Después de tres meses y medio de audiencias, los 51 hombres juzgados han sido declarados culpables por el tribunal penal de Aviñón en el mayor juicio por violación de la historia judicial francesa por las agresiones sexuales sufridas por Gisèle Pelicot durante una década
Hemeroteca - Los 51 violadores de Gisèle Pelicot no son monstruos: por qué la conmoción puede ocultar lo más importante
Después tres meses y medio de vistas, los 51 hombres juzgados en el mayor proceso por violación mediante sumisión química de la historia judicial francesa han conocido este jueves el veredicto de los cinco jueces del tribunal penal de Aviñón por las violaciones a Gisèle Pelicot durante una década. Todos han sido declarados culpables.
Dominique Pelicot, de 73 años, ha sido declarado culpable de violación agravada, individual y en reunión mediante la administración de sustancias químicas a su exesposa, Gisèle Pelicot. Por esto le aplican la pena máxima posible en Francia, 20 años de cárcel.
En sus alegatos finales, pronunciados la semana pasada, la fiscalía había solicitado la máxima pena. Lo consideraba “organizador” de las violaciones cometidas sobre su esposa, a la que había drogado durante al menos una década con el objetivo de agredirla él mismo y entregarla a decenas de hombres con los que había contactado en Internet. Para los demás acusados, las penas han sido en general menores de lo que había pedido la fiscalía.
Las penas requeridas oscilaban entre 10 y 18 años de prisión para los 49 procesados por violación con agravantes (uno de ellos está en paradero desconocido) y una pena de cuatro años para el último, al que se imputaba “tocamientos” y no violación. En este caso (Saifedine G.) el tribunal no lo ha declarado culpable de violación, sino de agresión sexual.
La circunstancia agravante de violación o tentativa de violación en grupo se ha aplicado a la mayoría de acusados. No ocurre lo mismo con la otra circunstancia agravante, la de “administración de sustancia”, lo que significa que el tribunal considera que no todos los acusados eran conscientes del estado de sumisión química de Gisèle Pelicot, según los jueces.
Entre los 49 acusados por violación, Jean-Pierre M. fue juzgado por violar a su propia esposa –también mediante sumisión química– en compañía de Dominique Pelicot.
Intención y consciencia
A lo largo de la semana pasada todos los abogados de la defensa habían criticado los requerimientos de los fiscales, que consideraron “excesivos”, “salvajes” o “delirantes”. Y señalaron que en su mayoría eran superiores a la media en condenas por violación en Francia, que en 2022 fue de 11 años, según datos del Ministerio de Justicia.
Los abogados de una treintena de los acusados habían ido más allá y pedido la absolución completa, argumentando que sus clientes habían sido “manipulados” por Dominique Pelicot y “no tenían intención” de violar a su entonces esposa. “Reconozco los hechos, pero no la intención”, fue la fórmula repetida por muchos de los acusados.
Durante los alegatos finales los fiscales subrayaron que esa supuesta ausencia de intencionalidad, no les eximía de responsabilidad. Ni siquiera para aquellos –la inmensa mayoría– que afirmaban no haber sido informados de antemano de que encontrarían a Gisèle Pelicot bajo los efectos de un sedante.
La sentencia pone fin al juicio abierto el pasado 2 de septiembre, que incluyó una larga etapa de casi dos meses de interrogatorios, descripciones gráficas y de visionado de los vídeos de las violaciones grabados por Dominique Pelicot. Para la defensa, esos vídeos, que han constituido la base de la acusación, no eran prueba suficiente, ya que se prestaban a interpretaciones.
La manipulación acaba en la puerta del dormitorio
Fiscalía
Si la fiscalía había admitido que las escasas conversaciones disponibles entre ellos y Dominique Pelicot planteaban dudas sobre lo que los acusados sabían antes de acudir al domicilio familiar, los vídeos despejaban cualquier incógnita sobre lo que encontraron en el dormitorio de los Pelicot. “La premeditación es imputable a Dominique Pelicot; para los demás, hay que situarse en el momento del acto”, resumió uno de los fiscales. “La manipulación acaba en la puerta del dormitorio”.
En esos dos meses, la práctica totalidad de los acusados pidió perdón a la víctima –presente en casi todas las audiencias– a pesar de que muchos siguieron negando los hechos. “Es violación, pero yo no la violé”, afirmaron varios de los acusados después de verse en los vídeos. “Es mi cuerpo pero no mi cerebro”, llegó a afirmar uno de ellos.
