Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Comuns presentan la nueva coalición en un acto en Madrid repleto de llamadas a la unidad y al optimismo frente a la extrema derecha
La izquierda sienta las bases para una nueva alianza
La izquierda toma protagonismo. Varios centenares de personas han acudido este sábado al Círculo de Bellas Artes de Madrid para asistir al lanzamiento de la nueva coalición que auspician Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid, 'Un paso al frente'. Los dirigentes del espacio político de lo que ahora es Sumar en el Gobierno han coincidido en la necesidad de relanzar un proyecto ganador frente a la extrema derecha, entre llamadas a volver a repetir la unidad del espacio pero defendiendo los valores tradicionales de la izquierda.
“Estamos aquí para escuchar, porque hay mucha conversación dentro y mucha conversación fuera. Nadie va a equivocarse tapándose los oídos. Estamos aquí para entender el malestar, para buscar soluciones, dirigir la mirada al lugar correcto que es arriba y no al lado”, ha lanzado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en la presentación del acto. “No sobre gente en el metro, faltan médicos; no sobra ni un trabajador, sobran todos y cada uno de los millonarios”, ha reclamado antes de dar paso a los intervinientes: Lara Hernández, de Movimiento Sumar; Ernest Urtasun, de los Comuns; Antonio Maíllo, de Izquierda Unida; y Mónica García de Más Madrid.
La sala en la que han intervenido los cuatro dirigentes estaba repleta de dirigentes de esas formaciones políticas. En un escenario compuesto detrás de los micrófonos estaban sentados ministros como Pablo Bustinduy, dirigentes como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, o la diputada y coordinadora de los Comuns, Candela López. Pero también cuadros territoriales, diputados, eurodiputados y dirigentes de todo el espacio político. Sentados entre el público han acudido personalidades como Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, o Pepe Álvarez, de UGT. También antiguos dirigentes como Alberto Garzón, Ada Colau o Nacho Álvarez.
Solo ha faltado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha decidido mantenerse al margen en este momento pero apoyar eso sí todos los movimientos que están ocurriendo en la izquierda. Solo Mónica García, la ministra de Sanidad, la ha mencionado en su discurso, en la intervención final. “Estamos orgullos de las luchas de la clase trabajadora de Yolanda Díaz, claro que sí. De Yolanda Díaz. Gracias a Yolanda por estar siempre del lado de la gente trabajadora”, ha reivindicado la líder de Más Madrid.
Lara Hernández: “La gente nos quiere caminando juntas”
La primera en intervenir ha sido Lara Hernández, la coordinadora de Movimiento Sumar, que ha celebrado que los partidos de la izquierda estén unidos en el trabajo para la próxima coalición. “Hoy salimos de aquí con urgencias. La urgencia de la esperanza frente al miedo. La urgencia de la reconciliación con nosotros mismos y con nuestra gente. La urgencia de la responsabilidad histórica. La urgencia de no claudicar ante la resignación. La urgencia de luchar para ganar. Nos vamos a juntar porque les vamos a ganar. Porque somos más y somos mejores, porque el miedo a la extrema derecha nos lo sacudimos así, construyendo, cooperando, creando”, ha dicho en su discurso en el que ha parafraseado a Gabriel Rufián hace tres días en la sala Galileo Galilei: ganar a Vox escaño a escaño, provincia a provincia.
De hecho, se ha abierto a explorar las fórmulas que el portavoz de ERC en el Congreso ha ido planteando en los últimos días. “No es miedo lo que tenemos que tener a la España real. Es posible que nos entendamos las izquierdas federales, confederales, soberanistas. El tiempo histórico hoy es otro y el reto es nuevo. Es una lucha contra lo injusto de nuestro sistema electoral. Debemos y podemos buscar fórmulas. Seamos imaginativos”, ha dicho.
Y después de otra de las conversaciones abiertas en aquella charla entre Rufián y Emilio Delgado, Hernández ha reconocido que la izquierda ha perdido el contacto con la calle. “Vamos a construir una izquierda que vuelva a conectar con la calle. Porque sí compañeros y compañeras. En este tiempo hemos perdido pulso y comunión con las gentes. Con paciencia, pero con determinación: hemos de estar fuertes en los barrios, en los centros de trabajo, en los institutos, en las asociaciones, las viejas y sobre todo las nuevas… La derrota al neofascismo se sustancia ahí… Cualquier vacío que dejamos, lo ocupa la ultraderecha”, ha reclamado.
Urtasun: “La aritmética es necesaria, pero necesitamos un proyecto ganador”
“La aritmética es muy necesaria, pero no se ganan las elecciones solo con la sociología electoral, se ganan con un proyecto ganador, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Gobernar bien para la mayoría lo que queda de legislatura”, ha defendido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
El también portavoz de Movimiento Sumar ha reivindicado además que parte de ese trabajo que propone Rufián es lo que consiguió Sumar el pasado 23 de julio, en las elecciones generales. “Ganamos las elecciones en el 23J con un trabajo minucioso para maximizar los escaños”, ha dicho para reivindicar el acuerdo que incorporó a toda la izquierda estatal pero también a una decena de formaciones soberanistas y territoriales y que permitió revalidar el Gobierno de coalición.
Urtasun ha lanzado varios mensajes al Partido Socialista también, con quienes comparte asiento en el Consejo de Ministros. “Dice el PSOE que no hay mayorías suficientes, lo que no podemos aceptar son vetos previos en el Consejo de Ministros. Le quiero decir al PSOE que las elecciones con el freno de mano puesto a la hora de afrontar los problemas sociales. Nos lo acaban de demostrar los Comuns con un acuerdo presupuestario”, ha dicho.
Y también ha respondido a quienes intentan en estos días cambiar el discurso de la izquierda en asuntos como la inmigración. “No se combate a la extrema derecha con las gafas de mirar la realidad de la extrema derecha, se les gana donde son débiles, se las gana diciendo que son unos vende patrias, que siempre defienden al fuerte frente al débil”, ha reivindicado.
Maíllo: “Se ha acabado la melancolía en la izquierda”
“Parece que hay marcos que invitan a la melancolía. Se ha acabado la melancolía en la izquierda y empieza una etapa de ambición de gobierno, de disputa y guerra cultural”, ha comenzado Maíllo su intervención.
“Tenemos que gestionar la realidad, pero sin melancolías. Sin nostalgias. Con una acertada respuesta a ese momento. Este momento que se presenta con voluntad unitaria de manera irreversible, abierto a más incorporaciones que estoy seguro de que se van a producir, es una respuesta a esa gente que pensaba que estábamos a punto de naufragar. Es un mensaje también a esa extrema derecha, que pensaba que había ganado”, ha reivindicado el coordinador general de Izquierda Unida.
El líder de IU también ha lanzado mensajes velados a otros dirigentes del espacio político. “Nosotros estamos abiertos a los matices, la vida son matices. Y tenemos muy claro quienes son gente que forma parte del bloque democrático y quienes forman parte del bloque democrático, y no los vamos a igualar. Sería la mayor de las injusticias”, ha dicho.
Maíllo ha defendido la nueva alianza de la izquierda como un acto de obediencia al “clamor social” que reclama “unidad”, ha dicho. “Unidad como el único instrumento que pueda permitir que seamos relevantes, cambiando políticas a favor de la justicia social”, ha añadido.
