El Diario

• Sánchez multiplica los gestos para rearmar la mayoría de la investidura con vistas a los Presupuestos

  

  Junts mantiene el pulso y el caos en Rodalies da un nuevo argumento a los de Puigdemont contra el Gobierno, aunque el traspaso de las competencias en materia de migración está cada vez más cerca gracias a una negociación a tres que incluye a Podemos. En Moncloa son conscientes de la dificultad para sacar los Presupuestos, pero creen que es la mejor opción también para los socios

  Junts acepta cambiar el preámbulo del traspaso de inmigración a Catalunya que criticó Podemos

  Pedro Sánchez ya ha dejado clara su capacidad de resistencia con capítulos y capítulos que le permitirían escribir otro ensayo, quizás con el título de Manual de Supervivencia. Dependerá en buena medida de sus posibilidades de agotar, como dice, la legislatura en 2027. Los derroteros pueden ser distintos: hacerlo pese a no tener unos presupuestos en todo el mandato o incluso que se dé la carambola de conseguirlos. En el Gobierno trabajan por el segundo escenario, aunque no ocultan la dificultad, y el presidente se conjura contra el clima de fin de ciclo que sobrevoló a final de año, con extensión de las derivadas de la corrupción y la acumulación de casos de acoso tras la revelación de las denuncias contra el exasesor Francisco Salazar.

  Con el clima más adverso hacia su supervivencia política desde que llegó a Moncloa, las advertencias de los socios, entre ellos PNV y ERC, se multiplicaron. Aunque ninguno daba síntomas de pretender dejar caer al Gobierno, ni siquiera el socio minoritario pese a la petición de una remodelación del gabinete que reclamó Yolanda Díaz y que Sánchez ignoró, los avisos sonaban a ultimátum. “O consigue detener la hemorragia o Sánchez deberá plantearse convocar elecciones”, llegó a decir Aitor Esteban.

  En Moncloa tomaron nota y han centrado buena parte de sus esfuerzos con la vista puesta en los Presupuestos Generales del Estado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a presentar en las próximas semanas. “La pantalla previa es reagrupar la mayoría de la investidura”, explican fuentes gubernamentales, que sostienen que no van a tirar la toalla.

  “Estamos en tomar medidas. Tenemos el poder de gobernar. Vamos a subir el salario mínimo y las pensiones. El tiempo que estemos, vamos a hacer cosas. Pero para hacer cosas hay que reagrupar a esa mayoría”, apuntan esas fuentes, que recuerdan a los socios que, “el día después de las elecciones de 2027, el mejor escenario para la mayoría de la investidura es el actual, que gobierne Pedro Sánchez”. “Ninguno quiere que gobiernen PP y Vox, por el futuro de nuestros hijos, pero también por una cuestión de rentabilidad política”, agregan. “Nos conviene a todos (PSOE, Sumar, PNV, ERC, Podemos y Junts) aprobar los Presupuestos y decirle al electorado: Vótenme para seguir haciendo cosas”, animan en Moncloa: “Cuanto antes volvamos a querernos, mejor”.

  Pero también son conscientes de que tienen que arreglar el clima de desconfianza que se ha ido instaurando entre los socios y que tuvo su punto álgido con la implicación del exsecretario de Organización Santos Cerdán en la trama corrupta.

  Primero ERC y PNV

  Y ahí es donde Sánchez ha ido haciendo gestos en las últimas semanas. El primero fue con ERC, que se ha convertido junto al PNV en su principal baluarte parlamentario. “Más allá de las ruedas de prensa, de las grandes frases, de los videos de TikTok, de las crisis de Gobierno, le pedimos al presidente una reunión directa cara a cara con ERC, en Moncloa o donde quiera, y que nos diga a la cara qué piensa hacer para regenerar su partido y su Gobierno”, le dijo Gabriel Rufián a finales de año. Dicho y hecho.

  Sánchez se reunió hasta en dos ocasiones en secreto con Oriol Junqueras y a principios de enero le recibió públicamente en Moncloa para escenificar el acuerdo sobre financiación autonómica que ha generado el rechazo de todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, excepto Catalunya.

  También con el PNV se ha avanzado. Gobierno y Euskadi firmaron el 16 de enero el traspaso de cinco competencias y, prácticamente en paralelo, el lehendakari, Imanol Pradales, advirtió de una “reválida” a Sánchez. Días después ambos mandatarios se reunieron en Moncloa y Pradales se presentó con un listado de “incumplimientos” por parte del Gobierno central. El encuentro se saldó con un compromiso de mantener dos reuniones antes de Semana Santa para concluir la cesión de la gestión de los aeropuertos y la revisión del cupo.

  Regularización de migrantes para seducir a Podemos

  La gran sorpresa esta semana fue el acercamiento con Podemos, que llevaba gestándose más de tres meses, desde que la formación de Ione Belarra tumbó la proposición de ley para el traspaso de competencias de migración a la Generalitat de Catalunya. Ese era uno de los compromisos alcanzados por Sánchez con Carles Puigdemont y el rechazo fue un argumento más para la ruptura que Junts formalizó a finales de octubre.

  El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, inició una negociación con Podemos, que en algún momento llegó a ser a tres bandas con la presencia incluso de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en una reunión para intentar recomponer los puentes. La idea de Moncloa era pactar con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes a cambio de que transigiera con la delegación de competencias. La jugada, por el momento, va saliendo, además, porque Junts ha aceptado cambiar el preámbulo de la ley, que para Podemos era “racista”. No obstante, el Gobierno no ha conseguido que culminara con el 'sí' de Junts al decreto del escudo social, que incluye la subida de las pensiones y el Congreso tumbó con sus votos y los de PP y Vox esta semana.

  En Moncloa no ven factible la posibilidad de que la “triple carambola” se produzca cuando vuelvan a llevar el decreto y que Junts ceda respecto a la prohibición de los desahucios, que es la excusa para votar en contra. “Ellos consideran que la delegación de competencias es algo que les debíamos. No va a haber negociación”, dicen fuentes gubernamentales. Y así es: era uno de los compromisos del acuerdo de investidura.

  Descartan una “triple carambola” por la dificultad con Junts

  Por el momento, la relación es complicada, cuando no inexistente, y Junts ha encontrado un nuevo argumento contra el Gobierno en el caos de Rodalies que vislumbra una dificultad más con su antiguo socio, y también con ERC. “En Catalunya tenemos el país colapsado. El sistema ha fallado. Nos ha dicho basta, hasta aquí. Esto va muy en serio. Usted debe dimitir”, le dijo el senador postconvergente Eduard Pujol al ministro Óscar Puente.