“Soy un violador”
Por otro lado, la defensa también hizo hincapié en situar a Dominique Pelicot, en el centro de los debates. Principal acusado y a la vez principal acusador, su papel y el de su abogada ha sido el de desmontar las alegaciones de la defensa. “Soy un violador, como todos los que están en esta sala”, proclamó Dominique Pelicot durante su primer interrogatorio, el 17 de septiembre.
Varios de los abogados defensores han criticado el hecho de que la acusación hubiera dado demasiada credibilidad a las afirmaciones de Dominique Pelicot, señalando declaraciones contradictorias tanto durante la investigación policial como durante el juicio. Inicialmente reconoció que “una quincena” de hombres que habían venido a abusar de su mujer, antes de implicar a muchos más, incluidos dos que la investigación policial demostró que nunca habían estado en Mazan.
Desde el 2 de septiembre, no me he arrepentido de mi elección. Al contrario. Es así como debía desarrollarse el juicio
Gisèle Pelicot
Dominique Pelicot es, además del organizador y coautor de las agresiones en reunión junto a los otros acusados, el autor, en solitario, de varios centenares de violaciones sobre su esposa. También fue sorprendido filmando bajo la falda a mujeres en lugares públicos, fotografió a su hija y a sus nueras desnudas y compartió las imágenes en Internet. Su hija afirmó en el estrado creer que también había sido víctima de agresiones mediante sumisión química cometidas por su padre, algo que él niega.
Hoy Dominique Pelicot está siendo investigado por la violación y posterior asesinato de una agente inmobiliaria en 1991, utilizando éter y una cuerda, y por el intento de violación de otra mujer en 1999. Pelicot ha negado el primero. Inicialmente había negado también el segundo, antes de que la policía le mostrara los resultados de la prueba de ADN.
Atención internacional
El caso ha puesto la cultura de la violación, la cuestión del consentimiento y la sumisión química en el centro de los debates, en Francia y en todo el mundo. La inmensa mayoría de las audiencias han sido públicas, fundamentalmente gracias a la víctima que, a través de sus abogados, doblegó la resistencia de la defensa y convenció al presidente del tribunal, Roger Arata, también reticente.
Tengo nietos y no quiero que se avergüencen de usar ese apellido. Quiero que estén orgullosos de su abuela. A partir de hoy se recordará a la señora Pelicot y cada vez menos al señor Pelicot
Gisèle Pelicot
De las docenas de hombres a los que su marido invitó a su dormitorio para violarla, Gisèle Pelicot no conocía las caras, salvo la de un antiguo vecino, ni recordaba los actos que le infligieron. Había descubierto algunos durante la investigación, al ver los vídeos hallados por la policía en el ordenador de su ya exmarido. “Desde el 2 de septiembre, no me he arrepentido de mi elección. Al contrario”, declaró el 23 de octubre, a propósito de las audiencias públicas. “Es así como debía desarrollarse el juicio”, repitió el martes pasado.
En Francia varios medios de comunicación decidieron llamarlo desde el principio “el caso de las violaciones de Mazan”, por la localidad en la que tuvieron lugar los hechos. Para el resto, y para la mayoría de la prensa internacional, es el caso Pelicot, apellido que comparten la víctima y el principal acusado.
Cuando un abogado le preguntó las razones por las que lo seguía usando públicamente (legalmente ha recuperado su apellido original), Gisèle Pelicot respondió: “Tengo nietos y no quiero que se avergüencen de usar ese apellido. Quiero que estén orgullosos de su abuela. A partir de hoy se recordará a la señora Pelicot y cada vez menos al señor Pelicot”.
Las negociaciones se han reanudado este mes, con la mediación de Qatar y Estados Unidos, con la esperanza de poder lograr un alto el fuego para el 20 de enero, día en el que Donald Trump volverá a tomar el mando en Washington
45.000 muertos después, el Congreso de EEUU quiere prohibir al Pentágono mencionar la cifra de fallecidos en Gaza
Todos los ojos y los focos están puestos en Siria desde que el 8 de diciembre el régimen de Bashar Al Asad colapsó, dejando paso a una incierta transición política liderada por una amalgama de grupos armados liderados por el islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), nacido a partir del que fue el brazo de Al Qaeda en este país.