“Este camino acaba de empezar. Proponemos un soporte que sirve para otras organizaciones y para mucha gente que no pertenece a partidos, pero quiere formar parte de un proyecto transformador. Se van a incorporar más organizaciones”, ha vaticinado Maíllo. El nuevo sentido común está en la unidad. La clave ya es cómo conformar la unidad, no si hay unidad. Que haya unidad es algo asumido“, ha defendido.
Mónica García: “Sabemos perfectamente cuál es nuestro adversario, miramos hacia arriba”
La líder de Más Madrid también ha defendido, en la misma línea de Rita Maestre, que el adversario está “arriba” y no a un costado, no en los barrios sino en los “tecnooligarcas”. “Los derechos no compiten. Sabemos quienes son los adversarios, los tecnooligarcas. El problema no es un adolescente con un móvil, es el algoritmo que roba las expectativas de futuro. Los grandes tenedores. Quienes parasitan nuestros servicios públicos para hacer negocio. Los ayusos y sus novios y el grupo Quirón. No les pedimos cuentas a los vecinos, les pedimos cuentas a los de arriba”, ha reclamado.
“La derecha quiere dividirnos y eso no va a ocurrir. No se lo vamos a permitir”, ha dicho. Y también ha lanzado un mensaje de unidad: “Aquí no sobra nadie. Necesitamos cada átomo”. “Tenemos que estar en los barrios y en las instituciones, bienvenidas todas las aportaciones”, ha dicho. “Gracias a Gabriel, gracias a Emilio por el acto del otro día”, ha insistido en esa misma idea.
“Gracias a Gabriel, gracias a Emilio”
El acto, como ocurrió hace tres días con la charla entre Emilio Delgado y Gabriel Rufián, ha desbordado las expectativas. En esta ocasión han sido varias cientas, muchas más, las personas que se han quedado sin asiento en el recinto preparado para el acto. Los organizadores han tenido que abrir una sala adyacente para poder albergar a todas esas personas. Los dirigentes de los partidos han aprovechado para bajar a saludarles antes del inicio del mitin, que ha arrancado con bastante más retraso de lo previsto.
Frente a lo que ocurría hasta ahora en la izquierda, especialmente en los actos de Sumar, este sábado no había una persona por encima del resto, sino cuatro dirigentes hablando en un mismo nivel de importancia.
A pesar de todo, el acto ha estado marcado por la ausencia de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno. Yolanda Díaz anunció esta semana que se ausentaría del acto del 21 de febrero para dar espacio a los partidos a organizarse. “Es el momento de las formaciones políticas”, dijo en una entrevista en La Sexta para explicar su decisión de no asistir a este lanzamiento. La ministra de Trabajo mantendrá por tanto perfil bajo mientras la nueva coalición da sus primeros pasos y ella avanza en el proceso de reflexión personal sobre su futuro político.
Este sábado, tras escuchar las intervenciones, ha celebrado el acto en un post de Bluesky: “Así es como vamos a ganar las próximas elecciones: ilusionando, cooperando, avanzando. Dando pasos siempre adelante. Juntas. De la mano. Lo hicimos en el 23 y lo volveremos a hacer. Orgullo de compañeras.
El acto de este sábado es una primera parada de cara a la construcción de un gran frente para las elecciones generales. Los cuatro partidos llevan trabajando meses en consolidar un primer núcleo de organización, con varios niveles de trabajo y varios órganos de toma de decisiones, algunos más reducidos, otros más amplios en los que se incorporan los grandes dirigentes. Y algunos grupos específicos, como comunicación, redes, etc. Un despliegue similar al de un partido político pero incorporando a las cuatro direcciones.
Pero la idea no es quedarse ahí sino que sea este núcleo el que permanezca en el tiempo, en los periodos no electorales, para coordinar el trabajo y la orientación política, y ampliar el espacio llegados los comicios para incorporar en una coalición electoral al resto de fuerzas que renuncian a participar en una estructura de la izquierda estatal a largo plazo. Así, cuando llegue la convocatoria de 2027, los partidos aspiran a convencer a todas las organizaciones que se sumaron a una misma candidatura en el 23 de julio.
El análisis de las últimas encuestas elaborado por elDiario.es muestra que toda la izquierda junta ganaría escaños pero quedaría muy lejos de arrebatarle la mayoría a la derecha. Estos cálculos no tienen en cuenta los efectos movilizadores o desmovilizadores de una propuesta como esta
Rufián y Emilio Delgado reclaman un “bloque histórico” para enfrentarse a la derecha: “Hay que ganar provincia a provincia a Vox”
“Yo le quiero ganar provincia a provincia escaños a Vox. Provincia a provincia”. La frase de Gabriel Rufián en su acto con Emilio Delgado en la sala Galileo Galilei resuena desde entonces en el espacio progresista. Su plan sigue sin ser claro, pero la idea que flota a partir de sus palabras es la de un gran acuerdo de todas las izquierdas para una confluencia en la que sean las principales fuerzas en cada territorio las que lideren una futura candidatura a las generales. Pero los datos analizados por elDiario.es a partir de las últimas encuestas y también de los resultados del 23J apuntan en una dirección diferente: lo esencial para evitar la dispersión del voto es la unidad entre los partidos de lo que fue Sumar en aquellas elecciones. Incorporar a las fuerzas de la izquierda independentista no potenciaría, al menos aritméticamente, las opciones de ese espacio conjunto.
El 23 de julio, los partidos de la izquierda lograron un acuerdo inédito, 15 formaciones políticas de distinto signo, algunas de ámbito territorial y las principales fuerzas progresistas a nivel estatal, en una misma candidatura. A esa coalición se incorporaron Chunta Aragonesista, Compromís, Més per Mallorca, pero también Iniciativa del Pueblo Andaluz, Drago Canarias, Izquierda Asturiana y Batzarre; y los ecologistas Verdes Equo y Alianza Verde. En Catalunya, los Comuns; en Madrid, Más Madrid. También Más País, Izquierda Unida y a pesar de las dificultades, Podemos. Y como paraguas de todo aquello, Sumar, la plataforma de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
La idea era evidente, evitar la dispersión del voto en todas las circunscripciones. Rentabilizar cada papeleta para convertirla en escaños, especialmente en las provincias menos proporcionales. El resultado no consiguió igualar los escaños que había conseguido Unidas Podemos en las anteriores elecciones, pero en un contexto de retroceso de la izquierda, sirvió para conservar 31 diputados, en empate técnico con Vox, y revalidar el gobierno de coalición con el PSOE.
¿Cuánto habría cambiado el mapa de aquellas elecciones con un acuerdo similar al que propone ahora Rufián? El juego contrafáctico que se plantea en los siguientes gráficos funciona de la siguiente manera: una suma provincia por provincia de todos los votos de Sumar junto a los de las candidaturas de la izquierda nacionalista e independentista (ERC, las CUP, EH Bildu, el BNG y Adelante Andalucía).
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El resultado de este juego tiene algunas lecturas. La primera es que los bloques actuales no se habrían movido. En los territorios en los que se propone este tipo de unidad ya ganó la izquierda con holgura, excepto en Galicia, donde una candidatura que incorporase al BNG habría quitado un escaño al PSOE en Pontevedra. En suma, este bloque plurinacional habría obtenido cinco escaños más, tres a costa del PSOE, uno a costa de Junts y otro a costa del Partido Nacionalista Vasco.
