Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, entrega su confesión por el juicio que arranca el lunes a la estructura de blanqueo de la trama corrupta y asume “un grave atentado contra los valores cívicos de la sociedad” y los suyos propios
Un asesor clave en la Gürtel confiesa antes del último juicio: “Dijeron que tenían buenas relaciones con miembros del PP”
Pablo Crespo, máximo colaborador de Francisco Correa, ha entregado un escrito de confesión antes del último juicio a la trama corrupta en el que explica sus funciones dentro de la estructura de fraude fiscal y blanqueo de capitales. En uno de los pasajes de su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Crespo incluye “la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular”.
El próximo lunes arranca el último juicio a la trama de la Gürtel. Se sentarán en el banquillo 26 acusados. Hace ya un lustro que el juez José de la Mata dictó la apertura de juicio oral para esta última pieza de la macro causa. En el marco de la misma se investiga la estructura para defraudar a Hacienda y blanquear el dinero procedente de la corrupción.
La petición de cárcel para Crespo es idéntica a la que se hace por la Fiscalía para Correa, un total de 77 años, si bien ninguno de los dos está actualmente en prisión porque su colaboración arrancó en el primer juicio a Gürtel y ya han cumplido los requisitos para el tercer grado. Pablo Crespo, quien fue secretario de Organización del PP gallego, estuvo nueve años en prisión.
El juicio tratará de esclarecer la citada trama de blanqueo, puesta en marcha por Luis de Miguel y luego retomada por Ramón Blanco Balín, quien también ha confesado esta semana sus delitos dentro de un acuerdo de colaboración con la justicia.
Ahora, Pablo Crespo dice: “Como contraprestación con relación a mi participación en diversos negocios con el señor Correa, percepción de comisiones por adjudicaciones de obras y para canalizar de forma opaca al fisco las cantidades percibidas, constituí varias sociedades en Panamá”. Crespo reconoce “rentas por el favorecimiento ilícito de adjudicaciones de obra pública” o “reparto de comisiones” por el mismo concepto.
“Deseo exponer mi sincero arrepentimiento por la actuación desempeñada en los hechos que originaron este procedimiento y también por aquellos por los cuales ya he sido condenado mediante sentencia firme, relativos a otras piezas separadas derivadas de las mismas diligencias previas”, añade Crespo.
Y concluye: “Soy totalmente consciente y asumo, desde hace mucho tiempo, el daño económico causado por los delitos cometidos, que también supusieron un grave atentado contra los valores cívicos básicos de la sociedad y contra los míos propios”.
El empresario Ramón Blanco Balín, que ya ha sido condenado en otras piezas separadas del caso, asegura que se arrepiente "muy sinceramente" de haber ayudado a Francisco Correa a ocultar su dinero y reconoce los hechos en el último proceso
Francisco Correa realiza la última confesión en la trama Gürtel
Ramón Blanco Balín, uno de los empresarios cuyo nombre ha sido asociado al caso Gürtel de corrupción desde su estallido hace más de 15 años, ha presentado su confesión ante la Audiencia Nacional días antes de que empiece el último juicio de la trama: el que gira en torno a los millones de euros que amasaron Francisco Correa y sus colaboradores a espaldas de Hacienda. Este asesor fiscal se suma al propio Correa, que ya confesó sus delitos hace unos días, relata cuál era el gran activo de los miembros de la trama: “Indicaron que tenían muchas y buenas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos”.
El caso Gürtel estalló en febrero de 2009 con las primeras detenciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón para desmantelar una organización corrupta en la que empresarios y cargos del Partido Popular usaban su influencia política en sus feudos, principalmente en Madrid y Valencia, para manipular contratos públicos y obtener comisiones, a veces a cambio de favores y regalos a políticos. Los últimos 15 años han dejado un reguero de condenas firmes y sentencias que han declarado probada esta relación simbiótica entre el partido así como su responsabilidad como responsable a título lucrativo.