Mientras, la guerra en Gaza continúa, como un ruido de fondo al que nos hemos acostumbrado y, a medida que pasan las semanas y los meses (más de 14 meses ya, en los que han fallecido más de 45.000 palestinos), se escuchan menos llamamientos a favor de un alto el fuego y se hacen menos esfuerzos y presiones para lograrlo a nivel internacional.
La semana pasada, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó con una abrumadora mayoría –solo votaron en contra nueve países– una resolución que exigía “un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, así como la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes”, pero la petición cayó una vez más en saco roto.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajó de nuevo a Oriente Medio el pasado fin de semana, pero los desarrollos en Siria eclipsaron las conversaciones sobre Gaza, más allá de las declaraciones oficiales. Además, la Administración que Blinken representa dejará en un mes la Casa Blanca y la ocupará el presidente electo Donald Trump, con su promesa de poner fin a las guerras, incluida la de Gaza.
La inminente llegada de Trump
Trump ha encargado a su equipo que logre un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás antes de su toma de posesión el 20 de enero –de lo contrario, ha amenazado con serias repercusiones en Oriente Medio y para aquellos que “han perpetrado estas atrocidades contra la humanidad”– , aunque a día de hoy parece poco probable que eso ocurra. El enviado especial para Oriente Medio del presidente electo, Steve Witkoff, viajó a Israel y Qatar a finales de noviembre para entablar contactos con las dos partes: Israel como parte beligerante y Qatar como mediador y facilitador de los contactos indirectos con el grupo islamista Hamás.
El director de la CIA, William Burns, se encuentra este jueves en Doha para reunirse con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, según ha confirmado a elDiario.es una fuente con conocimiento de las conversaciones. A principios de la semana, el equipo negociador israelí estuvo en Doha para hablar también con los mediadores qataríes, de acuerdo con esa misma fuente.
Qatar retomó los contactos con las partes este diciembre, después de que suspendiera su mediación a mediados de noviembre por la falta de “seriedad” de Israel y de Hamás. Incluso se rumoreó que las autoridades qataríes habían pedido a los islamistas que se marcharan de Doha, pero la oficina de Hamás en esta capital no ha sido clausurada y sus representantes se encuentran en el país.
Hamás tiene más prisa que nunca por alcanzar un acuerdo antes del regreso de Trump al poder, consciente de que el mandatario no será benevolente y ya ha mostrado de forma inequívoca su apoyo a Israel con el nombramiento de varios cargos de su administración marcadamente proisraelíes y sionistas. Por otra parte, se cree que el nuevo presidente podría ejercer más presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que acepte un acuerdo, pero no unas condiciones impuestas por Hamás o que sean consideradas mínimamente favorables al movimiento islamista.
Actualmente, las partes están negociando sobre un acuerdo basado en la propuesta del pasado mes de mayo del presidente Joe Biden, que establecía varias fases. En la primera, de seis semanas de duración, habría un “alto el fuego total y completo”, acompañado de la “retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza”, según detalló en aquel momento Washington. Hamás liberaría a las “mujeres, personas mayores y heridos” que permanecen cautivos en Gaza, a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos. Uno de los obstáculos es precisamente acordar una lista de palestinos que Israel esté dispuesto a poner en libertad y una lista de los rehenes, ya que no todos están en manos de Hamás sino de otros grupos palestinos y, a día de hoy, no hay certeza de cuántos siguen con vida.
En una segunda fase, serían liberados todos los rehenes, incluidos los soldados israelíes, a cambio de otros presos palestinos; la tregua pasaría a ser un cese permanente de las hostilidades e Israel tendría que retirarse de todo el enclave costero, algo que el Gobierno de Netanyahu ha dejado claro –con declaraciones y con hechos– que no está dispuesto a hacer.
Según fuentes citadas por el periódico israelíJerusalem Post,Hamás ha pedido garantías respecto al alto el fuego porque teme que, cuando Trump tome posesión, Netanyahu obtenga su visto bueno para reanudar la ofensiva en Gaza, al final de la primera fase de seis semanas. Dos fuentes oficiales bien informadas han asegurado a ese medio que hay “progresos significativos” en las negociaciones y que un acuerdo puede ser alcanzado “en un mes” –justo antes de que Trump asuma el cargo–.