Es decir, no habría alterado las mayorías actuales, pero habría dado más poder a la izquierda frente a los socialistas y habría restado poder a Junts. Con un resultado así, a Sánchez le habría bastado una abstención de los de Carles Puigdemont para ser investido presidente tras las elecciones generales.
Provincia a provincia, la izquierda plurinacional habría arrebatado un escaño al PSOE en Barcelona, en Navarra y en Pontevedra. En Girona, el último escaño de Junts habría ido a parar a este nuevo bloque y en Gipuzkoa se lo habría arrebatado a los nacionalistas vascos.
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En su charla con Emilio Delgado, Rufián habló de un gran grupo confederal: “Grupo interparlamentario coordinado común”. Es una idea que ya rondó en el pasado por la cabeza de Pablo Iglesias, el exlíder de Podemos. Una alianza de este tipo habría podido alumbrar un gran grupo de la izquierda con 50 escaños. Un bloque más fuerte para negociar conjuntamente con el PSOE y con Junts más débil.
El experimento tendría en este sentido especial fuerza en Catalunya, el lugar de donde nace toda esta idea. Según lo que ha concretado el exdirigente republicano Joan Tardà en los últimos días, la idea inicial de todo este frente era forjar una alianza allí entre ERC, Comuns y las CUP de cara a las generales para replicarla en el resto de territorios.
La izquierda habría sido primera fuerza en Girona y segunda fuerza en el resto de provincias de esa comunidad, superando o rondando el 30% del voto en todas las provincias. El resultado sería todavía más virtuoso en Euskadi, siempre según la aritmética, excluyendo los factores movilizadores o desmovilizadores de este tipo de unidad rara avis. La unión de Sumar con EH Bildu habría colocado a esa alianza como primera fuerza en las tres circunscripciones y también en Navarra. En Gizpukoa habría superado el 40% del voto.
A expensas de que Rufián y Delgado terminen de perfilar su plan, primero, y de entablar conversaciones con los partidos interpelados después, la pregunta no es ya esa candidatura unitaria sería viable o no, sino si estas sumas de votos que se hacen sobre el papel implicarían una traslación directa a las urnas. Y los especialistas en el sistema electoral español consultados coinciden en que la propuesta del portavoz de ERC no resulta congruente con el mapa político del país.
“En los territorios a los que apela Rufián, que básicamente son las nacionalidades históricas de Catalunya, Euskadi y Galicia, podría resultar hasta contraproducente que solo se presentara una candidatura a la izquierda del PSOE”, alerta Lluís Orriols, doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid.
La razón es mitad aritmética, mitad política. “En Catalunya o Euskadi apenas se moverían uno o dos diputados y no es seguro que fueran para arrebatárselo a la derecha. Podría ser contraproducente en lo matemático porque son circunscripciones grandes que eligen a diputados suficientes como para que quepa más de uno a la izquierda del PSOE. Y en lo político, porque existen ejes de conflicto en el electorado que tienen que ver con lo ideológico y con la sensibilidad nacional de cada territorio”, expone Orriols, que pone como ejemplo a votantes progresistas que no se sientan interpelados por el ideario independentista o soberanista de marcas como ERC o EH Bildu y que podrían pasar a la abstención.
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Mirar hacia atrás es mucho más sencillo y preciso que pronosticar el futuro. Principalmente porque los datos que tenemos dos años después de las elecciones son, por un lado, encuestas, con un margen de error considerable; y por otro, de comicios autonómicos, que dibujan fotos difícilmente trasladables en la mayoría de ocasiones a una partida estatal, como se vio en las diferencias que hubo en las autonómicas y municipales del 28M y lo que ocurrió apenas dos meses después en las generales.
Pero la imagen que aparece en una simulación del plan de Rufián a partir de las encuestas arroja conclusiones parecidas a las del 23J, con la diferencia de que la coyuntura actual dispara a Vox y pone imposible a la izquierda, siempre según esos sondeos, arrebatar la mayoría a la derecha.
Según el modelo empleado, si la izquierda fuese junta en una candidatura plurinacional sumaría 18 escaños más que en un escenario de división. Esas bancas se las quitaría principalmente al PP, que perdería nueve. Aunque también al PSOE, con cuatro menos, y a Vox, que cedería dos. Junts, con dos diputados menos, y PNV, con uno, también saldrían perjudicados con esta fórmula.
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Pero de acuerdo con esta simulación el efecto multiplicador de la izquierda no proviene tanto de las alianzas con la izquierda independentista sino por la reedición de la alianza entre los partidos de Sumar y Podemos. Dicho de otro modo, con Sumar en un 7% de promedio en las encuestas y Podemos en un 4,2%, la división entre ambos es letal para las opciones de la izquierda, especialmente en las provincias medias, menos proporcionales que Madrid o Barcelona, donde es menos importante que solo haya una papeleta en la izquierda.
El problema es que incluso en un escenario de unidad total, con la izquierda plurinacional en un 15,5% y 47 escaños, la suma de PP y Vox es imbatible, siempre según los sondeos. El promedio de encuestas les otorga a ambos un 49,8% de los votos y unos 188 escaños.
En este sentido, Sergio Pascual, antropólogo y primer secretario de organización del Podemos primigenio, sí valora en cambio que el discurso de Rufián puede tocar una tecla que tiene que ver más con el estado de ánimo del electorado que con la propia aritmética. “Es interesante porque pone sobre la mesa un fetiche real y movilizador para la izquierda que es la unidad de los actores políticos progresistas. Y eso es positivo porque puede empujar a los partidos a trabajar por esa unidad por la presión ambiental o, si no, a que el electorado termine por castigar definitivamente a quienes consideren responsables de la ruptura”.
Gran parte del problema para la izquierda reside en la configuración del sistema electoral, que tiene un sesgo bipartidista y conservador, porque sobrerrepresenta a las provincias más pequeñas, en muchas de las cuales solo entran dos o tres partidos, y que son tradicionalmente un caladero de votos de las fuerzas conservadoras. Eso es lo que explica que el 23J el partido que más votos tuvo que no se convirtieron en escaños fuese Sumar: casi 600.000 papeletas que se perdieron en estas provincias medianas y pequeñas.
En el siguiente mapa se puede ver con claridad. En Castilla-La Mancha y en algunas provincias de Andalucía, Sumar quedó en cuarta posición en provincias en las que entran tradicionalmente dos, tres o como mucho cuatro partidos. Vox también perdió muchos votos sin escaños en provincias de Castilla y León en las que a pesar de quedar en tercer lugar no consiguió entrar por la pujanza de PP y PSOE en esos territorios.
En las últimas elecciones, en esos territorios de la España más rural, los porcentajes necesarios para conseguir escaño son muy altos. En Guadalajara, por ejemplo, la barrera ronda el 18%, en Ávila el 19% o en Cáceres, el 16%. Por tanto, la izquierda tiene en estas provincias muy complicado conseguir escaños, incluso en porcentajes de apoyo de 2016, cuando Unidas Podemos obtuvo 71 escaños. Con un Vox en un 18% en las encuestas, empezaría a entrar en ese reparto y por eso la diferencia de tres puntos entre unas elecciones y otras puede implicar que la extrema derecha doble diputados.