Ramón Blanco Balín fue uno de los primeros imputados del caso, cuando el PP todavía aseguraba que era una operación “contra” el partido, y se prepara para afrontar el último juicio del caso, que arranca la semana que viene en la Audiencia Nacional. Un juicio con una veintena de personas en el banquillo, entre ellas Francisco Correa, acusadas de ayudar a ocultar y blanquear los millones de la trama corrupta dentro y fuera de España.
Blanco Balín, inspector de Hacienda en excedencia que llegó a ser directivo de Repsol en la década de los noventa, se ha sumado a la lista de imputados que desde hace años han optado por las confesiones para aminorar las condenas de cárcel que les acarrea cada pieza separada. En el caso de este empresario que asesoró fiscalmente a Francisco Correa en los años en que campaba a sus anchas en los ayuntamientos donde gobernaba el PP, Blanco Balín ya ha sido condenado por su papel en la pieza de la visita del Papa a Valencia, en la actividad de la trama en la Comunidad Valenciana o en Boadilla del Monte.
En esta nueva confesión, el asesor explica que conoció a Francisco Correa, líder de la trama, en el año 2005, a través de Alejandro Agag, yerno del ya entonces expresidente José María Aznar. Pasó entonces a llevar la contabilidad de sus empresas, algunas constantes en la trama como Orange Market, constituyendo otras para “traerse a España dinero que tenía en el extranjero”.
En esas fechas, explica, conoció a otros nombres clave de la Gürtel: Pablo Crespo, Álvaro Pérez 'El Bigotes' o Jacobo Gordon. “Desde el principio de la relación con ellos, le indicaron que tenían muchas y buenas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos”.
La confesión describe que Correa movía sus comisiones en el extranjero con Arturo Fasana, también gestor de la fortuna de Juan Carlos de Borbón, mientras “se vanagloriaba de que no hacía nunca declaraciones tributarias, y decía que, como conocía a personas relevantes, y tenía buenos contactos, que no le iba a pasar nada por no hacerlas”. Ayudó a crear sociedades para “ocultar fondos ilícitos”, explica, y para que Correa ocultara su patrimonio a Hacienda.
Blanco Balín explica ahora que es “consciente” del “daño económico” causado a Hacienda y recuerda que ya en 2020 ingresó 1,2 millones de euros para reparar el daño. “Debe considerarse un verdadero esfuerzo reparador”, alega antes de aceptar lo que la Fiscalía pide para él: cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro más de falsedad documental. Un total de dos años y cuatro meses de prisión.
Los abogados del ex ‘número tres’ del PSOE consideran “difícil de entender” la tesis del juez de que Cerdán es el único investigado que puede destruir pruebas y dicen que no hay ningún "argumento constitucional" para prolongar su encarcelamiento
El juez mantiene a Ábalos en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo
La defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha solicitado de nuevo su excarcelación inmediata en un escrito en el que denuncia la existencia de un “incomprensible agravio comparativo” frente a la situación del exministro José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha, Koldo García, quienes siguieron en libertad esta semana tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. “En coherencia con las decisiones adoptadas en las últimas horas (...) no existe argumento constitucional que permita prolongar ni un día más la situación de prisión”, afirman los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo.
“No llega muy bien a comprenderse como una parte de esa 'trama' puede poner en riesgo las fuentes de prueba [en alusión a Cerdán] mientras que el resto de esa 'trama' no compromete en ningún momento esas mismas fuentes de prueba”, recoge el escrito. Sus abogados consideran que es “difícil de entender” qué acciones de “ocultación o destrucción” de pruebas que “únicamente y en carácter exclusivo” puede realizar Cerdán y no el resto de investigados.
