El Diario

• La investigación a Montoro incluye correos de maniobras de Hacienda para salvar al PP y atacar a Podemos

  

  El jefe de gabinete del ministro abordó con el entonces titular de Hacienda la respuesta que había que dar al juez Ruz para que no pudiera acusar al PP de delito fiscal en el caso de la caja B; también le informó de los pasos para acorralar a Monedero

  Quién es quién en el equipo del exministro Montoro imputado por usar Hacienda para favorecer a empresas

  El levantamiento del secreto de sumario en la causa contra Cristóbal Montoro permitirá conocer los indicios que alberga acerca de una guerra sucia practicada desde el Ministerio de Hacienda contra los mismos adversarios políticos a los que el Gobierno de Mariano Rajoy atacó con las herramientas del Ministerio del Interior. Los correos incautados por un juez de Tarragona a Equipo Económico, la consultoría fundada por Montoro, incluyen indicios de que Hacienda intercedió a favor del Partido Popular en el caso más grave de corrupción que ha afectado a la formación, el de su caja B, y también otros contra sus enemigos habituales, caso del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

  El mes de marzo de 2015 negros nubarrones se cernían sobre el Partido Popular, entonces en el Gobierno. El magistrado Pablo Ruz avanzaba hacia el final de la instrucción del caso de su financiación irregular, el caso de los ‘papeles de Bárcenas’, y había solicitado a Hacienda un informe que podía resultar clave sobre la responsabilidad del partido en el pago de las reformas de su sede central con dinero negro.

  Entre los correos en poder del juez de Tarragona que investiga a Montoro hay varios mensajes en los que los colaboradores del ministro le informan de las posibles respuestas al magistrado y cuál de ellas exoneraría al Partido Popular de haber cometido un delito fiscal. Finalmente, Hacienda optaría por esta vía para responder al magistrado.

  El 11 de marzo de 2015, el jefe de Gabinete de Montoro escribe a su jefe: “La AEAT parte de unos ingresos de 1 millón de euros (…). Si se le aplicasen los gastos deducibles (900.000), la base imponible quedaría en 100.000. La cuota defraudada, una vez reducida en retenciones, queda alrededor de 30.000. No es delito”. El jefe de Gabinete de Montoro era Felipe Martínez Rico, ahora imputado junto al exministro por beneficiar a las empresas gasísticas con cambios legislativos a cambio de dinero. En su correo da otras opciones al ministro que finalmente no se presentaron al juez y que sí incriminaban al Partido Popular.

  Estos correos fueron revelados por El Periódico en abril de 2023, cuando todavía pesaba el secreto del sumario y en medio de una guerra interna en el seno de Anticorrupción. Ese enfrentamiento lo libraban el jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón, y la fiscal del caso, Carmen García Cerdá. Esta última quería ampliar la investigación del juzgado de Tarragona de Equipo Económico, Hacienda y las gasísticas a posibles revelaciones de secretos cometidas por Montoro y sus colaboradores, que habrían utilizado los datos confidenciales de la Agencia Tributaria de forma arbitraria.

  Ante los obstáculos presentados por Luzón, la fiscal del caso recurrió al instrumento excepcional de que fuera la junta de fiscales de Anticorrupción, con todos sus miembros, quien analizara las opciones. Se impuso el criterio de Luzón, según el cual no había delito de revelación de secretos porque el ministro tenía la potestad de estar informado y que añadía que tenía que haberse producido un daño no acreditado. La mayoría de los fiscales Anticorrupción se alinearon con su jefe y solo cuatro de ellos, entre ellos la fiscal de los casos Gürtel y caja B, Concepción Sabadell, se pusieron del lado de la fiscal del caso. Resultado: 19 votos contra 5.

  La fiscal intentó buscar la fórmula, a través de los Mossos d’Esquadra, para que el fiscal de Tarragona estudiara los correos, pero fue descubierta y se le abrió un expediente por no respetar las órdenes de su superior cuya sanción fue recientemente refrendada por el Tribunal Supremo, imponiéndole una multa de 1.000 euros.

  En el caso de la caja B del PP, el fiscal Anticorrupción del caso, Antonio Romeral –actual número dos de Luzón– se posicionó en contra de atribuir un delito fiscal al Partido Popular, siguiendo el criterio de la Agencia Tributaria, cuyo director de entonces también está imputado en el caso del juzgado de Tarragona por beneficiar a las gasísticas. Finalmente, el juez Pablo Ruz acusó del delito fiscal al PP y la Audiencia Nacional primero, y el Tribunal Supremo después, condenaron por ese concepto al partido en concepto de responsable civil subsidiario.