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El problema para una izquierda dividida en dos papeletas principales en todo el territorio no son tanto esas provincias pequeñas sino los territorios en los que el umbral es algo más bajo, entre el 8% y el 10%. Provincias como las de la Comunitat Valenciana, Baleares o muchas de Andalucía. Ni siquiera los partidos de Sumar, ahora por debajo del 8% en las encuestas, podrían entrar en territorios como Sevilla, Cádiz o incluso Pontevedra, Zaragoza o Tarragona. Eso explica los diez diputados que obtendrían los partidos de Sumar en un escenario como este y los apenas tres de Podemos, provenientes esencialmente de las circunscripciones más proporcionales como Madrid y Barcelona en las que superar el 3% ya garantiza al menos un diputado en el Congreso.
Por eso, la clave para expertos como Orriols es, en realidad, el elefante en la habitación de la izquierda. “Toda esta historia va de Sumar y Podemos, de que sean capaces de ponerse de acuerdo. Porque en las circunscripciones medianas en las que solo está en liza un diputado a la izquierda del PSOE, si se presentan por separado ponen en riesgo ese escaño para la izquierda en beneficio, probablemente, de Vox”, explica el profesor sobre la falta de entendimiento de las izquierdas estatales que puede impulsar el ascenso electoral de la ultraderecha.
“Es que no tiene sentido que haya dos marcas en esas provincias, porque pueden lastrarse. Podemos y Sumar representan al mismo electorado, ahí no hay ejes identitarios ni de sentimiento nacional, es fundamentalmente un eje económico. Y lo que estamos viendo en las encuestas que, al igual que sus líderes no son capaces de ponerse de acuerdo, sus votantes tampoco. Porque no eligen con claridad a una de las dos marcas y entierran a la otra, es un voto muy repartido que puede acabar con las dos fuera”.
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De hecho, Sumar ya estuvo a punto de quedarse sin algunos diputados en este tipo de circunscripciones. La diferencia fue de pocos votos, por ejemplo, en Tarragona o en Girona. También llegó a peligrar en Bizkaia. En Euskadi, Sumar perdió muchos votos con un porcentaje notable. A punto estuvo de lograr escaño en Álava a pesar de lograr un 12,7% de los apoyos, en la media que obtuvo a nivel estatal. Algo ocurrido le pasó en Navarra, con una exigente barrera por encima del 15%.
Estos umbrales tan altos en algunos territorios explican, además, por qué muchas veces la unidad no basta. Extremadura es uno de los recientes ejemplos que ha demostrado a nivel autonómico el virtuosismo de una candidatura unitaria. Unidas por Extremadura sacó a finales de 2025 un inédito 10%, el mejor resultado de la izquierda alternativa en escaños de la historia. Pero ni repitiendo ese porcentaje habría sacado escaño en las generales porque Vox, con un 17%, se habría llevado los dos últimos diputados del reparto. Ya en 2023 Sumar se quedó sin nada al lograr un 7%. Vox consiguió un asiento al cruzar el 14% en el territorio.
Solo Unidas Podemos logró escaño en Badajoz en 2015 y unos meses después en la repetición de 2016, pero con porcentajes en aquel momento del 11% y el 12% respectivamente en esa provincia.
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Otro ejemplo reciente es el de Aragón, que fue noticia en la izquierda en el sentido contrario al de Extremadura. Lejos de un escenario unitario, el electorado progresista al margen del PSOE tuvo hasta tres papeletas en su mano. Chunta Aragonesista, que logró un buen resultado por encima del 10%, IU-Movimiento Sumar, que rascó a duras penas un diputado, y Podemos, que desapareció.
Si extrapolamos esos resultados a unas generales, el dibujo se simplifica puesto que la izquierda tiene únicamente opciones en Zaragoza: para lograr escaño en Huesca y Teruel hacen falta porcentajes por encima del 18% del voto.
Por lo tanto, en este caso Chunta Aragonesista no tendría muchos alicientes para concurrir en una misma lista electoral si se calcasen los resultados autonómicos en unas generales, algo que la experiencia muestra que no suele ocurrir puesto que el electorado suele optar para las generales por las alternativas estatales. En cualquier caso, la izquierda no pasaría de un escaño en esa comunidad autónoma.
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Pascual también ha echado números, y con los datos de las generales de 2023 en la mano, coincide en que el sistema de unidad planteado por Rufián en algunos territorios carece de utilidad. “He cogido dos de las provincias que mencionó en la charla. En Sevilla en 2023 ya hubo lista unitaria. Es verdad que ahora está Adelante Andalucía con un perfil más autonomista, pero podría ser la menos problemática junto con Málaga porque es una circunscripción grande donde pueden caber varias listas. También mencionó Girona, que supongo que no lo hizo al azar. Porque en Barcelona sacaron mejor resultado los comunes que él en 2023 y porque en Girona a quien le quitarían el escaño es a Junts, no a la extrema derecha española”.
Por eso, la conclusión de Pascual es parecida a la del profesor Orriols. “La clave es que Podemos acepte volver a unirse a lo que ya estaba unido. En los territorios a los que apela Rufián, tú no puedes pedirle a las organizaciones estatales que no presenten su marca a las elecciones, porque además son marcas con una especificidad y un arraigo en esos territorios como el caso de los Comunes en Catalunya. Los Comunes han ganado varias elecciones generales, ¿en base a qué les pides que cedan su sitio y se aparten?”.
Tras el acto de Rufián con Delgado en el que lanzó su propuesta de presentar candidaturas únicas, y ante el desmarque de las organizaciones políticas, el propio portavoz de ERC matizó su idea este viernes y puntualizó que defiende el impulso de unas “confluencias” que no dejen fuera a nadie. En plena construcción de esa confluencia, los dirigentes de Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y Comuns pondrán este sábado las bases de una alianza con el liderazgo aún sin dilucidar y con Podemos, por el momento, al margen de cualquier atisbo de reencuentro.
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La autonomía más rica de España es también la que más maltrata a la Universidad. A la pública, conviene precisar; que a la privada las políticas del PP le sientan fenomenal.
Los datos, por si hubiera alguna duda. Madrid es la comunidad autónoma que menos dinero público invierte por alumno universitario: 6.975 euros frente a una media de 9.346. Es la que cobra tasas más caras: 2.052 euros al año, el doble que las autonomías más baratas (Galicia y Asturias). Es la que tiene más alumnos universitarios en la privada: ya son un tercio del total, el 34%, frente al 23% de la media nacional.
Las cifras absolutas son terribles. Pero cuando se compara con la riqueza de esta autonomía son más sangrantes aún; se entiende que Ayuso tenga como referente la motosierra de Milei. Respecto a su PIB per cápita, Madrid gasta la mitad que las demás. Repito, que es grave, la mitad: un 16% frente al 31% de la media nacional.
Las consecuencias de esta asfixia económica a la vista están. Especialmente en la Universidad Complutense, la más grande de España entre las presenciales; una de las más antiguas y prestigiosas. Más de 500 años de historia, desde que la fundó en 1499 el cardenal Cisneros en la antigua “Complutum” romana, hoy Alcalá de Henares.