  El Gobierno trabaja por dar cumplimiento a otras cuestiones pendientes, como la publicación de las balanzas fiscales o la oficialidad del catalán en la UE –de cuyo torpedeo culpan sin ambages al PP por las presiones a gobiernos de su familia política–, como paso previo a intentar recuperar la relación con Junts. La esperanza es que los lazos se recompongan en primavera, cuando se esperan las sentencias sobre la amnistía que permitirían el regreso de Puigdemont.

  El calendario es complejo, pero cumplir las exigencias de Junts –y las nuevas imposiciones de otros socios– es la única forma de que a Sánchez le salgan las cuentas parlamentarias para los Presupuestos.

• Cinco años de lucha por la regularización: la intrahistoria del movimiento liderado por migrantes que lo consiguió

  

  El colectivo que impulsó la ILP está formado exclusivamente por personas migrantes. Los activistas que conforman la primera línea conocen bien lo que pedían: vivieron años sin papeles y trabajaron como empleadas domésticas, manteros, jornaleros, cocineras o camareras.

  Los migrantes sin papeles que se acogerán a la regularización: “Por fin podremos trabajar dignamente”

  España aún asimilaba los efectos del Estado de alarma y el rígido confinamiento decretado durante la pandemia del coronavirus, cuando Edith Espínola recibía preocupantes mensajes de trabajadoras internas sin papeles a las que apoyaba desde su organización. Lamine Sarr repartía alimentos entre las casas de compañeros manteros que, sin poder salir a la calle, habían perdido el poco sustento que obtenían día a día de la venta ambulante. Seydou Diop recorría los asentamientos de temporeros de Huelva para denunciar las condiciones de hacinamiento que les impedía cumplir con la exigida distancia social.

  Tras la declaración del Estado de alarma, el Gobierno aseguraba que su plan social ante la emergencia del coronavirus “no dejaba a nadie atrás”, pero cientos de miles de personas en España no se sentían parte de ese “nadie”. Y decenas de activistas migrantes y racializados decidieron unirse y exigir una solución. 

  Esa preocupación, esa situación de vulnerabilidad extra sufrida por todas las personas sin papeles a las que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó atrás durante la pandemia —nunca les llegaron las ayudas sociales ligadas al coronavirus—, conformó los primeros coletazos de un movimiento que, semanas después, sería bautizado con un nombre directo y conciso: Regularización YA. Un movimiento autoorganizado y formado únicamente por personas migrantes que se marcó un objetivo: conseguir una regularización extraordinaria para todas las personas que en ese momento vivían en España en situación irregular. 

  No lo lograron entonces, pero no pararon de salir a la calle, patear todo el Estado para conseguir firmas, hablar con los medios, negociar con quien hiciese falta y gritar sus exigencias en cualquier espacio al que fuesen invitadas. Más de cinco años después, el Consejo de Ministros ha iniciado los primeros trámites de un proceso de regularización amplio con unas condiciones pactadas con el Movimiento Regularización YA, gracias a un acuerdo entre Podemos y el Gobierno. De ser aprobado bajo los requisitos recogidos en el borrador actual, será el primer proceso de regularización de la historia nacido de un movimiento de base, conformado exclusivamente por personas migrantes. 

  Durante todo este tiempo, el movimiento ha tenido momentos en los que ha estado formado por cientos de personas y otros en los que los varapalos del Gobierno y de los partidos políticos de la derecha, la dilatada burocracia y el bloqueo institucional acabaron por rebajar el número de integrantes a unas decenas. Quienes lo han conformado son activistas antirracistas que también han sufrido los efectos de la política de extranjería, del racismo y de la precariedad ligada a muchos procesos migratorios. Son o fueron empleadas domésticas, manteros, trabajadoras de la hostelería, temporeros en el campo, prostitutas, repartidores... Y, los representantes que han estado en la primera línea, los rostros que hemos visto defender la medida en los medios de comunicación y se han sentado a negociar con formaciones de distinto color político, saben lo que es vivir sin papeles en España: todas ellas han pasado un tiempo en el país en situación irregular.

  Si han insistido tanto, si no han parado de gritar cuando nadie parecía escuchar, si han encontrado la grieta por la que impulsar la medida, es porque saben de lo que hablan. Cada uno de sus lemas, cada uno de sus argumentos, les atraviesa. “Lo conseguimos por pesadas”, dice entre risas Edith Espínola, una de las portavoces del movimiento, representante de las mujeres trabajadoras domésticas sin papeles.

  “Ha salido por esa insistencia. No íbamos a permitir soltarlo. Éramos muchos y nos quedamos las activistas más pesadas, más tercas, porque creemos que este proceso va a beneficiar no solo la vida de personas que se regularizan, también va a mejorar económica de todo el país”, añade, la también miembro de SEDOAC, organización en defensa a los derechos de las empleadas del hogar, sector en el que trabajó durante sus primeros años en España. 

  

  Las primeras reuniones 

  La pandemia estaba afectando especialmente a las personas sin papeles, muchas trabajaban de forma irregular en los sectores considerados “esenciales”, aquellos que no pararon en el confinamiento, no podrían acceder a ningún tipo de ayuda del plan de choque del Gobierno. Distintos colectivos empezaron a denunciar el abandono de las personas sin papeles. “Entendimos que no podíamos ir cada colectivo por separado y convocamos una reunión”, apunta Espínola. 

  Aún era marzo de 2014 cuando fue convocada una reunión por videollamada. Silvana Cabrera, otra de las portavoces del Movimiento , activista boliviana y trabajadora en el sector de la hostelería, recuerda conectarse desde su país de origen, donde le pilló el confinamiento durante una visita para cuidar a su padre tras una operación. “Éramos 80 o 90 personas de colectivos de todo el territorio, muchas sin conocernos, poniendo en común lo que estaba pasando. Éramos riders, gente de la manta, jornaleras, empleadas domésticas, trabajadoras de la hostelería… ”, describe la mujer, quien combina su militancia por los derechos humanos con su empleo en un restaurante. “Teníamos reuniones de cinco o seis horas para construir algo entre todas. El confinamiento nos ayudó a reunir a mucha gente que tenía el tiempo necesario para sacarlo adelante”, añade la activista. 