  El enfrentamiento en Anticorrupción y las informaciones de El Periódico constituían la punta del iceberg de un caso que permanecía en su mayoría en secreto. Esas discrepancias entre los investigadores se extienden también a las fuerzas policiales, según fuentes del caso. La Unidad Central Operativa se sumó a las pesquisas en 2021 y ha elaborado desde entonces dos informes que no presentan indicios contra los investigados de Equipo Económico y el Gobierno de Rajoy, frente a otros atestados de los Mossos que sí sostienen las acusaciones.

  Por todo ello, el auto del juez Rubén Rus Vela conocido este miércoles ha supuesto una enorme sorpresa. El juez imputa siete delitos, varios de ellos de corrupción, al exministro Montoro y a nueve de sus colaboradores. En total son 28 personas físicas imputadas, entre ellas los presuntos corruptores de las sociedades gasísticas. Fuentes del caso hablan de 17 tomos de sumario que serán puestos a disposición de las partes personadas en los próximos días. Resta conocer si las piezas separadas abiertas por el juez están relacionadas con los ataques desde el Ministerio de Hacienda a adversarios del PP y el ministro Montoro.

  “Van a elaborar una ficha de Monedero”

  Los correos electrónicos que aparecen en el extenso sumario de Tarragona ofrecen también indicios de cómo el ministro Montoro era puesto al día de las actuaciones contra rivales políticos. Es el caso del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El profesor de la Complutense se había salvado de una imputación por fraude fiscal al haber abonado una cantidad que le reclamaba la Agencia Tributaria antes de que se le notificara la inspección y después de que la publicación de filtraciones advirtieran al profesor de Ciencias Políticas del riesgo de que derivara en una investigación judicial.

  El desenlace de estos hechos no pareció que satisficiera a los responsables del Ministerio de Hacienda del PP. “Ministro, para tu información. Te he marcado en amarillo lo relevante. He pedido información adicional para aclarar. De momento, van a elaborar una ficha, y te la mandamos antes de dar traslado a MEYSS [Ministerio de Empleo y Seguridad Social]”, escribe el jefe de Gabinete de Montoro a una dirección de correo en la que aparece el segundo apellido del ministro.

  En ese correo electrónico, que también publicó en su momento El Periódico, el jefe de Gabinete de Montoro entrega datos fiscales del adversario político al ministro y añade: “Debemos elaborar una ficha de información con trascendencia tributaria (FITT) y enviarla a la Inspección de Trabajo para que los dé de alta (a los pobres becarios) en el régimen general con los que se practicaría liquidación en la Seguridad Social”.

  Juan Carlos Monedero está pendiente de conocer si podrá actuar como acusación en el proceso, algo que su defensa espera conocer con el levantamiento del secreto de sumario. Su petición de personarse se remonta a noviembre de 2023.

  El intento por salvar al PP del caso de la caja B, saboteando la instrucción judicial, y de frenar las aspiraciones de Podemos por llegar al Gobierno en 2016 constituyen dos de las tres patas de la actuación de la brigada política del Ministerio del Interior, investigadas en la actualidad por la Audiencia Nacional. La confirmación de las maniobras por parte de Hacienda constituirían otra versión de la guerra sucia del PP durante el Gobierno del PP desconocida hasta ahora.

  Persecución a enemigos de Montoro

  La causa del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona alberga igualmente correos electrónicos que denotarían prácticas de persecución contra otros enemigos de Montoro, algunos compañeros del Partido Popular. Entre estos últimos estarían Rodrigo Rato, cuyo caso en los tribunales arrancó de una investigación de la Agencia Tributaria, y Esperanza Aguirre. Entre los mensajes hay alusiones también al periodista de ABC Javier Chicote, quien habría informado sobre las presuntas actividades delictivas del despacho fundado por Montoro.

  El juez de Tarragona Rubén Rus Vela investigaba en 2017 un caso relacionado con la ordenación del territorio en el curso del cual encontró un correo electrónico que apuntaba a “la existencia de posibles pagos a la mercantil Equipo Económico a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)”, según explica el propio magistrado en su auto de levantamiento del secreto de las actuaciones.