En los últimos veinte años, la Universidad Complutense ha perdido el 25% de sus alumnos. No por falta de demanda, las notas de corte son altísimas y cada año miles de estudiantes se quedan fuera. Hay menos alumnos porque no les pueden atender.
Ha habido meses donde el pago de las nóminas en la Complutense ha estado en riesgo. Algunos de los edificios se caen a trozos. La universidad ha tenido que presentarun plan urgente para devolver un préstamo de 33 millones al gobierno de Ayuso, unos recortes que pasan por reducir el número de profesores, precarizar aún más sus salarios e incluso eliminar algunos de los grados y titulaciones. A pesar de los recortes, sigue estando entre las mejores universidades españolas. Pero en cinco siglos, cuesta encontrar otro momento más crítico en la historia de la Complutense. Desde luego no hay otro peor en tiempo de paz.
Esta persecución contra la universidad pública madrileña en beneficio de la privada no empezó anteayer. Viene de lejos. Comenzó con Alberto Ruiz Gallardón y su consejero de Educación, el ultracatólico Gustavo Villapalos: el mismo que entregó a los Legionarios de Cristo una universidad, la Francisco de Vitoria. Esta institución privada empezó en la pública: nació como centro adscrito a la Complutense cuando Villapalos era rector. Fue el mismo Villapalos, como consejero de Educación, quien después autorizó su transformación en universidad privada independiente. Entonces era la segunda en Madrid. Hoy ya son 14 universidades privadas, y hay más en proyecto.
Los grandes tijeretazos a las universidades públicas los aplicó después Esperanza Aguirre, que perdió todo el pudor y forzó los primeros recortes de sueldos y presupuesto en la Complutense. Y la puntilla final, con ensañamiento y a la vista de todos, la está dando Isabel Díaz Ayuso.
El PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida desde hace más de tres décadas, desde julio de 1995. En este tiempo han perdido las elecciones dos veces. La primera derrota la arreglaron con el Tamayazo. De la segunda les salvó Ciudadanos, ese partido que venía a regenerar la política y demostró su verdadera cara rescatando al corrupto PP de Madrid, que en esas fechas veía entrar en la cárcel a sus principales líderes, con la única excepción de Aguirre. Si aplicáramos a este gobierno autonómico un análisis sobre su calidad democrática, como los que pasan los Estados, Madrid no saldría demasiado bien.
Este PP de Madrid, supuestamente liberal, dice defender la “meritocracia”. Al tiempo se ha dedicado a dinamitar la institución más meritocrática que existe, la Universidad pública. Es la llave del ascensor social: la herramienta más potente que tienen las clases trabajadoras para poder prosperar. En el último tercio del siglo XX sin duda fue así. Hoy es un pasaje angosto por el que muy pocos logran trepar. Basta con ver las notas de corte en la pública: hace falta más de un 13 sobre 14 puntos para estudiar Medicina o alguna de las carreras científicas y tecnológicas más demandadas.
Hay otra salida, claro está. Pagar 20.000 euros al año para que tu hijo estudie Medicina en la privada; en ellas la nota de corte está en un 5. Es el modelo fantástico del PP de Madrid: te ahorran 200 euros en el IRPF, te lo cobran multiplicado por cien con el coste privado de la sanidad o la educación.
La causa de esta demolición está a la vista de todos. No ocurre por casualidad. Isabel Díaz Ayuso no oculta su desprecio sectario hacia la universidad pública. Para ella, la Complutense es una institución “colonizada por la izquierda” donde “se dan los títulos como churros”, un “entramado de chiringuitos de familiares y de negocios”. No es un diagnóstico: es su coartada para seguir recortando.
Argumenta en su artículo Aurelio Medel que es un error culpar del deterioro de la universidad a ese clan de ‘los Pocholos’ que, en los últimos tres años, han dirigido la Consejería de Educación. Tiene razón: esto viene de mucho más atrás. Pero sí es sintomático en quién confió esta tarea: en qué manos dejó Isabel Díaz Ayuso la gestión de un presupuesto de 7.000 millones de euros anuales.
Ese auge y caída de ‘los Pocholos’ lo cuenta con mucho detalleJosé Precedo, en este otro artículo que publicamos hoy; es un novelón. Ayuso conoció al líder de ese grupo, Antonio Castillo Algarra, casi de casualidad. Cuando aún no era la presidenta de Madrid. Desde entonces, y ha pasado casi una década, este ‘Rasputín’ –como le llaman en el propio PP de Madrid– ejerció desde las sombras una enorme influencia y poder. No cualquiera puede colocar a tres diputados en las listas del PP de Madrid, ni nombrar al consejero de Educación, ni a cuatro directores generales. Todos ellos, gente de su absoluta confianza y lealtad, hasta el punto de que la gran mayoría dimitieron en una misma mañana, tras una escueta llamada telefónica en la que ‘Rasputín’ solo les dijo una frase: “Ya sabes lo que tienes que hacer”.
Lo ocurrido con estos Pocholos y su estrambótico gurú no es la causa del deterioro de la universidad. Pero sí demuestra la frivolidad de una Isabel Díaz Ayuso a la que solo le interesa el poder y no la aburrida gestión. También el sectarismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cautivada intelectualmente por un iluminado ultraconservador cuyas ideas y artículos son como la letra de“El imperio contraataca”, de Los Nikis, pero con extra de petulancia y cero sentido del humor.
Mientras tanto, esa universidad fundada por Cisneros hace más de medio milenio agoniza. No es culpa de una fatalidad, ni del pérfido sanchismo, ni de la inteligencia artificial. Es una fría y meditada decisión política.
Rasputín y sus discípulos, apodados 'los Pocholos', manejaron la Consejería de Educación y también una fundación pública que recibió seis millones del Gobierno autonómico durante casi tres años, hasta que resultaron vencidos en las luchas de poder del PP madrileño
El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'
Los elementos folclóricos de la trama pueden despistar. Un dramaturgo amateur con tesis supremacistas y nostalgia del imperio español convertido en gurú de la presidenta de Madrid. Sus jóvenes pupilos, que gracias a su influencia, pasan de tocar el sacabuche o bailar en sus espectáculos a ser directores generales en la Comunidad de Madrid con sueldos de 100.000 euros. El apodo de 'los Pocholos' con el que alguien en el PP bautizó al grupo de Antonio Castillo Algarra, también conocido como Rasputín, uno de los asesores más poderosos durante años en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Pero la pregunta qué subyace a la mayor crisis del PP madrileño desde la caída de Cristina Cifuentes por su máster falso es en manos de quién han estado durante este mandato la Consejería de Educación, las universidades madrileñas y un presupuesto de 7.000 millones de euros cada año en Madrid. La respuesta corta es Emilio Viciana, un desconocido en el PP regional y también para la comunidad educativa, al que Ayuso hizo consejero en 2023 por recomendación de un asesor en la sombra y cuya carrera ha acabado de manera abrupta este lunes, destituido de forma fulminante sin ninguna explicación oficial.