Por su parte, el columnista israelí Amos Harel ha instado a ser precavidos a la hora de hablar de progresos en las negociaciones. En un análisis publicado este miércoles en el diario izquierdistaHaaretz, ha explicado que “todos los que están involucrados saben que Netanyahu quiere reanudar la guerra y que no tiene ninguna intención de completar la segunda fase [del acuerdo], que conlleva un repliegue total de Gaza”. Sin embargo, “los mediadores han asegurado a Hamas que, en el momento en el que Israel acepte un acuerdo, va a ser difícil para el Gobierno renegar de las fase dos, tanto por la presión de EEUU como por la presión local por parte de las familias de los rehenes”.
Presión externa y en Israel
Precisamente, el Foro de las familias de los rehenes se está movilizando ante la que parece ser una oportunidad de lograr un acuerdo de intercambio de los secuestrados por presos palestinos, en el marco de un alto el fuego. Aparte de las movilizaciones en las calles, que no han cesado en todo el año con más o menos participación, estos días el Foro ha organizado varios actos para llamar la atención de la comunidad internacional. Este miércoles, Michael Levy, hermano de uno de los secuestrados en el festival de música Nova, en el sur de Israel, ha hablado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha arremetido contra los poderosos del mundo: “¡Vuestro silencio es ensordecedor! ¡Vuestra inacción es sofocante!”.
En Israel, cientos de estudiantes de unas 200 escuelas de todo el país han protestado este miércoles para exigir un acuerdo con Hamás que permita la liberación de los rehenes, ha informado la Agencia EFE. Se trata de una iniciativa de los consejos estudiantiles, que además coincide con el 25 cumpleaños del rehén Matan Zangauker quien, el pasado 8 de diciembre, apareció en uno de los vídeos que de vez en cuando publica Hamás a través de sus canales de propaganda.
El martes, la novia del rehén israelí Matan Zangauker, Ilana Gritzewsky –quien también estuvo secuestrada entre octubre y noviembre de 2023, y fue puesta en libertad gracias al único acuerdo de intercambio entre Hamás e Israel a finales de noviembre de ese año–, apeló directamente a Trump, desde la bautizada como Plaza de los rehenes en Tel Aviv. “Presidente Trump, usted es un líder que sabe cómo ganar, cómo cambiar el rumbo cuando toda esperanza parece perdida. Ahora es el momento de demostrarlo. Cien rehenes (hombres, mujeres y niños) siguen retenidos en las profundidades del infierno. Mi pareja, mis amigos e innumerables vidas inocentes se están consumiendo mientras el mundo permanece en silencio. Esta es su oportunidad de cambiar la historia: intervenga. Ponga fin a esta guerra. Traiga a los rehenes a casa. Sin palabras, sin promesas, solo con acciones”, ha dicho, según un comunicado difundido por el Foro.
Las presiones de los familiares de los rehenes no han logrado que Netanyahu acepte un acuerdo con Hamás hasta el momento, pero este colectivo espera que las cosas puedan cambiar con la llegada de Trump. El propio Netanyahu espera que las cosas cambien, pero a su favor, en Cisjordania y en otros frentes en los que su Gobierno ultraderechista pretende expandir la ocupación ilegal y la presencia israelí.
El martes, el primer ministro visitó por primera vez territorio sirio desde la marcha de Al Asad el 8 de diciembre. Desde el lado sirio del monte Hermón –ubicado en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán ocupados por Israel desde 1967–, afirmó que sus tropas permanecerán en ese territorio “hasta que otro acuerdo garantice la seguridad” de Israel. Netanyahu considera que el acuerdo de separación con Siria ya no es válido después de la caída del régimen de Al Asad, con quien selló ese pacto auspiciado por Naciones Unidas en 1974.
Desde Qatar –país que ejerce el rol de mediador y ofrece un lugar para las negociaciones indirectas entre las partes–, el Gobierno confirmó este mes que ya está trabajando con el equipo de Trump sobre Gaza, al mismo tiempo que continúa su colaboración con la Administración saliente de Biden. Hace unos diez días, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed Al Ansari, dijo en Doha a un grupo de medios de comunicación –entre los que estaba elDiario.es– que había “un impulso” en las negociaciones para detener la guerra en la Franja.
“Necesitamos que las dos partes hagan concesiones, necesitamos que las posturas anteriores se suavicen un poco para que podamos llevar adelante las conversaciones”, dijo Al Ansari en ese momento. Actualmente, las negociaciones buscan reducir las diferencias entre las dos partes, según la fuente conocedora de las conversaciones que se desarrollan de forma indirecta en la capital qatarí.