  Rus abrió unas diligencias que en 2021 dieron un salto cualitativo con el registro de la consultora fundada por Montoro en 2006 y de la que el exministro dijo que se desvinculó antes de volver al Gobierno, después de un primer periodo como ministro de Hacienda con José María Aznar. Las continuas revelaciones del caso y su trascendencia han hecho al juez solicitar la prórroga del secreto de las actuaciones durante estos siete años, avalada por la Audiencia Provincial de Tarragona. En la causa llegó a haber pinchazos telefónicos, pero fuentes del caso aseguran que fue la propia Fiscalía Anticorrupción quien solicitó su nulidad. La instancia superior respaldó esa petición, pero no así otras del departamento de Alejandro Luzón, a favor de que se levantara el secreto del sumario en años precedentes.

• La investigación contra Montoro apunta a cinco gigantes del gas industrial

  

  El juez no solo imputa a antiguos altos cargos de Hacienda y a los dueños del despacho del exministro sino también a directivos de algunas de las principales empresas del sector acusadas de conseguir importantes rebajas fiscales usando su contacto directo con el entonces ministro del Gobierno de Mariano Rajoy

  Quién es quién en el equipo del exministro Montoro imputado por usar Hacienda para favorecer a empresas

  La causa en la que ha sido imputado Cristóbal Montoro apunta a un grupo de altos cargos de Hacienda que durante las tres legislaturas de Mariano Rajoy, supuestamente manipularon leyes para favorecer a un grupo de empresas. Se trata de entidades que facturan cientos de millones de euros cada año y que pertenecen a un sector con poca trayectoria en el mundo de la corrupción política: los gases industriales y medicinales. Las principales empresas gasísticas a nivel nacional están acusadas de contratar al despacho que fundó Montoro en 2006 para engrasar su acceso hasta la Moncloa y conseguir, dinero mediante, cambios legales que bajaran sus impuestos.

  El término “gasístico” se asocia, generalmente, a la industria del gas natural y la calefacción, pero también hay empresas que se dedican desde hace más de 100 años a la fabricación de otros gases. Los hay medicinales, como el óxido nitroso, el helio o el oxígeno médico, presentes en ambulancias, quirófanos y hospitales. Y también existen los industriales, como el acetileno, el argón o el nitrógeno, usados en la metalurgia, como refrigerante o incluso para producir bebidas carbonatadas. Desde hace más de tres décadas, la producción de todos esos productos lleva aparejado el pago de impuestos.

  El auto que imputa al exministro de Hacienda y buena parte de su equipo más cercano apunta a cómo las cinco principales empresas del sector en España, unidas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), empezaron a moverse en 2013 para beneficiarse de una bajada de impuestos sin tener demasiado éxito. El PP llegó a presentar una enmienda que no prosperó. Las empresas decidieron entonces “cambiar de estrategia”, según el juez, y acercarse lo máximo posible a Montoro para conseguir su ansiada bajada de impuestos.

  Los datos de la asociación dimensionan el negocio que buscaba cambiar las leyes fiscales a su favor. Existen en torno a 90 instalaciones en todo el país, más de 200.000 clientes y un total de 3.500 empleos directos. Algunas son filiales españolas de grandes empresas como la francesa Air Liquide, la alemana Messer, la estadounidense Praxair y Abelló (hoy ambas Linde), y la española Carburos Metálicos. Y todas están en el top 10 español del sector con una facturación, en la mayor parte de los casos, de varios cientos de millones al año. Muchas son referencias de la producción de gases a nivel mundial.

  Air Liquide, según sus propios datos, tiene más de 66.000 empleados repartidos en 60 países de todo el mundo, ingresando más de 20.000 millones al año. Messer presume de tener casi 12.000 empleados en todo el globo. Carburos Metálicos pertenece al grupo Air Products con más de 250.000 clientes. Linde afirma tener presencia en 80 países. Y en esos años, en España, se jugaban buena parte del pastel de impuestos que pagaban cada año.

  “La vía más directa” hasta Montoro

  Hacer la guerra por su cuenta no funcionó, explica el juez de Tarragona, y estas empresas del sector del gas dieron con la fórmula del éxito: contratar a Equipo Económico, el despacho que el propio Cristóbal Montoro había fundado en 2006, justamente en uno de los años que pasó en el sector privado desde que José María Aznar perdió el Gobierno en 2004 y Mariano Rajoy lo recuperó, en 2011. El objetivo era que el despacho, plagado de exaltos cargos y futuros altos cargos de Hacienda y gente de confianza del ministro, “hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones”.