  Había una solución principal para todas esas situaciones que alarmaban a los colectivos reunidos: un proceso de regularización extraordinaria. Sin papeles, continuaría la vulnerabilidad de todas las personas que motivaban sus denuncias. Era su situación de irregularidad la que las excluía del sistema en un momento en que se evidenciaba con aún más crudeza. Hicimos un grupo de Telegram con “un sinfín de gente”, recuerda Espínola, empezaron a diseñar las campañas en redes sociales y decidieron una de sus primeras acciones: enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias.  

  Debates internos: migrantes, primera línea

  “Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo”, rezaba la misiva, firmada por un centenar de colectivos. En aquel momento las organizaciones participantes estaban compuestas por personas migrantes y españolas, pero los debates internos entre los distintos colectivos giraban en torno a la importancia de concentrar las portavocías y la labor de incidencia política directa, la primera línea del movimiento, en personas migrantes y racializadas. No sentó bien a todos, principalmente a las organizaciones conformadas por mayoría de personas españolas y blancas. 

  “Hubo una separación”, reconoce Espínola. “Desde el principio tuvimos claro que el sujeto político tenía que ser la persona migrante. Nos encanta que nos acompañen aliados blancos, pero tenían que entender que tengo voz, tengo unas capacidades, resiliencia, resistencia y reivindicación”, explica la ex trabajadora doméstica. En esa búsqueda de representación de las problemáticas que denunciaban, decidieron que las portavoces no solo debían ser migrantes o racializadas, sino que tenían que ser personas hubiesen sufrido los efectos de vivir en España sin papeles. “Para las personas sin documentación era peligroso ser portavoces, por lo que decidimos que al menos quienes fuesen las representantes hubiesen pasado por esa situación”, apunta Espínola.

  Una de las seleccionadas, quien dio un paso adelante para ejercer la portavocía, fue Silvana Cabrera. Como trabajadora en la hostelería, representaría q todas las personas migrantes empleadas sin papeles en el sector. Otra de ellas fue Edith Espínola, para poner el cuerpo por todas las empleadas domésticas, muchas internas. La paraguaya migró a España en los años 2000. Tras su llegada en avión, una vez expirado su visado de turista, se quedó sin papeles. La ley impedía solicitar una autorización de residencia por arraigo hasta poder demostrar haber vivido en el país durante tres años y presentar un contrato de trabajo. Cumplido el plazo, la activista tuvo que viajar a su país por razones personales, lo que le colocó de nuevo el contador a cero. Regresó y la Ley de Extranjería la obligó a volver a empezar hasta alcanzar un total de seis años sin papeles, trabajando en los cuidados como empleada interna y externa, y en los servicios de limpieza.

  Entre ellos también estaban Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona quien vivió durante años sin papeles y sobrevivió gracias a la venta ambulante; Seydou Diop, activista senegalés y jornalero en el campo onubense durante años; o Victoria Columba, activista de origen argentino, que migró a Barcelona en la década de los 2000 y, tras pasar una temporada en situación irregular, logró obtener la documentación, precisamente, en la regularización aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005.

  

  La labor de incidencia entonces se centraba en presionar al Gobierno para aprobar la regularización apelando a la pandemia, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cedía. Su entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró en varias ocasiones en contra de la aprobación de una dar los papeles de forma generalizada, e insistía constantemente en hacerlo “caso a caso”. Como justificación, llegó a decir que la medida contradecía el marco legal europeo, un argumento falso, utilizado recientemente por el PP y Vox. La Comisión Europea aclaró entonces, como ha vuelto a hacerlo esta semana, que los Estados miembros tienen la competencia para decidir sobre la situación administrativa de las personas que ya viven en su territorio. 

  PNL: obligar a los partidos a posicionarse

  “Al Gobierno no le movíamos un músculo”, critica Espínola. Ante la negativa del Gobierno español a la carta enviada en abril de 2020, durante la etapa inicial del confinamiento, el movimiento apuntó hacia el Congreso. Querían entrar en el Parlamento, introducir el tema en agenda y forzar a los partidos políticos a posicionarse sobre su propuesta. La fórmula seleccionada: una Proposición No de Ley (PNL), para empujar a los diputados a debatir sobre la regularización extraordinaria. El texto, creado de forma íntegra por la plataforma fue íntegramente redactada por colectivos migrantes, organizaciones antirracistas y la Coordinadora Obrim Fronteres y fue registrada en el Congreso en junio de 2020 por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más País-EQUO y la CUP, entre otras formaciones. 

  En septiembre de 2020, el Congreso rechazó la PNL con votos en contra de PSOE, PP, Vox Ciudadanos y PNV. “En septiembre, después del fin del confinamiento y tras el revés con la proposición no de ley, la gente se desinfló. Muchas compañeras, al no tener ya tiempo para dedicarse tanto a la campaña, se fue yendo del movimiento”, recuerda Silvana Cabrera. 

  Recogida de firmas: ILP

  Tras un tiempo para recolocar su estrategia, volvieron a intentar regresar al Congreso. Querían hacerlo por la puerta grande, pese al descenso de manos en la plataforma. “Decidimos ir a por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el único mecanismo que teníamos de democracia directa”, dice Cabrera. Para conseguir presentar su propuesta legislativa de regularización extraordinaria como colectivo social debían recolectar más de 500.000 firmas. Tras la redacción del texto, surgía un nuevo reto; peinar las calles en busca de firmas de ciudadanos españoles. 

  “Fue un trabajo titánico”, recuerda la activista boliviana. La estrategia implicó levantar desde cero una estructura estatal para llegar a todo el territorio en busca de apoyos: “Creamos 18 comités en todo el territorio y un grupo motor para coordinarlo todo”. La recogida de rúbricas se sostuvo casi exclusivamente sobre el trabajo militante de personas migrantes y racializadas, muchas de ellas en situación administrativa irregular. “Era muy gráfico: personas sin papeles pidiendo una firma y el DNI a personas españolas que ya tenían derechos”, explica Cabrera.

  

  En la calle, el desgaste fue constante. “Nos encontrábamos con Vox en muchas plazas”, relata la portavoz del colectivo, que participaba en el comité de Valencia. Recuerda varios episodios de violencia: “Una compañera en situación irregular fue agredida mientras recogía firmas. Le dijeron que ella no tenía que pedir firmas, le rompieron los pliegos, la agredieron, fuimos a denunciar, pero quedó en nada”, dice con rabia. 