Detalles pintorescos al margen, la principal consecuencia de su gestión es que la ley de universidades, uno de los proyectos estrella de la Comunidad de Madrid y que supuestamente se había estado elaborando en los últimos dos años, está muerta. Lo certificó el propio portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, este miércoles: “Tal y como está no va a salir”. Dos años perdidos en un contexto imposible para las seis universidades públicas de Madrid, a las que Ayuso -de eso no puede tener la culpa Viciana- ha asfixiado económicamente y en medio del avance de los centros privados que la propia presidenta se ha encargado de apadrinar.
El descontrol de la ley de universidades fue el último clavo en el ataúd de Viciana, pero las guerras de poder en el equipo de Ayuso habían empezado meses atrás. Enrique Ossorio, antecesor de Viciana en la consejería y hoy presidente de la Asamblea de Madrid, y la actual responsable de Hacienda, Rocío Albert, alto cargo con Ossorio en el anterior gobierno, nunca perdonaron al consejero que llevase a la fiscalía la denuncia que le hizo llegar un constructor sobre corrupción en la construcción de centros de Formación Profesional. Una nueva trama en el entorno de Ayuso que destapó elDiario.es.
Ossorio y Albert, temían entonces y también ahora que el sumario -con varios imputados y evidencias del fraccionamiento de facturas y el amaño de contratos- les acabe salpicando. Ambos dirigentes están aforados y solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras la causa sigue escalando en el juzgado y las pruebas recopiladas apuntan a que semejante red de corrupción no pudieron urdirla a solas unos cuantos directores de instituto ni cargos intermedios como los que de momento están imputados.
Con una parte del núcleo duro de Ayuso enfrentado a Viciana por razones poco confesables y la ley estrella del Gobierno a medio hacer cuando ya ha transcurrido la mitad del mandato, la caída del consejero, el primero que destituye Ayuso en siete años, se precipitó este lunes. La cadena de dimisiones que sucedió a su cese evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional. Dos directores generales se fueron a las pocas horas: precisamente el responsable de Universidades, Nicolas Javier Casas y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Lera. El primero tocaba el trombón en la compañía de teatro de Castillo Algarra, el Rasputín de Ayuso, la segunda era la recepcionista de su academia de opositores, según adelantó El País.
El diputado que anunció el carrusel de dimisiones este martes en la Comisión de Educación de la Asamblea, Pablo Posse, ingeniero aeronáutico de formación, había hecho de regidor y microfonista en una obra de teatro de Algarra. Su compañera de escaño y de renuncia, Mónica Lavín, había sido actriz en la compañía y profesora en la academia. La tercera diputada que entregó el acta, Carlota Pasarón, pertenece también a ese mismo grupo.
Del clan de 'los Pocholos' también formaba parte la directora general de Juventud de la Comunidad, Laura Castilla, y el responsable de Enseñanzas Artísticas en la Consejería de Educación, Miguel Olive, que también fue bailarín en la compañía de Algarra. Estos dos no han dimitido de momento, pero en el Gobierno de Ayuso la mayoría los dan por amortizados.
Tras la reunión semanal del gabinete este miércoles, el portavoz Miguel Ángel García Martín, que intentó sin mucho éxito revestir la crisis de normalidad, no descartó nuevos ceses y pidió esperar a que la nueva responsable de Educación, Mercedes Zarzalejo, aterrizase en el puesto y conociese el equipo.
Así que de momento, lo que se sabe es que Castillo Algarra, alias Rasputín, había colocado en el Gobierno al consejero de Educación, a cuatro directores generales, además de tres diputados en el grupo parlamentario del PP y de garantizarse él mismo un asiento en el patronato del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, un organismo que Ayuso había creado a su medida y que ha recibido seis millones de euros de ayudas públicas en sus primeros tres años de vida.
Algarra renunció esta misma semana a su puesto y su despacho en la sede de los Teatros del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí. Según su versión, dimitió el lunes, aunque el cese se conoció este miércoles. Varias fuentes confirman a elDiario.es que desde que supo de la destitución de Viciana, Algarra fue llamando uno a uno a todos sus discípulos, en el Gobierno y en el grupo parlamentario. “Tú verás lo que haces”, le dijo escuetamente a alguno de ellos, antes de colgar el teléfono. Mensajes parecidos recibieron los demás. El resultado es que cinco jóvenes sin apenas experiencia en política que habían visto lanzadas sus carreras en el PP madrileño con sueldos de entre 70.000 y 100.000 euros han dimitido obedeciendo las instrucciones de su mentor. Otros dos de momento intentan salvarse. Y en el partido cunde la sensación de que ese grupo bautizado con cierta inquina como 'los Pocholos' opera como una secta.
Una secta que acumuló mucho poder. Y un poder que le había dado Ayuso. Cómo si no, iban a acaparar puestos en el Gobierno y en el grupo parlamentario que la lideresa maneja con mano de hierro. La relación entre Rasputín y la presidenta empezó a fraguarse en la etapa en que todavía era candidata. En 2019 ya tienen alguna foto juntos. La dirigente acababa de recibir el encargo de Pablo Casado de ser cabeza de cartel en Madrid. Algarra empezó a asesorarla, le impartió lecciones de historia remasterizada por él que luego constituirían el corpus ideológico de su gobierno: la idea de la Hispanidad, que la Comunidad celebra la semana del 12 de octubre con inversiones millonarias, las diferencias entre la inmigración latinoamericana que es incluso recomendable y la de África, que no debe ser bienvenida, la preponderancia del castellano...
Algarra se ganó su confianza mientras echaba pestes contra algunas de las políticas de su antecesora, Cristina Cifuentes, especialmente por la ley trans y su programación cultural en los teatros. Revoloteó durante los primeros años de gobierno y se hizo imprescindible tras la mayoría absoluta de 2023. Cuentan algunas fuentes que compitió en influencia con Miguel Ángel Rodríguez y acabó perdiendo. Otros dirigentes aseguran que MAR siempre mandó más, pero que Algarra se hizo fuerte en áreas que al jefe de gabinete no le interesaban tanto: la educación y la cultura.
Rasputín, como se le conoce en el sector de la educación, ejercía en la sombra, sin despacho en el Gobierno ni cargos públicos, colocando a sus peones. Pese a ello logró armar una Consejería de Educación a su medida, con discípulos de su academia y colaboradores del teatro: jóvenes de familias bien, algunos muy formados académicamente, de ideología ultraconservadora pero sin experiencia política. A cambio de la lealtad, recibían puestos de privilegio, diputados con portavocía de área en la Asamblea General o directores generales con salarios que rondan los 100.000 euros.
Ese grupo de jóvenes, muy ideologizado, como demuestran algunas de sus intervenciones en la Asamblea de Madrid, no se limitaron a cobrar y a esperar su momento, querían mandar. Dirigentes que estuvieron sentados en reuniones con el consejero de Educación se quedaron estupefactos cuando vieron a uno de los diputados, Pablo Posse, el portavoz de área en la Asamblea, hablando en nombre de la consejería e interrumpiendo las explicaciones del propio Viciana.
El ascenso de 'los Pocholos' causó perplejidad en un sector del PP madrileño y la ascendencia de Rasputín incomodó a parte del Gobierno. Corrían anécdotas de cómo obligaba a algún viceconsejero de educación a ir a despachar con él a los Teatros del Canal de Isabel II, donde se había instalado, como codirector del Ballet Español, un capítulo al que llegaremos luego. En la consejería no se movía un papel sin que él lo tuviese controlado.