  El plan, según el juez, funcionó y la AFGIM, que agrupaba a las principales empresas españolas del gas industrial y medicinal llegaron a redactar los textos legales tal cual los querían. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda”, dice un correo interno que cita el magistrado. Los primeros resultados llegaron en 2014, siempre según las sospechas del juez, con la modificación del Reglamento de Impuestos Especiales, que les fue favorable.

  El segundo impulso para el que las empresas gasísticas necesitaron a los antiguos compañeros de Montoro llegó en 2018. El Gobierno iba a modificar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y los productores de gas buscaban reducir su factura a la mitad. Tanto lo que pagaban por cada “obrero” como lo que pagaban por kilovatio. La normativa de ese año, efectivamente, les introdujo en el grupo de los que pagaban menos, una tercera parte de lo que abonaban antes.

  Los exaltos cargos de Hacienda, de la Agencia Tributaria y los socios del despacho que fundó Montoro no son los únicos investigados en el caso. El auto del juez también apunta a Air Liquide, Praxair, Carburos Metálicos, Abelló Linde y Messer, la mayor parte de las empresas que agrupa AFGIM, y 15 personas más. Entre ellos varios directivos de estas compañías, incluyendo directores generales, de operaciones y jefes de personal, servicios legales y responsables fiscales de las empresas.

  El secreto del sumario acaba de levantarse y por el momento está por ver las pruebas concretas que maneja el juez para cimentar sus acusaciones, pero por el momento apunta a los correos electrónicos intervenidos por casualidad en un registro a una de las empresas hace siete años. Según explica el magistrado, en esas comunicaciones hay pruebas de cómo altos cargos de Montoro en Hacienda pedían indicaciones a las empresas gasísticas para elaborar los cambios legales que, finalmente, reducían su factura fiscal.

  El nombre de Ernst&Young (EY), una de las mayores consultoras del país, también figura en el auto, pero no como parte del entramado corrupto. Según el juez, las empresas contrataron a Equipo Económico para que facilitara los cambios legales que necesitaban, pero, en paralelo, también contrataron a EY para que hiciese “el trabajo efectivo” que permitiera ocultar que pagaban al despacho fundado por Montoro por trabajos que no se podían poner en una factura. Existió una “abrumadora diferencia” entre lo que pagó a cada una de las consultoras.

• La imputación de Montoro y su equipo en Hacienda golpean la estrategia de Feijóo contra el Gobierno

  

  El líder del PP, que contó con uno de los investigados como asesor externo en 2023, intenta poner tierra de por medio con el que fuera ministro de Rajoy y de Aznar, quienes presumieron de limpieza en el congreso de reelección de Feijóo

  Quién es quién en el equipo del exministro Montoro imputado por usar Hacienda para favorecer a empresas

  La imputación del exministro Cristóbal Montoro y parte de su equipo en Hacienda es un golpe directo a la ofensiva final del PP contra el Gobierno, tal y como confirma la rápida reacción del partido. En menos de 24 horas, se anunció el fin de la militancia de uno de los puntales económicos de la derecha en sus dos etapas al frente del Ejecutivo. Quien fuera ministro con José María Aznar y responsable de los recortes sociales más duros de la democracia durante el primer mandato de Mariano Rajoy está investigado judicialmente por cobrar a empresas a cambio de modificaciones legales. Él y ex altos cargos del PP en la Agencia Tributaria, la SEPI, Loterías del Estado, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude o gobiernos autonómicos.

  Montoro fue un asistente fantasma al XXI Congreso Nacional del PP, celebrado este mismo mes de julio en Madrid. Estaba invitado y, según diversas fuentes, acudió a la jornada de clausura. No se sentó en las primeras filas, donde sí lo hicieron otros VIP. No se situó cerca del jefe de la patronal, Antonio Garamendi, ni de la que fuera su compañera de Consejo de Ministros, Fátima Báñez. Se colocó en uno de los márgenes del enorme plenario que congregó a más de 3.000 personas. Por eso no hay pruebas gráficas de su presencia.

  Dos días antes, durante la inauguración del cónclave, intervinieron sus dos exjefes en el Gobierno. Primero fue el turno de José María Aznar, quien hizo una durísima intervención sobre la corrupción que afecta a Pedro Sánchez y el PSOE. El expresidente vaticinó que el destino del actual inquilino de la Moncloa será la prisión. Aznar habló de la “golfería estructural del ‘sanchismo”, y pidió “que los delincuentes dejen de estar en los despachos legislando y pasen a estar en la cárcel”.