En el auto en el que acordó su ingreso en prisión, el juez trató de justificar la adopción de una medida contra Cerdán que no había acordado en el caso de Ábalos y Koldo García con el argumento de que podría “ocultar, alterar o destruir elementos de prueba relevantes” que podrían existir todavía en su poder al ser incipiente la investigación contra él. Es algo que, según el juez, no ocurría en el caso de los otros dos imputados, sometidos ya a registros de sus viviendas, intervenidos sus teléfonos móviles e investigados patrimonialmente.
Sin embargo, en los escritos de esta semana el juez afirma que Ábalos “ha podido disponer de cantidades importantes de dinero opaco, tal vez en metálico, tal vez depositados en cuentas de terceros que hasta el momento no han sido halladas, así como de ciertos contactos y vínculos internacionales”. Pero concluye que no hay riesgo de posible alteración, ocultación o destrucción de pruebas dado el “avanzado” estado de la investigación.
Respecto a Koldo García el juez sostiene que “pudiera, tal vez, disponer de cierta cantidad de dinero, que hasta la fecha no ha sido hallada. Y es cierto que mantuvo en el pasado ciertos vínculos con otros países, que se desconoce si persisten”.
De acuerdo a estas afirmaciones, los abogados de Cerdán afirman que “si aquellos que tienen contactos internacionales, posibles cuentas con terceros y la posibilidad de disponer de dinero todavía no hallado por la investigación no son objeto de prisión provisional por riesgo de destrucción de esas fuentes de prueba, mucho menos quien no tiene acreditada la existencia de cuentas de terceros ni contactos internacionales ni se le ha hallado a pesar de los meses de investigación cantidad de dinero alguno, merece la adopción de la prisión provisional para proteger la investigación”.
Informe patrimonial
La defensa de Cerdán también acusa al magistrado de mantener en prisión a Cerdán con una motivación que es “ajena a la constitucionalidad de la justificación prevista en la ley”. Consideran que el único motivo por el que su cliente sigue en la cárcel es que todavía no se ha trasladado al juzgado el informe sobre su patrimonio acordado hace meses.
“No obstante, la espera de un atestado de la Policía Judicial no es un motivo que ni la Ley ni el intérprete de la Constitución hayan avalado en ningún momento” como justificación de la situación de prisión provisional, dicen los abogados, que recuerdan que la Ley de Enjuciamiento Criminal habla de protección de “fuentes” de prueba, esto es de lo que origina o fundamenta una prueba, por lo que “una vez obtenidas o aseguradas las 'fuentes' la prisión provisional ya no estaría justificada”.
El magistrado Leopoldo Puente mantiene para el exasesor de Ábalos la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados
Koldo García se acoge a su derecho a no declarar y Anticorrupción evita pedir la prisión
El exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García también seguirá en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo. El juez Leopoldo Puente ha decidido mantener las medidas que pesan sobre él desde el inicio de la investigación, en febrero de 2024, y que consisten en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. El juez afirma que no concurren, en este momento, “ninguno de los elementos” que podrían determinar su entrada en prisión provisional.
El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya reclamado su ingreso en la cárcel de forma preventiva. El fiscal jefe Alejandro Luzón ha considerado que aunque los indicios contra él se han incrementado tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el riesgo de que pueda huir del país y eludir la acción de la Justicia se ha soslayado con las medidas que tenía en vigor hasta el momento. Sólo parte de la acusación popular, que lidera el PP, había reclamado su ingreso en prisión provisional. Adade no se ha sumado a la petición de prisión, mientras los Comunes no se han pronunciado, de acuerdo a las fuentes consultadas.
En el auto, el juez afirma que los indicios contra Koldo García aparecen “seriamente consolidados” tras ese último informe de la UCO. Ese atestado policial apunta que el exasesor habría abonado gastos de Ábalos por valor de 94.883,63 euros con fondos procedentes de los supuestos amaños de contratos públicos.