  Las dificultades y la violencia eran contrarrestadas con otras muchas respuestas de apoyo. “Nos sorprendió la cantidad de firmas y la red que se creó con gente que nunca había militado”, dice Espínola. Todo se hizo sin apenas recursos: “No había presupuesto, era gente dejando su vida personal y laboral”, subraya. Ana Gutiérrez Fajardo, activista ecuatoriana y miembro del movimiento desde la retaguardia, se volcó en la recogida de firmas en Valencia. Recuerda aquellos días dedicados a convencer a ciudadanos españoles de la importancia de dar los papeles a cientos de miles de personas.

  “Algunas respuestas me desgastaban, sentía que de forma sistemática cuestionaban mi presencia en España y de otras tantas compañeras”, admite Gutiérrez. “Pero también fue muy emocionante: contar firmas, comprobar si eran válidas… sentir que llegábamos. O esos momentos en que veías que una persona no tenía claro apoyar una regularización pero, al escuchar nuestros argumentos, cambiaba de opinión”.

  

  La entrega de las firmas en el Congreso se vivió como un punto de inflexión. “El día que llevamos las cajas fue brutal, un día de felicidad absoluta después de tanto desgaste”, recuerda Cabrera. Más de 600.000 apoyos avalaron una reivindicación impulsada desde abajo. “Esto es el resultado de la organización de personas migrantes y racializadas que saben lo que es estar sin papeles”, concluye Gutiérrez Fajardo con orgullo. “Nos unimos muchísima gente, fue muy emocionante. Lo habíamos conseguido después de meses de muchísimo trabajo, en los que pensamos que no llegábamos. Pero habíamos entrado al Congreso con el respaldo de más de 600.000 firmas”, dice Espínola.

  El debate en el Congreso y la sorpresa del PP

  Una vez registrada en el Congreso, llegó el momento de defenderla. Parte de las mismas personas que habían recorrido distintos puntos de España para recoger firmas se dentaron frente a los diputados de todas las formaciones para explicar con datos, argumentos y desde la propia experiencia por qué era importante su respaldo a la regularización. Entre ellas estaba Espínola y el portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona, Lamine Sarr. Estuvieron apoyados por la Fundación PorCausa, responsable del estudio Esenciales que daba cifras del impacto económico positivo del proceso planteado.

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  Cuando echan la vista atrás, todas las integrantes del movimiento menciona un día: 9 de abril de 2024, el día de la votación de la toma en consideración de la iniciativa. Espínola y Cabrera presenciaron el debate en el hemiciclo, junto al resto de representantes del movimiento. Estaban nerviosas, cuentan, no tenían garantizados los votos y dependían de la posición del Partido Popular. “Votos a favor: 310, Votos en contra: 33. Abstenciones: ninguna. Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley”, recuerdan escuchar las activistas.

  “Nos abrazamos, lloramos, estábamos en shock porque no podíamos creer que avanzaba”, dice Cabrera. Edith recuerda estar en los pasillos del Congreso atendiendo una entrevista con una radio estatal cuando escuchó la ovación. Salió corriendo a encontrarse con sus compañeras. “Fue un día de felicidad absoluta”, resume la paraguaya.

  Esa noche volvieron orgullosas al piso que solían alquilar todas las representantes del Movimiento cuando se reunían en Madrid. “Después de tanto trabajo, llegamos reventadas, comimos una pizza y estábamos todas en pijama celebrándolo. Fue muy emotivo”, recuerda Cabrera. Era la primera evidencia tangible de que los años de organización y trabajo podían llegar a traducirse en una política concreta.

  Bloqueo y nuevo plan

  La alegría se vio pronto ensombrecida. La ILP quedó atrapada en un limbo político. Durante meses, apenas había novedades mientras el texto cogía polvo en un cajón. “Ya con muchísima desconfianza, veíamos que los partidos no nos daban apoyo suficiente, no recibíamos contestación a veces de los correos”, relata Cabrera. “En el Congreso no avanzaba, estaba bloqueado… los partidos políticos se pisaban entre ellos, buscaban alcanzar un éxito propio, como una pelea de escuela y no pensaban en los derechos de las personas”, describe Espínola. Empezaron a ver imposible un acuerdo entre las distintas formaciones.

  La necesidad de salvar la medida llevó al movimiento a replantear su estrategia. Ante el fracaso del consenso parlamentario, Regularización YA apostó por un nuevo objetivo: la medida podía aprobarse por decreto, sin necesidad de tener la luz verde del Congreso, por lo que se centraron en encontrar una fórmula para convencer al Gobierno. Espínola recuerda que se reforzó el diálogo directo con Podemos: “El traspaso de competencias sobre inmigración a Junts fue una desenmascarada total. Podemos nos preguntó que pensábamos sobre el traspaso y les dijimos que no estábamos de acuerdo, pero vimos una grieta de luz en ese contexto”, reconoce. El colectivo confirma que la negociación sobre los presupuestos y la posición de Podemos con respecto al traspaso de competencias a Junts fue un elemento clave para acelerar el proceso.

  A partir de diciembre de 2025 todo se aceleró, confirman varios miembros de Regularización YA: “Fueron semanas revisando borradores, muchas horas… no tenemos un equipo jurídico, tiramos de alianzas, de abogadas de extranjería, de conocimientos colectivos”, recuerda la activista boliviana. Cabrera, como muchas otras integrantes del movimiento, no tiene conocimientos jurídicos, pero les tocó aprender: “Leyendo y leyendo una y otra vez, preguntando dudas, incluso viendo tutoriales de YouTube, lo íbamos sacando”, comenta entre risas.

  “Ya está”

  “Cuando Junts y el PP pasaron a estar en la misma línea política contra la inmigración, cuando no había posibilidad para el consenso, vimos la oportunidad de llevar la regularización por Real Decreto. Fue un trabajo brutal, pero entendimos que era la última oportunidad, la única manera de garantizar que saliera adelante”, dice Cabrera. Desde el mes de diciembre todo empezó a acelerarse. En las últimas semanas, el intercambio de borradoras fue constante, hasta alcanzar la regularización con garantías por la que apostaban.

  Recuerdan las palabras de Victoria Columba, otra de las portavoces del movimiento, en una videollamada celebrada el fin de semana pasado. “Ya está. Va a salir”, anunció a sus compañeras tras su última conversación con miembros de Podemos. “No llegábamos a creérnoslo, pero poco a poco vimos que era cierto, lloramos, era muy fuerte”, indica Espínola, quien junto al resto se preparó para viajar a Madrid para presenciar el acto en que Podemos iba a anunciar el acuerdo. La alegría fue contenida, consciente de que la letra pequeña y la implementación serían el siguiente desafío: “Hasta que lo vemos no lo creemos”.