  El de Aznar fue uno de los discursos más aplaudidos en los tres días de congreso. Inmediatamente después intervino quien fuera su sucesor al frente del PP y, luego, en el Gobierno, Mariano Rajoy, quien hizo un alegato no solo sobre que su Ejecutivo fue limpio, sino que defendió su lucha “contra la corrupción”.

  Fue precisamente bajo el Gobierno de Rajoy cuando se desplegó la trama que, según el juez, usó su posición en distintos puestos de la administración para beneficiar a empresas a cambio de pagos que se producían a través de una consultora que montó el propio Montoro, Estudios Económicos.

  Feijóo subió al escenario a impregnarse del aura de Aznar y Rajoy ante las dudas que su liderazgo genera entre sus propios votantes.

  El actual líder del PP ha presumido de haber atraído para diferentes tareas dentro del PP a algunos de los altos cargos de los gobiernos tanto de Aznar como de Rajoy. Desde cargos de asesorías más o menos concretas a través de la fundación Reformismo 21 (Báñez o Román Escolano) a la anunciada incorporación de Alberto Nadal en el Comité de Dirección a partir de septiembre. Ahí tiene asiento permanente Javier Arenas, por ejemplo.

  Entre estas incorporaciones está la de Miguel Ferre, uno de los principales supuestos implicados en la trama. En 2023 ‘El Independiente’ publicó que Feijóo contaría con él como asesor. Apenas dos años después, en la dirección del PP han intentado desligar a su líder de quien, efectivamente, colaboró en la redacción del programa electoral para el 23J.

  Fuentes de Génova aseguran que Montoro fue invitado al congreso del PP, junto a otros muchos exministros y personas relevantes en el partido. Pero no confirman oficialmente si asistió o no, pese a que todas las personas que entraron al recinto tenían que acreditarse para hacerlo. Y no desmienten que participara de forma efectiva en el programa de 2023. Las fuentes consultadas se limitan a asegurar que desconocen quiénes son las personas que “pasan papeles a todos los vicesecretarios”.

  El PP además quiere quitar hierro al señalamiento judicial del propio Montoro. Este jueves, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quiso hacer pasar el caso por otro antiguo que fue “archivado”. A Montoro y Bravo les separan dos décadas y les une la procedencia. El primero es oriundo de Jaén; el segundo pasó buena parte de su vida en la localidad andaluza, donde accedió a la Inspección de Hacienda para ascender a delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y pasar luego a la política.

  “La causa ya fue archivada. Iremos viendo cómo van los acontecimientos”, dijo Bravo, para sostener que “muchas normas” redactadas por Montoro y su equipo durante su mandato, y algunas bajo la lupa judicial ahora, “siguen vigentes”. “¿Si eran tan malas, por qué en siete años el PSOE no las ha modificado?”, preguntó.

  También salió al paso el vicesecretario Elías Bendodo, quien ironizó con que el Gobierno de Sánchez “se muestre preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de siete años”.

  Se suma a Gürtel, Kitchen… y Ayuso

  El problema para el PP es que Feijóo ha situado la corrupción en el centro de su ofensiva final contra Pedro Sánchez. Un esfuerzo que ha tenido su recompensa, gracias también a las resoluciones judiciales que se han producido en los últimos meses: la corrupción se ha convertido en el segundo problema que los españoles perciben como el más grave, solo superado por la vivienda, según el CIS de julio.

  Feijóo se esmera en que las causas que investiga la justicia y que afectan al PSOE y a su líder son las “peores” de la democracia. Tanto él como importantes dirigentes y exdirigentes del PP han destacado que nunca se ha vivido una situación como la actual, con la esposa y el hermano del presidente en los tribunales, el fiscal general al borde del banquillo y a sus dos secretarios de Organización en el partido imputados por, supuestamente, cobrar comisiones a empresas a cambio de obras.

  Algo que no es ajeno al PP, el primer y, de momento, único partido condenado por corrupción en España. Hasta tres sentencias han confirmado que el partido que hoy lidera Alberto Núñez Feijóo se lucró de la trama Gürtel, un entramado que se extendía por diferentes niveles de la administración estatal, autonómica y local para cobrar a las empresas que recibían contratos públicos.

