encuentra —según fuentes internas— a una distancia de menos de dos puntos de PP o Vox en la pelea por el último diputado.
El Frente Amplio lleva semanas insistiendo en la necesidad de alcanzar el 10% del voto en el cómputo general para sortear los efectos más perjudiciales del sistema electoral. Ningún sondeo sitúa a la coalición en esos números todavía, pero alcanzarlos, sostienen fuentes de la alianza, colocaría a los de Ada Colau en disposición de lograr escaños en algunas de las circunscripciones medianas, a pesar de la fuerte competencia de partidos territoriales que se encuentran muy fuertes, como el BNG o Adelante Andalucía.
“En nuestros modelos, subir del 7% al 9% te da seis escaños, pero pasar de ese 9% al 11% te da 12 o 13 diputados más”, planteaba hace unos días un dirigente del Frente Amplio, que señalaba que, con el 10% de los votos, el cálculo medio es que el Frente Amplio obtendría 21 diputados y que, a partir de ahí, cada décima ganada tiene mucho más valor. Otras fuentes expertas en el análisis demoscópico y conocedoras del comportamiento electoral del espacio a la izquierda del PSOE consideran que, con la fortaleza de Vox y la dispersión del voto progresista, el umbral de voto necesario para que el Frente Amplio amarre en torno a una veintena de escaños se sitúa más bien en torno al 11,5% de los sufragios.
En lo que coincide todo el mundo es en que, alcanzado un cierto porcentaje, pequeñas subidas en número de votos suponen fuertes ganancias por los efectos del sistema electoral. Y el Frente Amplio considera que, en cinco provincias, esas ganancias están especialmente próximas. En base a los datos del CIS preelectoral—aunque aplicando una cocina diferente a la del instituto público—, la alianza estima que en Asturias se encuentra apenas a un par de décimas de punto de quitarle al PP el último escaño en reparto, y que en Las Palmas se encuentra cuatro décimas por delante de Vox, por lo que “cualquier fuga hacia el voto útil puede regalarle” la última acta a la extrema derecha.
Los de Colau calculan, igualmente, que en Sevilla están a un punto porcentual de intención de voto de obtener representación en detrimento de un escaño del PP, una distancia que aumenta a 1,5 puntos en el caso de Madrid, donde lo que está en competición —también con los populares, según la estimación— es el cuarto escaño para el Frente Amplio. Algo más complicado resulta obtener representación en Castellón: allí, Compromís-Front Valencià se encontraría a 1,9 puntos porcentuales de obtener acta en perjuicio de Vox.
Las fuentes consultadas señalan otras dos provincias en las que un crecimiento del Frente Amplio en los días que quedan de campaña podría quitarle un escaño a la derecha: Alicante y Córdoba. No obstante, en ambas circunscripciones la distancia es mayor: para que Compromís-Front Valencià obtuviera el segundo diputado en la provincia alicantina necesitaría crecer —según la estimación— 2,9 puntos porcentuales, mientras que para obtener representación en Córdoba el crecimiento debería ser de nada menos que 3,7 puntos. Ambos escaños irían ahora mismo a parar a manos de Vox.

La Asamblea Plenaria rechazó el texto propuesto por el presidente de la CEE, que incluía referencias expresas al aborto, la eutanasia o la crisis política, y que necesitaba dos tercios para ser aprobado: "Nos colocarían como orientadores del voto de la derecha y la ultraderecha"
La Conferencia Episcopal 'orientará el voto' de las generales una década después pese a denunciar “soflamas que polarizan”
No habrá, salvo giro copernicano de última hora, nota de los obispos de cara a las elecciones. En contra de lo previsto, y de lo anunciado en su discurso de apertura por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, la Asamblea Plenaria no ha logrado consensuar un texto con orientaciones de voto para el 29N, tras una tensa votación celebrada el lunes por la tarde.
Tras ese encuentro, finalmente, se descartó un comunicado. Sí se espera, en cambio, que la nota final de los trabajos de la Asamblea Plenaria —que se publicará este viernes— incluya un párrafo animando a los fieles a votar y recordando el discurso de León XIV en el Congreso de los Diputados.
Ha habido pelea, y dura, en la Conferencia Episcopal a este respecto. Argüello ya quiso aprobar una nota con criterios de voto en la pasada Comisión Ejecutiva, celebrada hace unas semanas. Al no conseguirlo, dio por hecho que una mayoría episcopal lo haría en la Asamblea Plenaria. Y así lo anunció en su discurso del pasado lunes, cuando subrayó que no quería “hacer una referencia directa a las próximas elecciones generales, pues espero que esta Asamblea pueda ofrecer alguna declaración al respecto”. Esa declaración finalmente no se producirá.