  Esa noche, Ana Fajardo, en Valencia, no podía dormir. “No podía dormir, tenía la cabeza dando vueltas… pensando en cada una de las personas migrantes que conozco a las que le iba a beneficiar. En cómo les iba a cambiar la vida esto. Les habíamos dicho que iba a salir, y por fin era real”, recuerda. Silvana Cabrera pensaba en las personas sin papeles a las que había acompañado durante años: “Imaginar a esas personas que van a poder trabajar con tranquilidad, que sus hijos van a tener algo más de seguridad… eso te atraviesa el alma. Todo el cansancio que llevábamos, vale la pena por esto”.

  En aquel piso compartido donde volvieron a pasar una noche más de alegría en Madrid, entre documentos y mensajes que no dejaban de llegar, las portavoces aún no asumían que ya estaba, que iba a salir. El día siguiente, las portavoces dieron una rueda de prensa mientras la ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunciaba tras el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de la ansiada regularización de migrantes. Las representantes del colectivo, ojerosas y desfondadas, recordaban la importancia de la medida para cientos de miles de personas.

  Saben que su trabajo aún no ha acabado. La normativa aún no se ha aprobado y podría llegar a cambiar alguno de sus aspectos durante los trámites pendientes o la revisión del Ministerio del Interior. También se preparan para su puesta en práctica, para intentar que llegue a todas aquellas personas que cumplan los requisitos y, que ahora sí, nadie se quede atrás. “Estaremos vigilantes. Seguiremos siendo pesadas”, concluye Espínola.

• Un gallego contra la emigración

  

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  “Viudas de vivos”, las llamaba Rosalía de Castro en uno de sus poemarios, Follas novas, publicado en 1880. Son las mujeres que se quedaron solas en aquella Galicia miserable de la que huyeron los hombres jóvenes. Esas viudas de los emigrantes.

  Galicia, sin homes quedas

  que te poidan traballar.

  Tés, en cambio, orfos e orfas 

  e campos de soledad,

  e nais que non teñen fillos

  e fillos que non ten pais.

  E tés corazóns que sufren

  longas ausencias mortás, 

  viudas de vivos e mortos

  que ninguén consolará.

  “Galicia, sin hombres quedas que te puedan trabajar”. Aquí puedes leer completo (en galego y castellano) este emblemático poema de Rosalía de Castro. Es un desgarro para el que solo sirve una palabra portuguesa intraducible que después reivindicaron los literatos gallegos: ‘saudade’, una suerte de melancolía atravesada por la nostalgia y el dolor por la distancia de lo amado.

  De aquella Galicia hambrienta escaparon casi todos los que pudieron: entre 1,2 y 2 millones de personas de 1836 a 1960. Solo en la segunda mitad del XIX, Galicia perdió alrededor de una cuarta parte de su población. En términos relativos, hay que irse a Irlanda para encontrar un éxodo europeo equivalente. En algunos periodos, casi la mitad de los españoles que emigraron a América salieron de Galicia. Por eso allí aún nos llaman gallegos.

  Rosalía de Castro, a su manera, también era hija de una de esas “viudas de vivos”. Su padre era sacerdote, un gran oprobio en su época, especialmente para la madre y para ella. En su partida de bautismo –nació en 1837–, aparece registrada “de padres desconocidos”. Se libró de la inclusa porque se hizo cargo su madrina, una sirviente de su madre. Esa infancia desgarrada se ve después en el compromiso de su escritura, en su retrato de la vida más dura en esa Galicia cruel, sobre todo para las mujeres.

  Hoy Rosalía de Castro es el gran símbolo cultural de Galicia, con permiso de Emilia Pardo Bazán. Todos la citan. Pocos la leen. Es famosa una vieja metedura de pata de Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista como presidente de la Xunta, donde citó a Rosalía de Castro como su escritora preferida… para después ser incapaz de nombrar correctamente una sola de sus obras. 

  La impostura de Feijóo no empezó con Orwell y 1984. Pero más graves que sus enormes lagunas culturales son sus erráticas posiciones políticas. Ese oportunismo electoral del líder del PP que redefine a cada rato sus principios, siempre tras la estela de la extrema derecha.

  Hay argumentos para criticar la regularización de inmigrantes que acaba de poner en marcha el Gobierno. El fundamental: que pudo hacerlo mucho antes. Esta necesaria medida llega tras un pacto con Podemos para la que no necesita sus votos. El PSOE lo hace así, el Gobierno lo hace ahora, para salir del debate ferroviario e intentar recomponer la mayoría de la investidura. Es una jugada a tres bandas, con la mirada puesta en Puigdemont; probablemente Podemos después apoye a cambio la transferencia a Catalunya de las competencias sobre migración que pide Junts. Con mucha, mucha suerte –aún parece muy difícil– puede que hasta se aprueben los Presupuestos.

  Es criticable el momento. O que una regularización así no pase por el Parlamento, como sería deseable. Pero no son admisibles las mentiras y la demagogia con las que la oposición ha criticado esta medida, que es idéntica a la que antes aprobaron Felipe, Aznar o Zapatero.

  Esta regularización es la misma que llevó al Parlamento una iniciativa legislativa popular que contó con más de 600.000 firmas. Hace menos de dos años, el PP votó a favor. 

  Este Alberto Núñez Feijóo es también el mismo político que respaldó públicamente esa propuesta en varias entrevistas. “Hay un debate que debemos de zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos”, aseguró Feijóo en 2024.

  Sin duda, sí. Hoy están más tranquilas esas personas que viven, trabajan y pagan impuestos en España (del IVA nadie se escapa, aunque esté en la economía sumergida). Pero no por la acción de Feijóo, que aún hoy está intentando boicotear en Europa esta regularización. Menos aún por Vox, que si pudiera pondría en marcha esa misma gestapo contra los inmigrantes que actúa impune en Estados Unidos.

  Es falso que esta regularización vaya a “colapsar” los servicios públicos. Estas personas ya están aquí, sus hijos ya van a las escuelas y también son atendidas por nuestros hospitales. La gran diferencia es que, a partir de ahora, saldrán de la economía sumergida, serán menos vulnerables a los abusos laborales y tendrán menos miedo al futuro. 

  También aportarán más si están legales. Para las cuentas públicas, según dos estudios, el beneficio fiscal neto es de entre 3.300 y 4.000 euros al año por cada nuevo inmigrante que pasa a tener papeles. Regularizarlos supone más recursos para los servicios públicos, no menos.