Sin embargo, considera que en este momento no concurren los elementos que recoge la ley para acordar la prisión provisional. Así, el magistrado descarta que exista riesgo de que Koldo García pueda seguir delinquiendo o destruir pruebas. En relación con el tercer motivo que recoge la ley, la posibilidad de destruir pruebas, el juez entiende que ese riesgo también se ha evitado con las medidas acordadas hasta el momento. El magistrado afirma que Koldo García “pudiera” disponer de “una cierta cantidad de dinero”, aunque admite que esos fondos no han sido hallados hasta la fecha.
Rechaza declarar
El exasesor se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en el Supremo, donde ha acudido portando una mochila con enseres personales para el caso de que el juez decretara su ingreso en prisión. Ante el magistrado, quien fuera mano derecha de José Luis Ábalos ha alegado que no tiene acceso a los dispositivos de memoria y teléfonos móviles que se le incautaron en febrero de 2024 y de donde salen los audios que los investigadores han analizado y que constituyen gran parte de los indicios contra él. Eso le impide, a su juicio, contextualizar conversaciones que datan de hace varios años y poder defenderse con todas las garantías.
La citación del exasesor se produjo después de que quien fuera su jefe, el exministro Ábalos, rechazara declarar y alegara una supuesta indefensión. El instructor del caso en el alto tribunal, Leopoldo Puente, volvió a llamar a Koldo García tras recibir el citado informe donde UCO asegura que “actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos”, de modo que “parte de los gastos de este último eran sufragados y liquidados” por su asesor.
La UCO señaló la existencia de una reserva de dinero en metálico sin respaldo en los ingresos regulares del exdirigente socialista y de la que Koldo dispondría para hacerse cargo de pagos que corresponderían a su entonces jefe, como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, la remuneración de la empleada doméstica o regalos a sus parejas.
El Gobierno y sus socios critican la intromisión del magistrado en la "coda final" de su auto mientras en el PP se ponen de perfil ante una petición que choca con la doctrina del Constitucional
Victoria Rosell, sobre el juez Puente: “Yo dimití por ética, pero los magistrados no podemos alterar el Legislativo”
Hay muchos precedentes de cargos públicos imputados y procesados en ejercicio. Pero pocos, hasta esta semana, de la intromisión de un juez en el poder legislativo para enmendarle sus propias reglas. Es lo que hizo el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el auto de libertad de José Luis Ábalos: recomendar al Congreso que “pudiera articularse por ley algún mecanismo apto” para retirar su acta de diputado al ex 'número dos' del PSOE, imputado en la causa que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en el Ministerio de Transportes. Y la inmensa mayoría de los partidos, incluidos el PP y el PSOE, rechazan el planteamiento del juez por considerar que podría incluso vulnerar los derechos constitucionales de los diputados y de los votantes.
Los comentarios en los pasillos del Congreso el día después del escrito de Leopoldo Puente fue prácticamente unánime en contra de la propuesta, aunque con distinto tono en la crítica según la formación política. Fue especialmente duro el portavoz del PSOE, Patxi López, quien a preguntas de la prensa pidió al juez directamente no inmiscuirse en un poder del Estado que no le corresponde. “A los jueces no se les puede criticar, porque salen todos en tromba. ¿Pero hacen huelgas o declaraciones como las de este juez diciéndonos lo que tenemos que hacer?”, criticó.
En la misma línea reaccionó Sumar. “Ya está bien de que los jueces, además de hacer política, se dediquen a decir al legislador cómo y qué legislar. Es una cuestión de separación de poderes”, sostiene la portavoz, Verónica Martínez, en declaraciones a elDiario.es. Más allá de los comentarios del magistrado, en Sumar tampoco ven bien el fondo de lo que planteó y creen que, además de respetar la presunción de inocencia, la ley “no puede obligar a una persona a renunciar a su cargo”. “Lo contrario, que parece ser lo que plantea, roza la inconstitucionalidad”, advierte.