La privación del agua es un crimen de guerra cuando es destruida o inhabilitada la infraestructura de suministro de agua esencial para la supervivencia de la población civil
Menos de cinco litros de agua al día por persona: Israel ha reducido el suministro a Gaza en un 94% durante la guerra
Las autoridades israelíes han privado a la mayoría de los más de dos millones de gazatíes de la cantidad mínima de agua desde que comenzó la guerra en octubre de 2023 hasta septiembre de 2024, lo cual ha contribuido a la muerte y a la propagación de enfermedades entre la población de la Franja. Esta es la conclusión a la que ha llegado la organización Human Rights Watch (HRW) después de entrevistar a decenas de palestinos, trabajadores sanitarios y municipales, además de analizar imágenes por satélite de la destrucción causada por el Ejército israelí.
En su nuevo informe, “Exterminio y actos de genocidio: Israel priva del agua a los palestinos en Gaza”, HRW asegura que, debido a la destrucción del sistema sanitario en Gaza desde octubre de 2023, es imposible conocer el verdadero alcance de “las acciones de las autoridades israelíes que han privado a los palestinos del agua”. Sin embargo, la ONG asegura que “estas políticas han contribuido probablemente a miles de muertes”.
HRW recuerda que, al principio de la guerra de castigo que Israel lanzó contra Gaza tras los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre, varios ministros del Gobierno expresaron claramente su intención de privar a los civiles de Gaza del agua. Desde entonces, Israel ha cortado el suministro de agua y de otros bienes básicos para la supervivencia de la población. El agua que suministra Israel a Gaza a través de tres grandes tuberías es insuficiente y la producción local ha disminuido drásticamente debido a que Israel ha cortado también el suministro eléctrico y de combustible (necesarios para que funcionen las depuradoras, desalinizadoras, etc.) y ha dañado la infraestructura de agua.
Según recoge HRW en su informe, la cantidad de agua potabilizada en Gaza en agosto de 2024 representaba alrededor del 25% de la cantidad potabilizada antes del conflicto, muy por debajo de lo que la población de la Franja necesita para sobrevivir. Además, casi la totalidad de los habitantes de Gaza se han visto desplazados y muchos de ellos se encuentran en zonas donde no hay infraestructura de agua adecuada –por ejemplo, en la llamada “zona humanitaria” de Al Mawasi, donde los gazatíes viven en tiendas de campaña, sin agua corriente ni saneamiento–.
La ONG también apunta que las autoridades israelíes han “restringido de forma significativa la entrada de ayuda humanitaria en Gaza” y “han bloqueado de forma específica los suministros relacionados con el tratamiento y la producción de agua”, incluidos sistemas de filtración de agua, depósitos de agua y material necesario para reparar dicha infraestructura.
Restricciones y destrucción deliberada
HRW habló con varios trabajadores de organizaciones humanitarias que explicaron que las autoridades israelíes prohíben la entrada en Gaza de los productos llamados de “doble uso”, esto es, que pueden ser empleados para fines militares; pero no han aportado una lista de los productos vetados ni una explicación escrita de por qué se consideran tales, y no han aceptado las apelaciones de las organizaciones tras el veto de algunos bienes vitales.
Un trabajador de un consorcio de organizaciones humanitarias y agencias de la ONU que se encarga de agua, saneamiento e higiene dijo a HRW que han hecho frente a varios impedimentos de las autoridades israelíes, que han evitado que se reparen las infraestructuras, que entren en Gaza los materiales relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene, y que no han garantizado la seguridad de los que ofrecen ayuda de este tipo. “Nunca he estado en una respuesta [humanitaria] en la que, dos meses después de mi llegada, la situación es peor que cuando llegué”, lamentó el trabajador de forma anónima.
Según la investigación de HRW, desde el comienzo de la guerra en Gaza las fuerzas israelíes han atacado de forma deliberada y dañado o destruido instalaciones de agua, saneamiento e higiene, entre ellas, cuatro de las seis plantas de tratamiento de aguas residuales de la Franja y un importante depósito de agua en el sur.
La ONG ha hablado con médicos y personal sanitario sobre las enfermedades derivadas del consumo de agua no potable y también de la falta de higiene, y de las condiciones insalubres en las que viven muchos habitantes de Gaza. “La deshidratación y la desnutrición también socavan la capacidad de las personas para curarse de heridas y enfermedades, lo que provoca infecciones, enfermedades y muertes”, afirma HRW en su informe. Varios trabajadores sanitarios dijeron a la organización que atendieron a muchas personas cuyas heridas no sanaban o pacientes que sucumbieron a enfermedades porque su sistema inmunológico estaba debilitado.