  La sentencia de la Audiencia Nacional que sirvió de palanca para la moción de censura de 2018 dice expresamente: “Desde al menos el año 1998 hasta 2009, Francisco Correa creó y dirigió una estructura jerárquica organizada en torno a él, conocida como 'grupo Correa', con la finalidad de enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos mediante la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros previo pago, en este último caso, de la correspondiente comisión”.

  Pero Gürtel es mucho más que esas tres sentencias. Varias de ellas están todavía pendientes de juicio, algunos de los cuales se celebrarán a la vuelta del verano.

  Cuando Rajoy llegó al Gobierno, en 2012, ya había estallado la Gürtel. En 2012 estalló una derivada de ese caso, los papeles de Bárcenas. Es decir, la contabilidad completa del PP, incluidos los sobresueldos que se pagaban a dirigentes del partido con dinero negro, sin declarar a Hacienda y proveniente de las comisiones que se cobraba a las empresas, siempre según las investigaciones policial y judicial.

  La reacción del Gobierno fue la de recurrir a un grupo parapolicial creado para crear pruebas falsas contra rivales políticos y ponerlo a trabajar en la destrucción de las pruebas reales que acorralaban al PP. La Audiencia Nacional investiga esta trama, denominada ‘Kitchen’, y el fiscal pide hasta 15 años de cárcel al exministro del Interior, Jorge Fernández.

  También esta causa debería resolverse en los próximos meses. Como también se resolverá la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y a quien el fiscal reclama tres años y nueve meses de prisión por fraude fiscal y falsedad documental.

  Ahora, la lista se completa con la sospecha de que el Gobierno de Rajoy también cobró por modificar leyes. Un lastre para la oposición de Feijóo.

• Montoro y todas las cosas que Rajoy dice que no se habían producido nunca

  

  Rajoy ha dicho que con el Gobierno de Sánchez han pasado "cosas impensables, inconcebibles y disparatadas". Ahora se acusa a su antiguo ministro de Hacienda de cambiar leyes para favorecer a las empresas que pagaban antes a su antiguo bufete, lo que resulta bastante inconcebible

  El PP resta importancia a la imputación de Montoro

  Teníamos la policía patriótica del Gobierno. Ahora le podemos sumar la Hacienda patriótica. La primera ejecutó sus operaciones a mayor gloria del presidente, Mariano Rajoy, para atacar a los rivales del Partido Popular. La segunda tenía un ámbito más restringido y se ocupaba de favorecer a las empresas que contrataban y financiaban al despacho de abogados fundado por Cristóbal Montoro antes de regresar al Gobierno como ministro de Hacienda, según la investigación judicial que se acaba de conocer. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, irá a juicio por el primer caso en 2026, junto a su secretario de Estado, Francisco Martínez.

  Las expectativas son preocupantes para Montoro, que podría también acabar en el banquillo de los acusados, aunque él estaría mucho mejor acompañado. No sólo está imputado el exministro, sino que también aparecen con la misma condición otros nueve altos cargos de su Ministerio.

  La política requiere de ciertas dosis de cinismo para ejercerla. No conviene pasarse, pero también es conveniente cuidar de tu salud mental si es tu obligación salir a defender a tu partido o a acusar al contrario. Rajoy está ya un poco de vuelta de todo y no le importa hacer una demostración que rompa las escalas. En el reciente congreso del PP, subió al escenario a demostrar lo muy molesto que está por los últimos escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez. No era Mariano El Chistoso ni El Lector del Marca. Era Mariano El Indignado.

  Rajoy no ocultó su perplejidad: “Hemos visto de todo. Cosas que no podíamos ni siquiera imaginar. Cosas impensables. Inconcebibles. Disparatadas. Cosas que no se habían producido nunca”. Nunca se había visto que toda una cúpula de comisarios fuera capaz de fabricar pruebas falsas en investigaciones hechas a espaldas de la autoridad judicial. Nunca se había visto a una empresa conseguir que un Ministerio le hiciera un traje a la medida en los Presupuestos Generales del Estado. Como diría Mariano, inconcebible. Y todo eso ocurrió con su Gobierno.

  Uno de los argumentos utilizados por Pedro Sánchez en su comparecencia del Congreso del 9 de julio fue afirmar que el PP tenía prisa por llegar al poder, porque tendrá que afrontar el próximo año toda una serie de causas judiciales en las que están implicados antiguos dirigentes. Algunos de esos casos existen, aunque parecía más un ejemplo de confundir los deseos con la realidad. Algo tenía que decir al pasar a la ofensiva.