El choque con la doctrina del propio Tribunal Constitucional es lo que sostiene también el magistrado Joaquim Bosch para ponerle reparos a la idea. “Lo que el juez Leopoldo Puente plantea puede ser objeto de debate, pero en mi opinión no es una buena solución jurídica que a políticos investigados se les aplique una regulación normativa para suspender sus funciones. Es algo que puede ser lesivo para la presunción de inocencia y problemático desde el punto de vista constitucional”, apunta.
La exdiputada de Podemos y jueza Victoria Rosell, que tuvo que dimitir cuando el Supremo admitió una querella que luego se archivó porque era inocente, también rechaza el planteamiento del juez. “Como ciudadana y como magistrada”, asegura en conversación con elDiario.es, “creo que los jueces no podemos tener el poder de alterar la composición del Poder Legislativo imputando a un miembro del Congreso o del Senado”. Recuerda que, de hecho, “en casos graves” como el terrorismo, “el artículo 384bis de la LeCrim lo permite desde hace años”. Rosell tuvo que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso después de que el Tribunal Supremo admitiera, gracias a un informe falso del juez Salvador Alba, ahora condenado, una querella de José Manuel Soria, entonces ministro de Industria. “Fue una opción personal, éticamente era la decisión más correcta para salvaguardar las instituciones”, afirma.
Entre los socios del Ejecutivo la postura también está clara en contra del planteamiento de reformar el reglamento del Congreso. “Los autos no son el espacio para que los jueces vuelquen sus opiniones políticas. Los jueces aplican la ley y juzgan, el Poder Legislativo es quien debate las leyes, y valora el interés general y las aprueba”, apuntan desde el PNV. Más duros son en EH Bildu: “Estupor es lo que seguramente sienta la ciudadanía respecto a la justicia española. No nos sorprenden las declaraciones ni las acciones ni de este ni de otros jueces, que no hacen más que demostrar que la justicia española necesita de una depuración y democratización profunda”.
Desde Junts, preguntados por este diario, se limitan a pedir la derogación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. No se trata de un punto cualquiera, es el que utilizó el juez Pablo Llarena en 2018 para suspender como diputados a los líderes independentistas Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, que habían obtenido el acta tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El artículo 384 bis establece que si un juez ha dictado contra cualquier persona un auto de procesamiento firme y prisión provisional por delitos relacionados con bandas armadas, terrorismo o rebelión, “el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.
Debido a aquella decisión de Llarena, que el Supremo confirmó después, los líderes catalanes quedaron suspendidos en aquel momento en el Parlament, pero también un año después cuando se presentaron en las listas al Congreso. La Mesa de la Cámara Baja tomó aquella decisión entonces en interpretación del criterio del Supremo. Y Junts, por tanto, quiere derogar el artículo para reducir aún más los supuestos en los que un diputado puede perder su condición a raíz de una decisión judicial y evitar una situación como aquella.
El PP, por su parte, intentó este jueves situarse de perfil ante el planteamiento de Puente: no contradecir al juez pero tampoco apoyar su planteamiento. El líder de la oposición acudió de forma inesperada a un acto informativo de su compañero y presidente de Galicia, Alfonso Rueda. Preguntado por la cuestión, Alberto Nuñez Feijóo dijo “compartir el estupor de ver cómo, de las tres personas que encumbraron a Sánchez, una declaró ayer [por el miércoles] en el Supremo, otra lo hará hoy [por el jueves] y otra está en la cárcel”. Feijóo también lamentó que, según él, “Ábalos siga órdenes del Gobierno”, y sostuvo su “estupor” por el hecho de que el presidente se mantenga en la Moncloa.
En privado, en el PP sí critican la idea del juez Puente y recuerdan que el escaño no pertenece al partido, “sino al diputado”, tal y como establece una sentencia del Tribunal Constitucional de 1983, que sostiene: “El derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos; los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos; y la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos, sino de la expresada por los electores a través del sufragio expresado en elecciones periódicas”.