Se sabía, por ejemplo, que Rasputín estaba en contra del proyecto de educación bilingüe instaurado en la época de Esperanza Aguirre, pero no por las razones que invocaban los docentes, sino por su defensa del español y de las glorias pasadas del imperio.
Toda esa influencia empezó a mermar a raíz de un viaje de la presidenta a Florida con los rectores. Transmitieron a Ayuso que, diferencias ideológicas y financiación al margen, la ley estaba manga por hombro, que contenía errores graves y que parecía hecha por alguien sin relación con el mundo universitario. A la vuelta de vacaciones, la presidenta intervino de facto la consejería de Viciana. Colocó de viceconsejera a Mercedes Zarzalejo, una persona de su máxima confianza, que había sido alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, un pequeño pueblo de la región, y se había hecho famosa ya en la Asamblea de Madrid por un duro interrogatorio, repleto de bulos, a la esposa del presidente, Pedro Sánchez.
El portavoz del Gobierno, García Martín, intentó vender los cambios como un relevo normal en mitad de la legislatura. Para entonces, él mismo empezó a participar en algunas reuniones con los rectores, Zarzalejo y el propio Viciana. Fue cuando Ayuso constató que lo que decían los rectores era cierto y la ley no iba a salir. El consejero estuvo a punto de caer, según distintas fuentes, antes de navidad, pero la huelga masiva en las universidades madrileñas, le dio, paradójicamente, una bola extra: Ayuso no quería entregar su cabeza a los sindicatos.
Según fuentes que conocen cómo se fraguó el cese, la presidenta trasladó hace dos semanas a Viciana que su ley no iba a salir, y le pidió centrarse en un plan de financiación con el que salvar la cara mientras se multiplicaban las noticias sobre la asfixia de la universidad pública en Madrid. El contexto era adverso y el Gobierno tenía que responder en cada rueda de prensa sobre ello: a la Complutense le concedió la Comunidad de Madrid un crédito de 34 millones que deberá devolver con intereses y que le obligará a redoblar los recortes. Otros centros corren el riesgo de seguir el mismo camino.
Según las mismas fuentes, Viciana no se lo tomó bien. Y Algarra en su despacho de los Teatros del Canal todavía se lo tomó peor. Para pasmo de la presidenta Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el pasado 6 de febrero, un viernes, a las cinco de la tarde, el anteproyecto de ley de universidades de Viciana apareció colgado en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Duró menos de una hora. Hasta que el gabinete de Ayuso exigió retirarlo sin avisar a Viciana. El pulso total había estallado. Viciana tardó poco más de una semana en caer. Este lunes 16 de febrero a media tarde fue destituido.
En su perfil de la red social X, Algarra, que no da entrevistas ni hace declaraciones pero comenta todas las noticias que se publican sobre él, intentó hacer ver que se trataba de una dimisión y que Viciana se había ido con la cabeza alta, “por coherencia”. En la Puerta del Sol el portavoz del Gobierno de Ayuso se limitó a citar el cese publicado en el BOE cuando los periodistas le preguntaron por la versión de Algarra. La presidenta lo más que ha dicho es que se ha ido “un funcionario honrado” mientras la oposición clamaba contra su gestión en la Asamblea de Madrid.
El martes se sucedieron las dimisiones en el Gobierno y el grupo parlamentario. En los casi tres años de gestión de 'los Pocholos' las polémicas se han multiplicado: desde las multas de hasta 100.000 euros por protestas a los campus que pretendían introducir en la ley hasta el mandato para que las universidades captasen un 30% del presupuesto de las empresas privadas. No está claro que todas las ideas fuesen suyas, hay quien ve la mano de Ayuso sobre ciertos artículos de la norma.
El encargo de la presidenta a la recién nombrada consejera, Mercedes Zarzalejo, otra soldado de Ayuso, es lograr un plan de financiación plurianual para presentar a las seis universidades públicas que están al borde del colapso. Para la famosa ley no hay fecha. Nadie se atreve a garantizar que vaya a estar lista antes de las autonómicas de 2027. Y está por ver si el cambio de caras implica un cambio de política en la educación madrileña en una región donde todo lo decide la presidenta madrileña. Miembros del Gobierno que conocen el conflicto aseguran que el error de Viciana fue desafiarla y ven la sombra de Miguel Ángel Rodríguez en la destitución. Pero el presupuesto y las líneas maestras las imponía Ayuso. Y está el caso de corrupción de la FP en el que no se puede culpar a Viciana, porque ahí el ya exconsejero ejerció de denunciante.
El fin de la era de 'los Pocholos' se notará también en la Consejería de Cultura y en la programación teatral. La Comunidad llegó a programar varias obras de la compañía de Rasputín, de ahí salen las fotos en las que caracterizado como un dios en su adaptación de la obra de Calderón El gran teatro del mundo. En total fueron 106.000 euros. Algarra, que no responde a las preguntas de los periodistas pero comenta todo en sus redes sociales, asegura que perdió dinero representando obras para la Comunidad de Madrid.
Luego está el asunto de la fundación creada a su medida para poner en marcha el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. España ya tenía un ballet nacional que depende del Instituto Nacional de Artes Escénicas, pero Rasputín convenció a Ayuso de que su Gobierno debía impulsar el suyo. Más guerra cultural. El primer espectáculo se estrenó, cómo no, el 12 de octubre de 2024: un programa doble compuesto por La Suite Española, de Albéniz y Epifanía de lo Flamenco. Su director artístico, Jesús Carmona, dimitió al poco tiempo sin dar muchas explicaciones.
Castillo Algarra se quedó al frente. Forma parte de la junta directiva de la fundación y también del patronato, donde colocó a otros miembros de 'los Pocholos', como el dimitido Viciana, el todavía director general de Enseñanzas Artísticas, Miguel Olite, y el consejero de Cultura, Mariano de Paco, que ha ido multiplicando las subvenciones al organismo. En el primer año fueron 1,3 millones, el segundo, 2,3 millones y para este ejercicio se han presupuestado, 2,5 millones.
El Rasputín de Ayuso dimitió de todo esta semana y movió sus piezas para provocar una crisis en el Gobierno y el grupo parlamentario de la misma presidenta y amiga que lo convirtió en gurú. En la Comunidad sobreviven aún dos discípulos suyos, los únicos que han decidido desobedecerle. Dicen las malas lenguas, y esta semana hay muchas en el PP de Madrid, que por poco tiempo.
González Amador se desdice de sus confesiones de culpa ante la Agencia Tributaria en 2023, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en 2024, para defender su absolución en el juicio donde le piden casi cuatro años de prisión
La pareja de Ayuso alega una "actuación delictiva" del fiscal general para librarse de la condena por fraude fiscal
El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores de Hacienda en octubre de 2023 cuando descubrieron múltiples engaños en sus declaraciones tributarias, intentó devolver lo defraudado cuando ya no podía, y acordó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en junio de 2024 un relato de hechos donde admitía dos delitos a cambio de ver rebajada la petición de cárcel a sólo ocho meses.