  Será porque en política siempre sale el sol después de la tormenta, pero seguro que Sánchez no se esperaba que un caso judicial del que casi se había perdido la pista por estar declarado secreto saliera en su rescate tan pronto. El 'y tú más' es poco efectivo cuando te refieres a investigaciones judiciales muy antiguas. Si se trata de algo que se está produciendo en tiempo real, el botín es más suculento.

  El siempre hiperactivo Partido Popular se mostró remiso en responder a las alegaciones a cuenta de Montoro. O quizá fuera que los portavoces que salieron a opinar y responder preguntas no forman parte de su escuadrón más hábil en esas lides. Elías Bendodo afirmó que Montoro “no tiene ninguna vinculación laboral” con “el PP actual”. Siempre que sale algún presunto corrupto se desarrolla la teoría de que los partidos no tienen por qué responder sobre el pasado. Es como si esas prácticas ilegales hubieran ocurrido en otra era geológica y hubieran sido realizadas por personas que les son desconocidas.

  El vicesecretario de Hacienda, del PP, Juan Bravo, intentó ser más imaginativo para ganar puntos. “Si hacemos un análisis amplio, yo creo que ustedes aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen”, dijo en Antena 3. A fin de cuentas, sólo se les acusa de cambiar leyes o escribirlas con la intención de favorecer a una empresa privada relacionada con el entonces ministro de Hacienda. Las empresas gasísticas llegaron “a redactar los textos legales (del Gobierno), todo ello mediante el pago de importantes desembolsos”, dice el sumario. ¿Qué es eso comparado con la gravedad intrínseca de un polvo pagado con dinero?

  En la derecha vitaminizada y supermineralizada, no se derramaron muchas lágrimas por Montoro, uno de sus ministros menos favoritos, incluso despreciado por los ultraliberales. La razón es bien conocida. El ministro de Hacienda vulneró las promesas del PP y subió los impuestos cuando Rajoy llegó al poder. El primero que estafó a los que se habían creído esas intenciones en mitad de una brutal crisis financiera que afectaba a la deuda pública y la prima de riesgo fue evidentemente Rajoy. La inquina se la quedó sobre todo Montoro, porque se notaba que disfrutaba con estas decisiones o en las oportunidades en que tenía que explicarlas. De ahí que algunas de sus fotos que se convirtieron en memes del señor Burns.

  Con Montoro y los impuestos, hubo ciertamente momentos insólitos. Al poco de llegar al Ministerio, el ministro llegó a conceder una entrevista en la que explicó no sólo que no iba a subir el IVA, sino por qué ese aumento sería una medida contraproducente. No pasó mucho tiempo hasta que hizo precisamente eso que no se podía hacer. A la derecha le molestó más que subiera el impuesto sobre la renta y que no tuviera ninguna prisa en reducirlo cuando la crisis empezó a atenuarse.

  El PP de Rajoy entró en el Gobierno como siempre aparece este partido después de ganar unas elecciones. Como un tren sin frenos. Montoro se tomó su tiempo para acelerar hasta el punto de que amenazaba en público a colectivos enteros –actores, periodistas, tertulianos...– con lanzarles encima un batallón de inspectores fiscales armados hasta los dientes. Algunas de esas amenazas estaban personalizadas. Eso sí que estaba dentro del apartado de “cosas que no se habían producido nunca”.

  Carlos Alsina contó el jueves lo que pasó cuando Montoro convocó a los responsables del programa de Onda Cero que él dirigía. Estaba muy enfadado con los comentarios que había escuchado sobre su gestión y en un momento dado pasó directamente a las amenazas: “Soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes? Yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo les guste que lo suba. Tenlo presente”. Un periodista de ABC fue investigado por Hacienda, incluidos varios miembros de su familia, por publicar varios artículos que reflejaban los favores que el Ministerio había prestado al antiguo bufete de Montoro.

  Ese Montoro que era pintoresco y hasta guasón en ruedas de prensa y comparecencias parlamentarias se transformaba en privado en una versión fiscal de Miguel Ángel Rodríguez. El PP no para de sostener que nunca antes ha habido tantos ataques a la libertad de expresión y a los medios de comunicación como con el actual Gobierno de Sánchez. Quizá puedan seguir diciéndolo a partir de ahora porque alegarán que no conocen a nadie que se llame Montoro. Sería “disparatado” que le pregunten por él, por utilizar el lenguaje de Rajoy.