Varios médicos y enfermeras relataron a HRW haber visto un gran número de bebés sufriendo desnutrición, deshidratación e infecciones durante sus primeros meses de vida, lo que en algunos casos les causó la muerte. Asma Taha, una enfermera de pediatría que trabajó como voluntaria en Gaza en mayo de 2024, afirmó que entre uno y tres bebés perecían “cada día” por una combinación de estas causas.
Un posible crimen de guerra
HRW recuerda que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe atacar, destruir, retirar o inutilizar objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, incluida la infraestructura de agua y saneamiento; y cuando esos ataques son deliberados, la destrucción puede constituir un crimen de guerra. Las fuerzas israelíes han atacado deliberadamente la infraestructura de agua y saneamiento en Gaz, y han inutilizando casi toda esa infraestructura, agrega la ONG.
“La destrucción intencional de objetos indispensables para la supervivencia por parte de las autoridades israelíes y su inutilización equivale a un crimen de guerra”, concluye.
Además, también es un crimen de guerra el empleo del hambre como arma y “el hambre incluye la privación de agua”, especifica HRW. “Las acciones de las autoridades y fuerzas israelíes de destruir e inutilizar intencionalmente la infraestructura hídrica esencial para la supervivencia de la población civil en Gaza constituyen el uso del hambre como método de guerra”.
El líder de la oposición justifica en la votación de este jueves en el Congreso su ausencia en la habitual reunión de grupos previa a los Consejos Europeos, pero Feijóo ha faltado el 60% de los días con votación parlamentaria
El Gobierno prorrogará el impuesto a las eléctricas vía decreto y quedará a expensas del voto de Junts y PNV
Este jueves se celebra en Bruselas el primer Consejo Europeo desde la elección de la nueva Comisión en la que la española Teresa Ribera ocupa una de las vicepresidencias más relevantes, la de Competencia, pese al intento de boicot del PP. Los partidos europeos tienen la costumbre de reunir previamente a sus dirigentes para fijar una posición común. El PP Europeo (PPE) lo hará el mismo jueves, pero a la cita no acudirá Alberto Núñez Feijóo. El motivo aludido: las votaciones en el Congreso de ese mismo día. Pero el líder de la oposición ha faltado el 60% de los días con votación en la Cámara Baja.
Es una de las primeras veces que Feijóo planta a sus colegas europeos (hay que remontarse a diciembre de 2022 para la anterior ausencia), y coincide con el fracaso de su maniobra contra Ribera. Esa operación, que se produjo con la connivencia del líder del PPE, Manfred Weber, provocó un retraso de una semana en la aprobación de la cúpula del gobierno comunitario, que está integrado por 14 comisarios de su propia familia política, además de la presidenta, Ursula von der Leyen.
El objetivo último de Feijóo era forzar la retirada de Ribera, pero ese no fue el plan de sus correligionarios en ningún momento. Las maniobras de Weber y el PP español tensaron al máximo las costuras de la coalición de los populares con socialistas y liberales, que no querían votar a favor del candidato italiano, propuesto por el Gobierno de la ultra Giorgia Meloni. Al final se votó a todo el colegio de comisarios de forma conjunta.
Estas maniobras provocaron malestar dentro del propio Partido Popular Europeo. Según publicó Euroactiv, los primeros ministros de Polonia y Grecia, Donald Tusk y Kyriakos Mitsotakis, afearon a Weber su seguidismo a la delegación española. El polaco, próximo a Von der Leyen y crítico con los acuerdos de la derecha y la extrema derecha (de forma expresa con Vox), llegó a llamar al líder del PP europeo para que detuviera la estrategia del bloqueo.
La marejada interna se produce, además, a las puertas del congreso que el PP Europeo celebrará en València en abril de 2025, y en el que Weber aspira a la reelección. El alemán, rival interno de su compatriota Von der Leyen, ha tenido encontronazos por el control del partido con el secretario general y hombre fuerte de Mitsotakis, Thanasis Bakolas, en lo que el medio Politico llegó a definir como una “guerra civil” en la cúpula del PPE.