Entre la admisión de su culpa y la defensa de su inocencia ha pasado más de un año y un juicio en el Supremo donde cinco de los siete magistrados del Tribunal condenaron sin pruebas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador. El fiscal general del Estado difundió una nota en la que informaba que el comisionista había propuesto un acuerdo de conformidad en el que admitía los delitos cometidos. De esa manera, el fiscal general desmentía el bulo lanzado por el entorno del novio de Ayuso y publicado por determinados medios de comunicación para denunciar en falso una cacería política de los poderes del Estado contra González Amador.
La defensa del novio de Ayuso dedica la mitad del escrito presentado el jueves en el juzgado a detallar la sentencia del Supremo que inhabilita al fiscal general del Estado por revelar el dato reservado de la confesión de culpa del empresario. Los abogados plantean esta circunstancia para denunciar que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de su cliente ante el juicio que tiene pendiente por dos delitos fiscales.
El Tribunal Supremo dedicó dos páginas de su sentencia a argumentar por qué la condena al fiscal general no podía utilizarse para pedir la anulación del juicio a González Amador por el doble fraude: “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, señala el fallo.
El origen de la causa penal abierta a González Amador es la declaración defraudatoria que presentó ante Hacienda en mayo de 2021, cuando ya mantenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La declaración del Impuesto de Sociedades de Maswell Cremona, la empresa propiedad de González Amador, incluyó unos gastos de 620.000 euros en 2020 por el pago de una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE. El contrato de colaboración con MKE que González Amador aportó a Hacienda establecía que eran necesarios nuevos contratos para abonar comisiones por cada negocio logrado en México. Pero nunca hubo nuevos contratos, ni tampoco negocios por los que pagar comisiones. Cuando la Inspección pidió explicaciones sobre esa factura, González Amador decidió anularla. Entonces, la Agencia Tributaria concluyó: “Se hizo para eludir parte de la tributación”.
El empresario había logrado como comisionista en 2020 el negocio de su vida en los peores meses de la pandemia. Ganó casi dos millones de euros como consecuencia de intermediar en una compraventa de mascarillas por la que facturó el 4,5% del monto de la operación. González Amador puso en contacto a una empresa gallega, MAPE, con la firma catalana FCS, que adquiría el material en China. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, la firma a la que facturaba sus servicios González Amador antes del pelotazo de las mascarillas, era a su vez consejero de MAPE, la sociedad que adquirió el material a FCS en una operación que enriqueció al novio de Ayuso.
Cuando González Amador ya sabía que Hacienda le había abierto una inspección por las facturas falsas de MKE, presentó la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente y perpetró un engaño parecido. En este caso, presentó una factura por 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma de Costa de Marfil que supuestamente había intermediado para conseguir que el novio de Ayuso vendiera vacunas al Gobierno de aquel país. González Amador nunca hizo ese pago a favor de Gayani; el Gobierno de Costa de Marfil nunca aceptó comprarle vacunas. Pero el novio de Ayuso se desgravó ese gasto inexistente, y otros menores de varias empresas andaluzas que también resultaron falsos. Todo para ahorrarse 155.000 euros y 195.000 euros en las declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 respectivamente.
Hacienda acreditó estos engaños tras una inspección exhaustiva que duró casi dos años: “Esta reiteración de situaciones similares acontecidas en 2020 y 2021 lleva a la Inspección a considerar que no nos encontramos ante meros errores de registros contables y deducciones fiscales de facturas recibidas de gran importe en los ejercicios en los que la mercantil incrementa de forma significativa su facturación. Sino que este actuar puede responder a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación, eludida mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas relativas a servicios no acometidos, no relacionados con la actividad y no pagados que se han deducido indebidamente y justificado como errores corregidos en ejercicios fiscales en curso y en el momento en el que la Inspección requiere su acreditación, conseguidos mediante la utilización de facturas que se acreditan falsas o falseadas”.
Cuando González Amador se dio cuenta de que Hacienda descubrió sus reiterados fraudes, intentó evitar el juicio por los dos delitos fiscales devolviendo las cantidades que había defraudado a través de la declaración del Impuesto de Sociedades que presentó en 2023. Pero ya era tarde porque la Ley establece con detalle que ningún contribuyente puede regularizar su situación una vez que tiene abierta una inspección fiscal.
Octubre 2023. González Amador, ante Hacienda: “No intenté cometer un fraude delictivo, cuando entendí la gravedad de los hechos ingresé esas cantidades en Hacienda”
Los inspectores fiscales que analizaron las declaraciones de González Amador concluyeron que “con la finalidad de eludir el incremento del pago de impuestos por su empresa decidió deducir fiscalmente gastos que no respondían a prestaciones reales”, para lo que el novio de Ayuso había utilizado “facturas falsas y falseadas emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.
González Amador respondió a través de sus abogados: “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”.
Junio 2024. Ante la Fiscalía y Abogacía del Estado: “Declaré gastos en los que no incurrí para reducir el beneficio sujeto a tributación”
El novio de Ayuso pactó un escrito de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la víspera de su declaración ante el juez, prevista para el 24 de junio de 2024. En ese texto, González Amador asumía que debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios que había experimentado en los ejercicios 2020 y 2021, había hecho constar en sus declaraciones “gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación”. Además, reconocía que “había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”.
Ese acuerdo nunca se llegó a aplicar porque el juzgado decidió abrir una nueva investigación por corrupción en los negocios tras la reclamación que hicieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. González Amador compró por 500.000 euros una empresa sin apenas valor a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Esa operación, según las acusaciones populares, podría camuflar el pago de una comisión ilegal a Camino por haber facilitado al novio de Ayuso el negocio de dos millones de euros por la intermediación en la venta de mascarillas.
Febrero 2026. Ante el juez: “La deducción anticipada de un gasto real no merece reproche penal”
La mitad del escrito de defensa presentado por González Amador, procesado por un doble delito fiscal, defiende que no merece reproche penal el hecho de que el empresario comisionista incluyera en sus declaraciones gastos previstos pero que finalmente no tuvo pero que sirvieron para desgravárselos y pagar menos impuestos: “La Agencia Tributaria no considera que en estos casos de incorrecta contabilización temporal, el ingreso anticipado o la deducción anticipada de un gasto real merezca ningún reproche penal, como revelan las regularizaciones en vía administrativa de la activación de los gastos anticipadamente deducidos por BAYESIAN y por APA, lo que nos conduce a qué tratamiento tributario prevé el ordenamiento jurídico para estos supuestos. Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”.
Para apuntalar su defensa, González Amador contrató los servicios de un perito, ex inspector de Hacienda, cuyos cálculos sitúan el fraude cometido por debajo de los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que descarta el delito. Y concluye: “Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal”.
Posdata:Los abogados de Alberto González Amador señalan en la cuestión previa del escrito de defensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló “a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado D. Alberto González Amador y, específicamente, del email de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa señalaba que ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”. Los periodistas de El País declararon en el juicio del Supremo que la información sobre el ofrecimiento de una conformidad por parte de González a cambio del pago de una multa y del reconocimiento de los delitos fue facilitada por personal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin relación alguna con el fiscal general del Estado. Sobre esa circunstancia aportaron pruebas durante el procedimiento que acreditaban que El País conoció esa información mucho antes de que García Ortiz comenzara a recabarla. La sentencia no desmintió estos hechos.
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