Diputados y senadores que dimitieron… y otros que no
Pero en público, del PP no ha salido ninguna palabra a favor, o en contra, de la propuesta concreta. Tampoco lo hizo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien tiene entre sus filas un caso paradigmático: José Manuel Baltar.
El que fuera presidente de la Diputación de Ourense en sucesión de su propio padre fue cazado por la Guardia Civil conduciendo a más de 200 kilómetros por hora. El Tribunal Supremo le ha condenado en firme por un delito recogido en el Código Penal. Y el PP no solo no le reclama el acta de senador y lo mantiene dentro del grupo parlamentario, sino que lo ha designado presidente de una comisión, lo que implica un sueldo añadido de casi 1.700 euros en cada una de las 14 pagas que recibe. Baltar se embolsa casi 100.000 euros al año.
Es solo un ejemplo de diputados o senadores que se mantienen o mantuvieron en el cargo en el pasado. La vara de medir no ha sido la misma para todas las personas con cargo público. Y no es algo nuevo. Ya en los años 80 del siglo pasado, el que fuera presidente de la Junta de Castilla y León en los años 80 del siglo pasado, Demetrio Madrid, quien tuvo que dimitir por un caso que quedó en nada, pero que abrió la puerta del poder a un por entonces desconocido José María Aznar.
En épocas más cercanas abundan casos en ambos sentidos. Uno de los más destacados, por su importancia política, es el de Carles Puigdemont. El expresident catalán mantuvo el acta pese a estar procesado por su papel en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Después se fugó a Bélgica para no ser juzgado, donde permanece. Desde allí ejerce como diputado del Parlament de Catalunya.
La ‘número tres’ del PP de Madrid, Ana Millán, es diputada en la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización de Isabel Díaz Ayuso, pese a que está investigada por cuatro delitos de corrupción por contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal en Arroyomolinos.
Otro ejemplo es Luis ‘Alvise’ Pérez, el líder de SALF y eurodiputado, que retiene el acta pese a estar imputado en cuatro causas distintas, una de ellas por financiar su candidatura, otras dos por acoso a sus eurodiputados y una fiscal y por difundir una falsa prueba PCR de Illa durante la pandemia.
O Miguel Ángel Gallardo, quien fuera presidente de la Diputación de Badajoz y ahora diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura. Se hizo con un escaño con la dimisión de cinco personas que iban por delante de él en las listas y recogió el acta un día antes de ser procesado por la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación.
Listado de
parlamentarios que han sido imputados o condenados según si renunciaron o no al acta
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Fuente:
elaboración propia
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También hay ejemplos de políticos que optaron por dejar su acta. Los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves fueron condenados por ‘el caso de los ERE’. El primero era senador, el segundo diputado. Ambos dimitieron en junio de 2015, con apenas 10 días de retraso, antes de que el Tribunal Supremo pidiera a las Cortes permiso para juzgarles. El Tribunal Constitucional revisó luego su sentencia.
También dejó el acta Santos Cerdán (PSOE) el pasado mes de junio tras conocerse el informe de la UCO que le implicaba en el ‘caso Koldo’. A diferencia de su predecesor, el propio Ábalos, quien se mantiene en el grupo Mixto del Congreso después de negarse a dimitir y ser expulsado por el PSOE.
Otro de los nombres vinculados históricamente con la corrupción es el del extesorero del PP, Luis Bárcenas, senador por Cantabria cuando estalló el escándalo. Fue citado a declarar como imputado provisional en julio de 2009 por su implicación en el ‘caso Gürtel’, y dejó su acta de senador en 2010.
Del mismo partido era el diputado Alberto Casero. Conocido por el error que cometió en la votación de la reforma laboral, y que permitió salvar la principal iniciativa legislativa de Yolanda Díaz, dimitió en marzo de 2023 tras saberse que estaba a un paso del banquillo por una causa en el Tribunal Supremo sobre su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres).
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