La votación sobre la misma, según ha podido saber elDiario.es, tuvo lugar el lunes por la tarde, antes de que los obispos dedicaran la jornada de ayer a celebrar los 60 años de la creación de la CEE. Fue una tensa reunión, en la que se establecieron claramente tres bloques: por un lado, los afines a Argüello, partidarios de una nota que planteara, con claridad, criterios de voto partiendo del discurso de León XIV en el Congreso de los Diputados; los partidarios, siguiendo la doctrina Blázquez-Omella, de mantener una neutralidad y confiar en el criterio de los católicos españoles; y un sector intermedio, que veía cierta oportunidad en la nota, pero apuntaban a que ésta tuviera unos “términos generales” y no entrase en harina con temas como el aborto, la eutanasia, la crisis de Ceuta o la educación concertada.
Finalmente, la votación arrojó una mayoría relativa a favor de la publicación del boceto de la nota presentada por Presidencia, pero no alcanzó los dos tercios necesarios para que fuera publicada como documento de la Asamblea Plenaria. “Se ha decidido no interferir en las elecciones, y mucho menos hacerlo en unos términos que nos colocarían, de cara a la opinión pública, como orientadores del voto de la derecha y la ultraderecha”, sostiene un obispo presente en la reunión del lunes.
No se romperá, así, la tradición no escrita establecida durante los mandatos de los anteriores presidentes: desde que Rajoy fue elegido en 2011, no ha habido nota de los obispos orientando el voto hacia sus fieles.
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La número dos de Feijóo en las elecciones del 29 de noviembre sostiene en un encuentro con militantes en Elche que "el Gobierno tiene que decidir cuántos, cuándo, cómo y para qué entran" las personas extranjeras en España
Feijóo utiliza a niños para inflar la cifra de inmigrantes que cobran el ingreso mínimo vital sin trabajar
La número dos del PP en la lista por Madrid en las elecciones generales del 29 de noviembre, Cayetana Álvarez de Toledo, defendió este lunes en un acto con militantes en Elche (Alicante) que España necesita “inmigración que trabaje mientras los españoles se ponen a tener bebés”, según adelantó el periodista José Ramón Esquinas en el periódico 'Información'. elDiario.es ha contrastado la afirmación de Álvarez de Toledo con una grabación del acto.
La dirigente del PP, tándem electoral de Alberto Núñez Feijóo, asistió el pasado lunes a un acto con militantes de su partido en Elche. Álvarez de Toledo hizo primero un breve discurso introductorio y se sometió después a las preguntas de los presentes, leídas por el alcalde ilicitano y presidente del PP local, Pablo Ruz.
Uno de los militantes presentes preguntó “si hay leyes suficientes para revertir el problema de la inmigración” o si “se deberían tomar otras medidas más drásticas”.
Álvarez de Toledo, que cuenta con las nacionalidades argentina, francesa y española, respondió con otra pregunta: “¿Necesita España inmigrantes?”. Y respondió: “Sí claro, evidentemente. Entre otras cosas, porque los españoles tenemos muy pocos bebés. Tasas de natalidad realmente bajísimas. Necesitamos inmigración que trabaje y complemente mientras los españoles se ponen a tener bebés y facilitamos que los españoles puedan poner bebés. Hay que tener política de natalidad”.
La dirigente del PP continuó: “Ahora bien, el Gobierno tiene que decidir cuántos, cuándo, cómo y para qué entran”. Álvarez de Toledo sostuvo que se debe hacer “bajo tres principios que son morales, no simplemente eficaces”.
El primero es el cumplimiento de la ley: “A España hay que entrar ilegalmente. No se puede entrar a saltos por la ventana cuando hay gente haciendo cola para entrar por la puerta”. El segundo, dijo, es “venir a trabajar, venir a aportar y venir a contribuir”. “El tercer principio, que también es un principio moral, es el principio de integración. A quienes vienen a vivir a España hay que pedirles que se integren en unos determinados valores”, concluyó.
El PP sigue así la senda de aproximarse a los discursos más ultras en materia de inmigración, después de que el propio Alberto Núñez Feijóo haya recurrido de forma habitual a las mentiras y bulos en su señalamiento a los extranjeros.