  Tampoco es verdad que el Gobierno esté manipulando el censo para ganar las generales de 2027. Y es aún más indignante que esta teoría de la conspiración la alimente Alberto Núñez Feijóo. Porque si alguien se ha aprovechado del voto de los emigrantes en España ha sido el PP gallego. Podría decirse que casi lo inventó. 

  En las cuatro legislaturas que gobernó, Manuel Fraga cultivó el voto de la diáspora gallega con subvenciones, aperturas de centros culturales y una red de agentes electorales en países como Argentina, Brasil, Uruguay o México, donde la Xunta y el PP se mezclaban hasta hacerse indistinguibles.

  La ventaja electoral del PP en lo que algunos dieron en llamar la quinta provincia gallega se demostró elección tras elección en los años 90 y los primeros 2000. En 1997, el PP registró el 52% del voto en el resultado total. En los votos de la emigración, su porcentaje fue aún mayor: el 68,7%, casi siete de cada diez. Y todo después de una intensa campaña de la Xunta en esos países con ayudas directas y actos en los centros de emigrantes que hicieron crecer el censo un 55% en los meses previos a las elecciones.

  Que ciudadanos que viven en Uruguay, Argentina o Brasil –y que, en muchas ocasiones, jamás han pisado España– decidan quién debe gobernar Galicia siempre me pareció un disparate, por mucho que se les reconozca un pasaporte al que, por historia, tienen derecho. Pero es aún más contradictorio que se niegue el voto a personas que –esas sí– viven, trabajan y pagan impuestos en España.

  Por mucha prisa que se quiera dar el Gobierno, estos inmigrantes ahora regularizados no podrán en ningún caso participar en las próximas elecciones generales: hace falta la nacionalidad, no un permiso de trabajo. Solo podrían, en algunos casos y dentro de un tiempo, votar en las municipales. También es dudoso que esto ayude electoralmente a la izquierda. La mayoría de las personas regularizadas son latinas; un bloque heterogéneo pero que suele tener un sesgo conservador. 

  Todos estos datos y argumentos son de sobra conocidos por Alberto Núñez Feijóo. Cuando en 2024 apoyó la regularización lo hizo también porque se lo pidieron dos grupos de presión importantes para la derecha española: Cáritas –es decir, la Iglesia Católica– y las patronales de empresarios. 

  Feijóo también conoce la historia de Galicia. Por eso su discurso actual no es ignorancia sino cálculo. De nuevo el cortoplacismo de un líder que se vendió como moderado y hoy compite en el mismo carril que Ayuso y Vox.

  España fue durante más de un siglo un país que expulsaba a los suyos. Hoy recibe a quienes buscan lo mismo que anhelaban nuestros abuelos: trabajo, seguridad, futuro. 

  Hay algo profundamente indecente en haber sido emigrantes y olvidarlo en tan pocas generaciones. 

• La regularización de migrantes enfrenta a las derechas con la Iglesia: “Están más con el demonio que con los pobres”

  

  Vox, Falange y los sectores más ultras del catolicismo patrio tildan de “traición” el apoyo de los obispos a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno, mientras que el PP se desmarca de una iniciativa que apoyó en su día

  El sector ultra rompe la unidad en la Iglesia y critica la regularización de migrantes: “Todos no caben”

  “Esto es puro Evangelio”. 84 instituciones vinculadas a la Iglesia católica, entre ellas la propia Conferencia Episcopal, la Confer, Cáritas o Redes, formaron parte, “desde el principio”, del proceso que germinó en la mayor Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la historia de nuestra democracia para solicitar al Congreso la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes. Una medida que, finalmente, verá la luz a través de un Real Decreto, tras un pacto entre el Gobierno y Podemos, y que desde la Iglesia ven como “una gran noticia”.

  “Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”, señalaba el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que durante meses mantuvo encuentros personales con los principales líderes políticos para lograr su adhesión a un pacto social sin precedentes.

  Sin embargo, otros ‘católicos’, tanto dentro como fuera de la Iglesia, se han sacudido ante la reforma migratoria. Algunos, muy sonoros, por su cargo, como los obispos ultras de Oviedo y Orihuela, Jesús Sanz y José Ignacio Munilla, que se quejaban de que “todos no caben”, rompiendo la unidad episcopal.

  Católicos pidiendo eliminar la X de la Iglesia

  También, desde la denominada ‘fachosfera eclesial’, calificando a los obispos de “traidores” por permitir la “invasión” de extranjeros (obviando que la norma regulará solo los casos de migrantes con arraigo, ya residentes en España), y asumiendo (falsamente) que se trata de una medida para otorgar millones de votos para lograr un vuelco en las próximas generales. Son casos tan estrambóticos como el de ‘Universitarios católicos’, que ha lanzado una campaña para pedir “la eliminación de la casilla para la Iglesia Católica en el IRPF” por el apoyo a la regularización extraordinaria por parte de los obispos, a los que acusan de estar “una vez más, alejados de los católicos españoles y cercanos a los políticos anticlericales”.

  O como algunos de los curas que rezaron por la muerte del Papa Francisco y que, en sus redes sociales, denuncian la “traición continua” de la Conferencia Episcopal. Y es que, de un tiempo a esta parte, la deriva antiepiscopal de la ultraderecha y sus pseudomedios es evidente. Entre los adalides de esta estrategia se sitúa el filósofo cercano a Vox, Miguel Ángel Quintana Paz, quien no ha dudado en arremeter contra los obispos, mezclando convenientemente la resignificación de Cuelgamuros y la regularización de migrantes para llamar a los buenos católicos a desobedecer a sus obispos. O, al menos, a los que disienten de las verdades oficiales de lo que el teólogo Juan José Tamayo denomina “neocristofascismo”. Así, el director del think tank de la sobrina de Le Pen (ISEEP) apunta que “la visible incompetencia de nuestros obispos al abordar asuntos políticos (inmigración, Valle...) tiene algo bueno: que el resurgir católico actual no derive en clericalismo. Que el clero no se vea como «jefes» de los católicos. Pues no lo son”.

  En el trasfondo del desencuentro entre obispos y ultraderecha está la ‘guerra cultural’ de la que hacen gala todos estos grupos, curiosamente enfrentados entre sí (en las autonómicas de Aragón, HazteOír está haciendo campaña contra Vox), disputándose la autoridad moral del rigorismo. En esta tesitura, ha causado desazón entre los obispos un tuit de la Falange Española en la que muestra el presidente de la Conferencia Episcopal transformándose en un demonio, en un proceso de conversión que le hace aparecer, primero, como George Soros. “La inmigración es mafia, explotación, salarios indignos, desarraigo y disolución cultural. Lo más lejano a la Doctrina Social de la Iglesia. Si la patronal, Podemos, Soros y la CEE están de acuerdo en promoverla, igual la Conferencia Episcopal está más con el demonio que con los pobres”.