Con ese panorama se produce el plantón de Feijóo a los suyos. Weber le restó importancia en una rueda de prensa el martes en la que lo atribuyó a cuestiones de “agenda”. Preguntado por si considera que las demandas de los eurodiputados españoles no fueron tenidas en cuenta, respondió que hubo plena “coordinación” con la delegación española en la estrategia de “meter el dedo en la llaga” a Ribera. “Había pleno entendimiento sobre qué hacer al final”, agregó, sobre el proceso que acabó con el voto en contra de los de Feijóo al conjunto del Colegio de Comisarios propuesto por su compañera Von der Leyen.
Ausente el 60% de los días de votación
El PP ha justificado la ausencia de Feijóo en que este jueves hay votación prevista en el Congreso. Y es cierto. La Cámara Baja debe pronunciarse sobre un buen puñado de temas, entre otros uno de gran importancia: el paquete fiscal del Gobierno.
El PP ha maniobrado durante los últimos días para recabar apoyos a la contrarreforma fiscal que han lanzado desde el Senado, donde tienen mayoría absoluta. El martes negoció ‘in extremis’ con Junts un apoyo simbólico en forma de abstención a las enmiendas al plan del Gobierno.
El desenlace se producirá efectivamente este jueves en el Congreso, donde el PP cuenta con que Junts les apoye alguna modificación que les permita visibilizar una ruptura de la mayoría de la investidura que sostiene, a duras penas, al Gobierno.
La votación es importante. Pero no es la primera vez que Feijóo se ausenta del Congreso en días de votación. De hecho, en lo que va de legislatura ha faltado más días de los que ha asistido: un 60% de las veces.
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Las jornadas de votación en el Congreso suelen ser dos: martes y jueves. El primero se tramitan las proposiciones de ley. El segundo, los asuntos que llegan desde el gobierno (decretos y proyectos), del Senado y las iniciativas no legislativas (proposiciones no de ley y mociones).
En cada jornada se suelen votar diferentes puntos del orden del día. Así, ese 60% de días de votación ausentes se traduce en que Feijóo ha dejado de participar en el 40% de las votaciones.
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El último jueves que Feijóo no votó fue el pasado 12 de diciembre. El líder del PP no participó, por ejemplo, en la convalidación del segundo real decreto-ley con ayudas para los afectados por la DANA. Tampoco la enmienda total a la proposición que rebaja la conocida como ‘ley mordaza’ presentada por su propio partido.
De hecho, en diciembre todavía no ha participado en ninguna votación. Ni siquiera en la de este mismo martes.
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Las dos votaciones mencionadas se resolvieron con margen suficiente. Es decir, ninguna de ellas dependía de la presencia de Feijóo (ni de otros diputados que tampoco asistieron) para decantarse por el ‘sí’ o por el ‘no’.
En el PP sostienen que este jueves sí cuenta cada voto pese a que los de Feijóo han reducido sus opciones de aprobar la contrarreforma fiscal a Junts y sus siete diputados. El PP, Vox y UPN suman 171 diputados. Con los de Junts, 178. Margen de sobra, pues la mayoría absoluta está en 176. Pero, además, en las votaciones de este jueves no hace falta mayoría absoluta. Solo más ‘síes’ que ‘noes’, por lo que las abstenciones también juegan.
Feijóo ha optado por quedarse en Madrid y asistir al Congreso porque confían en sacar adelante alguna de sus enmiendas de calado y marcarse una victoria con el escaño de Pedro Sánchez vacío. El presidente participará en la votación y ha solicitado hacerlo a distancia porque sí asistirá al Consejo Europeo.
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El Ejecutivo aprobará la prórroga en el Consejo de Ministros de la semana que viene ante el bloqueo de la mesa de negociación entre los socios
El Congreso aprueba la reforma fiscal con el impuesto a la banca y el compromiso de prorrogar el de las energéticas
El Gobierno dará luz verde a la prórroga del impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas eléctricas en el Consejo de Ministros de la semana que viene, el último del año. Antes de que decaiga la medida el 31 de diciembre, el Ejecutivo recurrirá de esta forma a impulsar por iniciativa propia la continuidad del gravamen mediante Real Decreto y tras constatar la imposibilidad de poner de acuerdo a todos los socios parlamentarios.