• A propósito de Aznar y la golfería estructural

  

  La imputación de Montoro tuerce la ofensiva de Feijóo contra Sánchez por el caso Cerdán, sitúa al PP frente al espejo de su putrefacto legado y descubre la miseria moral de una derecha que soslaya los escándalos de sus gobiernos e imparte lecciones de ética e integridad

  Un juez imputa a Cristóbal Montoro por beneficiar ilegalmente a empresas gasísticas siendo ministro de Hacienda

  Y, de repente, Cristóbal Montoro. La política, a veces, tiene giros de guion que arruinan la estrategia de cualquiera. La de Feijóo sobre la coherencia los principios y la ética acaba de saltar por los aires con la imputación del que fuera ministro de Hacienda primero con Aznar y, luego, con Rajoy.

  No es que el historial de la derecha fuera impoluto hasta el momento. Todo lo contrario. El PP aún tiene pendientes de juicio oral 30 casos por corrupción. Tres ministros han pasado por la cárcel -Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana- y otros tantos fueron imputados: que si las tarjetas black, que si el tráfico de influencias, que si la prevaricación, el cohecho y el blanqueo de capitales, que si la policía patriótica, que si la financiación ilegal, que si las mordidas, que si el fraude fiscal, que si la administración desleal…

  La derecha delinque a lo grande, pero se olvida con facilidad. Acierta Juan Bravo cuando dice que no es comparable lo de Montoro con lo de Koldo o Cerdán. Claro que no. Ya lo dijo Rufián. Unos son corruptos cutres y otros premium. El exministro de Hacienda es de los segundos porque lideraba una trama a través de la cual benefició a ciertas empresas, concretamente a varias gasistas, con reformas legislativas para reducir impuestos si pagaban previamente al despacho Equipo Económico que él mismo había fundado años antes. La mafia de Montoro perseguía además a periodistas que investigaban sus presuntas corruptelas. Unos hace tiempo que lo denunciaron jugándose el tipo y otros lo hacen ahora aprovechando la coyuntura.

  Y, sin embargo, ahí está Aznar abriéndose paso entre las aguas en el reciente Congreso Nacional del PP para ilustrar a sus correligionarios sobre la importancia de la limpieza en política e impartir clases de ética política. Sí, el mismísimo Aznar. El de las mentiras del 11M; el de la guerra ilegal de Irak;el que hizo del matrimonio de su hija una boda de Estado en El Escorial a la que acudieron decenas de ilustres que, después, fueron investigados y enviados a prisión; el jefe de Zaplana, el de Matas, el de Rato y el de Montoro…

  Aznar es también el que habla de golfería estructural cuando se refiere al gobierno de Pedro Sánchez, pero soslaya la que acumularon sus ministros y presidentes autonómicos. Es el expresidente que acusa a la izquierda de subvertir el servicio público para beneficios personales; el que visualiza el Estado “como botín” desde que gobierna el PSOE y la nación, como “moneda de cambio”. El que hace dos semanas abogaba por que los “delincuentes” dejaran de estar en los despachos legislando y entraran en prisión y el que decía que la corrupción que rodea al PSOE «no es cosa de tres o cuatro golfos», sino una “golfería estructural del sanchismo”. Y todo con tanto desparpajo como desvergüenza.

  Y lo mismo Feijóo, que sostiene los días pares, y también algunos impares, que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE tienen sobre sus conciencias “la causa de corrupción más grave de la historia democrática”. Nos toma por imbéciles. Y, además, miente cuando sostiene que la noche del miércoles el Comité de Garantías había decidido, al conocer la imputación de Montoro, la apertura de un procedimiento de información relacionado con el caso. Rotundamente falso. Génova trasladó, a quien preguntó si el partido tenía intención de abrir un expediente disciplinario al exministro que no le constaba que el citado comité tuviera intención de reunirse por las actividades que hubiera tenido una persona que hacía ya ocho años que había sido ministro. Y así todo.

  El escándalo Montoro no resta gravedad al caso Cerdán o Ábalos que envenena los sueños de Sánchez, pero sí proporciona munición a los socialistas tras varios meses de desgaste que han puesto incluso en jaque el curso de la legislatura. El PSOE tratará ahora de sacudirse la presión y devolver el golpe a Feijóo, que además había recuperado parte del núcleo duro de Montoro para su actual equipo económico.