En esta misma campaña, Feijóo ha señalado, por ejemplo, que “medio millón de inmigrantes” cobran el ingreso mínimo vital (IMV) “sin haber trabajado una sola hora en el último año”. Para llegar a esa cifra, el líder del PP incluyó a niños pequeños, a los que echó en cara no trabajar.
En los primeros compases de la campaña, Feijóo ha azuzado el miedo a la inseguridad, también pese a unos datos que señalan una criminalidad muy baja en España, y ha azuzado el miedo a la inmigración, especialmente en Catalunya, donde Vox tiene opciones reales de superar al PP en las urnas.
En el mismo sentido, Cayetana Álvarez de Toledo se despachó este miércoles contra el líder de Vox, Santiago Abascal, a quien acusó de comprar “parte del discurso nacionalista catalán” por defender “la identidad catalana”. Algo que, dijo, no existe.

El jefe de gabinete de Ayuso y exportavoz de José María Aznar no forma parte del equipo del líder del PP para prepararse de cara al debate de este jueves entre los dos candidatos
Todo sobre el debate Sánchez-Feijóo en TV: horario, dónde verlo, bloques y tiempos pactados del cara a cara político
Alberto Núñez Feijóo no contará con Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para asesorarle en el 'cara a cara' de este jueves entre el líder del PP y Pedro Sánchez, como sí lo hizo en 2023, tal y como ha adelantado La Sexta este miércoles y ha confirmado elDiario.es.
Este jueves se celebrará el debate entre el presidente del Gobierno y candidato de los socialistas y el líder del PP, un debate que finalmente se organizará por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ante la falta de acuerdo de las formaciones tras las propuestas de las televisiones.
En el anterior debate de 2023, Rodríguez fue clave en la preparación de Alberto Núñez Feijóo para el 'cara a cara' con Pedro Sánchez en el que el líder del PP rompió todas las previsiones y derrotó, con mucha claridad, al candidato del PSOE. El jefe de Gabinete de Ayuso fue uno de los inspiradores de la estrategia de Feijóo, que tuvo entre sus claves un inicio arrollador y a la ofensiva. El candidato conservador atacó a Sánchez por sus acuerdos parlamentarios con EH Bildu y recurrió a la figura de Miguel Ángel Blanco para desarbolar a Sánchez. Y funcionó.
Es marca de la casa. Miguel Ángel Rodríguez entiende la política como una guerra cultural contra el rival, en este caso la izquierda. Lleva décadas haciéndolo. Con José María Aznar el siglo pasado, primero en Castilla y León y después desde la Moncloa. Él fue el asesor en la sombra que gestó la dura estrategia que llevó a la derecha al poder por primera vez desde la transición. Tras el fiasco de 1993, Aznar se impuso en 1996. En ambas convocatorias, los debates electorales, los primeros de la historia en España, fueron fundamentales.
Tras un periodo apartado de la primera línea política, pero con importante incidencia desde el sector privado, regresó al PP de la mano de Isabel Díaz Ayuso, quien también ha desarrollado una estrategia muy reconocible, con el ataque sin piedad contra el rival como elemento central. Un perfil que ha acumulado diferentes polémicas, especialmente este último año, y que ha sido el responsable del cambio de imagen y de las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
MAR defendió en el Tribunal Supremo su bulo sobre la confesión de Alberto González Amador y hace solo unos meses volvió a salir en defensa de Amador con ataques a la Agencia Tributaria, cuando dijo que “debería ser dinamitada”. No es raro que los comentarios del jefe de gabiente de Ayuso ocupen titulares, no solo por los insultos y ataques a Sánchez y la izquierda, sino también por otras salidas de tono y pronósticos sobre asuntos judiciales: “Hasta donde sé, Leire, Cerdán y el PSOE van pa'lante, por eso intentan quemar las calles”, llegó a decir hace solo un mes.
En 2023, Rodríguez se reunió con Feijóo en solitario durante varias horas. El asesor centró sus consejos precisamente en la parte política y discursiva. No tanto en el detalle de los argumentos, sino en la actitud con la que Feijóo lo afrontó. Esta vez, el candidato del PP ha optado por no escucharle.
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.
El Defensor del Pueblo es un órgano independiente e imparcial encargado de garantizar que las agencias e instituciones de la UE se atienen a la obligación de rendir cuentas, así como de promover la buena administración. El Defensor del Pueblo ayuda a las personas, empresas y organizaciones que se enfrentan a problemas con la administración de la UE investigando las reclamaciones de mala administración relativas a las instituciones y organismos de la UE, pero también examinando de forma proactiva cuestiones sistémicas más amplias.