La mesa de negociación entre el ministerio de Hacienda y los grupos del Congreso volvió a convocarse este miércoles por la tarde. Al igual que la semana pasada, Junts y PNV, abiertamente en contra del impuesto, declinaron asistir a las reuniones. Y tampoco acudió Podemos, que fue quien exigió la convocatoria de esa mesa a cambio de apoyar la reforma fiscal, algo que sentó especialmente mal en el PSOE y en otros socios parlamentarios de izquierdas. Los de Ione Belarra argumentaron que no tenía “razón de ser” asistir a una cita en la que no existe posibilidad de acuerdo entre los aliados de investidura.
Hacienda, no obstante, mantuvo su compromiso con el resto de socios y las reuniones se produjeron en la tarde del miércoles con grupos como ERC, EH Bildu o BNG. El fiasco de ese foro impulsado por Podemos, sumado a la constatación de que resulta una quimera poner de acuerdo a los socios progresistas con los conservadores en cuanto a la fiscalidad de grandes corporaciones cuyos intereses también defienden los nacionalistas vascos y los de Carles Puigdemont, ha llevado al Gobierno a mover ficha por su cuenta y recurrir a la vía del Real Decreto.
Desde ERC, EH Bildu y el BNG confirmaron en un comunicado conjunto tal extremo tras las reuinones con Hacienda. “ERC, EH Bildu y BNG han acordado hoy con el Gobierno español la aprobación en el Consejo de Ministros, antes de fin de año, del Real Decreto que permitirá mantener el gravamen a las energéticas, con el objetivo de convalidarlo en el Congreso y tramitarlo como Proyecto de Ley para convertirlo en impuesto. En el diseño del texto se incluirán las bonificaciones a proyectos renovables propuestas por otros grupos, mostrando así nuestra voluntad de lograr un acuerdo amplio y equilibrado entre todas las fuerzas políticas necesarias para su aprobación”, reza el texto.
La nota de los soberanistas vascos, catalanes y gallegos añade que “de esta manera, se da cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre entre ERC, EH Bildu y BNG con el Gobierno para garantizar que las energéticas sigan pagando lo que les corresponde. La fórmula pactada —decreto y posterior tramitación— es la única posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, así como su conversión en impuesto en pocas semanas y su concertación con las Haciendas forales vasca y navarra”.
En realidad, se trata de un paso más simbólico en lo político que en la repercusión real que pueda tener respecto a su aplicación. Al prorrogar el impuesto, en el departamento de María Jesus Montero consideran que habrán cumplido con su palabra dada a socios como Podemos, ERC o EH Bildu. Y que otra cosa será ya poder convalidar esa medida en el Congreso de los Diputados.
Una vez sea prorrogado el impuesto, su vigencia será automática en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado y tras decaer el impuesto actual el últio día del año. Pero luego deberá ser convalidado por la mayoría del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Y ahí es donde entrararán en liza de nuevo los votos de Junts y PNV, imprescindibles para alcanzar una mayoría parlamentaria de apoyos.
Tanto los nacionalistas vascos como los independentistas catalanes se han mostrado hasta la fecha inflexibles respeto a un tipo impositivo del que reniegan. Aunque entre las filas socialistas hay quien atisba una rendija para el entendimiento. La intención de Hacienda en el decreto de la semana que viene es introducir mecanismos de bonificación para las empresas que se comprometan a invertir parte de sus beneficios en la descarbonización de la energía. Un elemento que hay quien piensa en el Gobierno que podría servir de pista de aterrizaje para la demanda de Junts de que el gravamen no perjudique las inversiones previstas en Catalunya. Para la otra pata, la del PNV, también existe interlocución desde el Ejecutivo respecto a la demanda de que sea una gestión y una recaudación que asuma por completo el Gobierno Vasco.
El tributo se diseñó en 2022 para gravar los beneficios extraordinarios conseguidos por las empresas del sector energético por su capacidad de aprovechar la crisis de inflación para elevar los márgenes de sus negocios. “Tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social de país”, defendía Hacienda a finales de septiembre de este 2024, cuando publicó el dato de recaudación del tributo a grandes eléctricas y petroleras, que fue de 1.164 millones sobre sus ganancias de 2023, una cifra similar a la del año anterior.
Las cuatro mayores energéticas cotizadas de España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) alcanzaron un beneficio conjunto de 10.247 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, superando las ganancias récord de 9.037 millones que lograron hasta septiembre de 2022. Ese año, los precios del gas natural pulverizaron todos los máximos tras la crisis energética que siguió a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Cepsa, que no cotiza en bolsa, suma casi 500 millones de beneficio neto en el mismo periodo de 2024, informa Daniel Yebra.
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