  ¿Y qué pasa con el PP?

  Todo esto en la ultraderecha patria. Pero, ¿qué sucede con la derecha tradicional, con la democracia cristiana supuestamente inserta en las filas del Partido Popular? Porque el PP rechaza la regularización aprobada por el Gobierno, al igual que, durante mucho tiempo, se opuso a la ILP promovida por un millar de asociaciones civiles y religiosas. De hecho, solo votaron ‘sí’ a la admisión a trámite por la presión de la jerarquía eclesiástica y de las bases del partido que participan en las organizaciones, cristianas o no, que promovieron la recogida de firmas de la iniciativa informa Aitor Riveiro.

  En 2024, cuando la propuesta llegó al Congreso, el PP titubeó sobre qué votar. Entonces, reconocieron que Cáritas había presionado para lograr un apoyo al texto. En el debate parlamentario, la diputada Sofía Acedo criticó al Gobierno por “la hipocresía” de promover una ILP que no llegó desde el Ejecutivo, sino desde la sociedad civil, conminando al Gobierno a usar la vía del Real Decreto. “Hoy mismo, sin esta tramitación, podría aprobar un real decreto reglamentario y aplicarse desde mañana”, la regularización. Ahora que el Ejecutivo ha recurrido a esa vía ante el bloqueo de las derechas en el Congreso, el PP da la vuelta al argumento, critica que se haga así, y reclama una ley.

  El discurso que relaciona directamente a las personas migrantes con la “inseguridad” en los barrios fue asumido por Alberto Núñez Feijóo y, ahora, vuelve a ser esgrimido como razón para rechazar la regularización, junto al ‘efecto llamada’ y una supuesta estrategia para querer inflar el censo electoral de cara a las próximas generales, que es falsa.

  Y es que el voto a favor de la ILP fue un gesto fugaz expresamente dirigido a la Iglesia y a la patronal, que reclama la regularización para obtener mano de obra legal. El proceso finalmente aprobado por el Gobierno ya no exige el apoyo del PP. Fuentes cercanas a Añastro (sede de la CEE) confirman que Núñez Feijóo comunicó telefónicamente su negativa a apoyar la regularización al arzobispo Argüello. Después, el silencio de un PP que evita criticar directamente a la Iglesia, pero se esfuerza (al menos en este campo) por no forzar unas relaciones que Vox hace tiempo que dio por rotas.

  Toda la información en www.religiondigital.org

• Sólo los ignorantes y los racistas se oponen a dar papeles a los inmigrantes

  

  'Política para supervivientes' es una carta semanal de Iñigo Sáenz de Ugarte exclusiva para socios y socias de elDiario.es con historias sobre política nacional. Si tú también lo quieres leer y recibir cada domingo en tu buzón, hazte socio, hazte socia de elDiario.es

  En los años 60, el Congreso de EEUU no renovó un programa iniciado en 1942 que permitía la entrada de mexicanos en el país para trabajar en las explotaciones agrícolas. Así que en el verano de 1965 a alguien se le ocurrió una idea genial. Aparentemente. Convencerían a los estudiantes de instituto, chicos de 17 años en buena forma física porque formaban parte de las competiciones deportivas de los centros, para que trabajaran en la cosecha. Miles de ellos se apuntaron gracias a las razones esgrimidas por sus maestros. Les pagarían un sueldo y se lo pasarían bien. “El trabajo agrícola hace a los hombres”, decían los folletos enviados a los colegios. 

  Fue un desastre. Sus condiciones de trabajo eran las mismas que las de los anteriores braceros mexicanos. Es decir, dormían en literas en dormitorios desvencijados, les daban muy mala comida y trabajaban soportando altas temperaturas. Muchos no duraron más que unas pocas semanas. Los agricultores estaban descontentos porque no hacían bien su trabajo. Los jóvenes se sentían explotados y tenían razón. 

  El asunto llegó al Congreso, donde algunos políticos explicaron que el programa no tenía sentido. “Al denunciar las condiciones de trabajo como inaceptables para los trabajadores de EEUU, (el congresista) Roncaglio no admitió que eran las mismas que los braceros mexicanos habían soportado desde 1942”, escribió una historiadora en un libro posterior. 

  La retórica xenófoba de que EEUU no necesitaba a tantos mexicanos en su economía chocó con la realidad. Sólo los inmigrantes, obligados a aceptar un trabajo duro que por otro lado no conseguían en su país, estaban dispuestos a aceptar ese tipo de vida. Los congresistas en Washington nunca habían sido conscientes de lo que supone trabajar en el campo. 

  Es una historia no muy diferente a lo que vemos hoy en EEUU y Europa, quitando esa parte estúpida de pensar que los jóvenes podían hacer el trabajo de adultos mucho más sacrificados. Partidos de la derecha y la extrema derecha alegan que hay demasiados inmigrantes en España. Más allá de sus ideas xenófobas, ignoran por completo la realidad económica del país. No es que sea necesario estar muy atento. Es un proceso del que ya se hablaba hace décadas, mucho antes de que aumentara la población de origen extranjero. Sectores como la construcción y la agricultura, a los que ahora habría que sumar el de los cuidados y una buena parte del sector de servicios en las zonas turísticas, no pueden funcionar sin los inmigrantes. Y además esas personas aportarán mucho más a la economía y será más difícil que sean explotados por empresarios sin escrúpulos si cuentan con papeles que legalicen su estancia en España.

  La falta de papeles genera abusos y también marginación y furia. El inmigrante despreciado por la sociedad termina pensando que no debe nada a nadie, porque nadie hace nada por él. Esa alienación, a falta de una palabra mejor, es un pésimo resultado que hace imposible la integración, que es el objetivo al que dicen aspirar la mayoría de los partidos.

  La noticia de que el Gobierno pondrá en marcha un proceso de regularización de extranjeros que podría beneficiar a medio millón de personas ha causado el rechazo total del PP y de Vox. Lo de la extrema derecha era previsible. El racismo es el punto principal de su programa político. Sólo hay que ver su propaganda en Twitter, donde Sánchez aparece entregando pasaportes a jóvenes de aspecto magrebí cuando serán los latinoamericanos los que más se beneficien.

  Lo del PP es menos entendible. Por la parte política, sí. El partido de Alberto Núñez Feijóo está aterrorizado ante el crecimiento de Vox en los sondeos en los últimos dos años y cree que debe endurecer su discurso contra la inmigración para impedir la huida de sus votantes. Pero no estaría de más exigirle un mínimo de coherencia. Esta regularización no es muy diferente a la que promovió el Gobierno de Aznar y después el de Zapatero. 

  Inevitablemente, han recurrido a la alarma por el posible efecto llamada. Eso no fue lo que ocurrió tras la regularización de Zapatero. El número de llegadas de extranjeros se redujo en un contexto de crecimiento económico o al menos eso es lo que detectaron los estudios realizados sobre el tema. Feijóo se ha apresurado a anunciar que llevarán el tema a Europa. No se ha cansado de encajar derrotas en Bruselas. La Comisión Europea ya le ha recordado que el tema pertenece a las competencias de cada Estado. Sobre lo que dijo Santiago Abascal de que la medida perjudica “el correcto funcionamiento del espacio Schengen”, hay que saber que conseguir papeles y un permiso de trabajo en España no te da también ese permiso para trabajar en Alemania. 

  

  El PP se sumó a otro bulo absurdo de la ultraderecha al acusar a Pedro Sánchez de intentar ganar votos entre los extranjeros. Tener la residencia legal no te da el derecho al voto en unas elecciones generales. Para eso, hay que tener la nacionalidad, y ese es un proceso que en la práctica dura muchos años, no sólo los dos años mínimos establecidos por ejemplo para los que llegaron de países latinoamericanos. Hubo que esperar al viernes para que reconocieran algo que en el fondo ya sabían. 

  Para recibir los papeles, los inmigrantes tendrán que probar que no tienen antecedentes penales. A la búsqueda de algo que atraiga a los votantes de Vox, a Feijóo se le ha ocurrido reclamar que se incluyan también los llamados antecedentes policiales en otro intento de relacionar inmigración con delincuencia. Hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que impiden dar ese paso. Incluso aunque se cambiaran las leyes en el Parlamento, quedaría el hecho de que ser detenido por la Policía no acaba con la presunción de inocencia.

  Tanto Feijóo como Díaz Ayuso establecieron diferencias entre inmigrantes con la intención de pedir que los de origen latinoamericano deberían tener un tratamiento especial al compartir con nosotros el idioma y algunos supuestos valores comunes. “Los hispanos”, dijo Ayuso en 2024, “no son inmigrantes”, porque en España “están en su casa”. Según una estimación de la fundación Funcas, el 91% de los inmigrantes en situación irregular es de origen latinoamericano, por lo que serán los más beneficiados por la nueva medida. De repente, al PP, que buscaba atraerse el apoyo de ese colectivo, se le ha apagado el entusiasmo. Ahora, Feijóo afirma que la regularización traerá “problemas de convivencia”. Resulta que los latinos que antes estaban “en su casa” ahora nos traerán problemas.

  Soy consciente de que a mucha gente le molesta que se haga énfasis en motivos económicos para explicar las ventajas de regularizar a los sin papeles. Dependiendo de cómo se explique, puede parecer que sólo se les considera herramientas con las que conseguir beneficios económicos. Hacen los trabajos que nosotros no queremos, así que vamos a explotarlos. Aquí hay que recordar una frase de Ayuso en la Asamblea de Madrid dirigida a Vox por la que recibió críticas: “Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas”.

  Explicado así sonaba un poco clasista al limitar todo a una cuestión de conseguir mano de obra, preferiblemente barata, para ciertos trabajos que nos hagan la vida más fácil, empezando por lo de limpiar nuestras casas. Los inmigrantes no vienen a España a quedarse con los empleos duros, sino a construir un futuro para ellos y sus hijos y con ello contribuyen a la prosperidad del país. Muchos lo pueden hacer con la formación universitaria que recibieron en sus países o con nuevas habilidades que obtienen en una economía más desarrollada. Otros tienen que conformarse con empleos más exigentes y peor remunerados. Como les pasa a los españoles que han nacido aquí.

  Tampoco se puede obviar la cuestión demográfica. Desde los años 80, se viene hablando del descenso de nacimientos en España, un riesgo a largo plazo para toda la sociedad. Los países que pierden población de forma persistente durante décadas no suelen ser los más prósperos. La llegada de millones de extranjeros ha contribuido a atenuar el problema, cosa que no han hecho los gobiernos españoles con ayudas económicas tan escasas como irrelevantes para aumentar la natalidad.

  Hay cosas que no se solucionan con más dinero. No hay Gobierno en Europa que haya concedido tantas ayudas económicas a la natalidad como el de Hungría. El índice de fertilidad mejoró algo años atrás, pero después se impuso la misma realidad que en el resto del continente. En 2025, nacieron 72.000 niños, un 7% menos que el año anterior. Los fallecimientos fueron 124.200. La tasa de fertilidad cayó a 1,31 hijos por mujer en edad de tenerlos (era de 1,39 un año antes), la cifra más baja en catorce años. La cifra de España es 1,1. 

  El incremento de la población en los últimos años no hubiera sido posible sin la llegada de inmigrantes y ese aumento es uno de los factores más relevantes del crecimiento económico del que se ha disfrutado desde entonces. Eso incluye los buenos datos de empleo conseguidos en 2025 y el hecho de que varias comunidades autónomas habrían perdido población si no hubieran tenido la aportación que da la inmigración.

  Ahora que el PP y Vox compiten para ver quién es el más xenófobo, sería divertido recordarles la decisión que tomó Giorgia Meloni el año pasado. El Gobierno italiano anunció en junio que concederá 500.000 visados de trabajo a personas de fuera de la UE entre 2026 y 2028. Es una cifra similar a la que adoptaron para el periodo 2023-2025. Como siempre en estos casos, establecer programas de migración legal no siempre afecta al número de personas que llegan por los aeropuertos y que deciden quedarse después de forma irregular. 

  La Meloni idolatrada por Vox y a la que Feijóo ha elogiado sabe que su país necesita a esos trabajadores extranjeros. La única duda es cómo poner en práctica esos mecanismos para que sean efectivos. 

  No hay que ser un genio para hacer las cuentas. En 2024, en Italia los fallecimientos superaron en 281.000 a los nacimientos y la población se redujo en 37.000 personas. Esa es una tendencia que todos los discursos reaccionarios y ultranacionalistas en España no pueden ocultar. Regularizar a los migrantes es una cuestión de defender la dignidad de las personas que han nacido en el extranjero para que puedan aportar a la sociedad y es también una decisión obligada por la realidad económica y demográfica de España.