El Diario

• Bárcenas declara en el juicio de Kitchen que encargó desde prisión "destruir los audios" de Rajoy reconociendo la caja B

  

  El extesorero reconoce que nadie más ha escuchado la grabación en la que Rajoy recibiría de su mano una "fotocopia" del saldo de la caja B en 2010 y la destruye en una trituradora del papel

  Turno para Bárcenas en el juicio de Kitchen: ¿existe la grabación de Rajoy hablando de la caja B del PP?

  El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio del caso Kitchen que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. A preguntas del fiscal, Bárcenas ha declarado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario que tendría Isidro Sánchez, que así se llamaba el recluso.

  Bárcenas ha reconocido como suya una nota incautada a Sánchez en la cárcel. “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso…”, decía la nota que se ha exhibido este lunes. Luis Bárcenas ha dicho que se trata de su letra, pero que alguien la ha modificado.

  El fiscal no le ha preguntado por qué la persona a la que se dirige se llama Alex y no Isidro, nombre de su compañero recluso. A preguntas de la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, Bárcenas ha explicado que “le llamaban Alex”. Sánchez habría cobrado 4.000 o 4.500 euros, según el extesorero. El dinero se lo había entregado el chófer de la familia, el acusado Sergio Ríos.

  Más adelante, a preguntas de su abogada, Bárcenas ha precisado que se trataba de tres audios. En uno de ellos aparecía él dando explicaciones sobre “la contabilidad extracontable del partido y como funcionaba”, en referencia a la caja B; en otra una conversación breve con Mariano Rajoy; y otra, algo más extensa, con el que era su “buen amigo”, el señor Arenas.

  En el turno para la acusación popular de Podemos, Bárcenas ha ahondado en el contenido de esos audios. En el que aparece Rajoy, Bárcenas acude a ver al presidente del PP en su despacho después de haberse reunido con Arenas. En el encuentro le entrega “una fotocopia” sobre el saldo existente en la caja B del partido y solicita instrucciones. Rajoy, según ha contado, se “extraña mucho” de que la financiación irregular esté por escrito y el tesorero le explica que su antecesor, Álvaro Lapuerta, y él necesitaban anotar las entradas y salidas en alguna parte. En el audio se escucharía cómo Rajoy se gira en su silla y destruye los papeles en una trituradora, según ha contado Bárcenas.

  Luis Bárcenas ha dicho que esas grabaciones estaban en un pendrive, junto a la documentación sacada de Génova, en el local de restauración de su mujer, y que también se alojaban “en la nube”, de donde ordenó a otro preso que las destruyera. Bárcenas ha dado por hecho que el pendrive es parte del material que le habría robado la brigada política.

  Las defensas han tratado de poner en duda la solidez del testimonio de Bárcenas en todo lo relacionado con estas grabaciones poniendo de manifiesto las contradicciones de los diferentes interrogatorios a los que se ha visto sometido desde 2013. Este lunes, el extesorero ha afirmado que esos supuestos audios no los ha escuchado nadie más que él, aunque durante la fase de instrucción sí dijo que los habían escuchado otras personas.

  Entre ellos, la periodista Marisa Gallero, que en enero de 2016 publicó en el El Mundo un artículo titulado 'Bárcenas acusa: Tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre'.Según Bárcenas, ese pendrive con las grabaciones es parte del material que le sustrajo la brigada política mientras estaba en prisión en el marco de la Operación Kitchen. “¿No le comenta [a la periodista] que le han robado ese audio?”, le ha preguntado el abogado del exministro. “No me suena el artículo, no sé”, ha respondido Bárcenas.

  “¿Con qué nos quedamos?”, ha llegado a preguntar la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. Bárcenas ha respondido que estaba en momentos distintos, que no es lo mismo ser testigo que investigado y que esas respuestas eran parte de su estrategia de defensa. 

  La defensa del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, también ha cuestionado los cambios de versión de Bárcenas sobre la mera existencia de las grabaciones, dado que en declaraciones de los años 2018 y 2019 negó que él hubiera grabado a nadie. Bárcenas ha explicado que en ese momento estaba en “situación de entendimiento” con el PP y ha reconocido que la relación con el partido se rompió “definitivamente” en 2021, tras la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias.

  A la pregunta de si el recluso cumplió con las instrucciones de destrucción de los archivos “en la nube”, Bárcenas ha dicho que no lo sabe porque nunca más le vio, pero que cuando salió de la cárcel el material que debía borrar ya no estaba. El extesorero ha recordado que Sánchez fue detenido a la mañana siguiente de salir de permiso, que no pudo completarlo y que fue devuelto directamente a Soto del Real desde los juzgados de Plaza de Castilla. Bárcenas ha atribuido a Instituciones Penitenciarias la decisión de alejar a Sánchez de él dentro de la cárcel y ha contado cómo un tiempo después fue trasladado a otra prisión.

  Isidro Sánchez declaró el pasado jueves que la nota no le fue incautada a él, que cobró 5.000 euros a través de una tercera persona y que le denunció por quedarse con el dinero de Bárcenas. Sánchez dijo que no le dio tiempo a cumplir con el encargo por la extraña detención por una requisitoria de la que nunca más se supo.

  Implica en la Kitchen a la cúpula del PP

  Bárcenas ha implicado al Partido Popular, concretamente a su dirección, en la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción llegó a acusar al juez Manuel García Castellón de dibujar “una línea roja” en la instrucción con la que hizo imposible ahondar en esa línea de la investigación. El ex tesorero ha relacionado con la operación Kitchen que “dos días después” de declarar él en la Audiencia Nacional sobre la existencia de la caja B, el PP decidió destruir sus ordenadores. María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, llegó a estar imputada, pero García Castellón archivo la causa contra ella en el auto que sirvió para cerrar la instrucción.

  También ha recuperado otro episodio, del que ya habló en el juicio de la caja B, las visitas de Javier Iglesias, un abogado al que la brigada política considera su nexo con Mariano Rajoy, pese a que uno y otro niegan que apenas se conozcan. Iglesias se reunió con Bárcenas antes de entrar en prisión y fue a visitarle también cuando estaba allí de forma provisional. En total fueron tres encuentros y el abogado hablaba, según Bárcenas, “en nombre de quienes entonces dirigían el Partido Popular”.

  En febrero de 2013, también antes de que el extesorero entre en la cárcel, Iglesias le había pedido que cambiara “los conceptos y cantidades” de los papeles sobre la financiación irregular, que ya había publicado El País, o su mujer entraría en prisión. Se trataba, según ansiaba el PP, de “crear la incertidumbre de cuáles son falsos o ciertos o si todos son una falsificación”, ha dicho Bárcenas. “[Javier Iglesias] me ofrece pagarme 500.000 euros” que aportarían “empresarios afines” al partido y solucionar así el contencioso del despido que mantenía con el PP. Bárcenas se negó.

  En Semana Santa, Bárcenas envió su último mensaje a Rajoy, con un tono muy duro. Fue el Miércoles Santo. Al día siguiente, por la mañana, Javier Iglesias contacta con él para decirle: “Se te ha ido un poco el tema. Tenemos que vernos”. Es la prueba de que el abogado Iglesias, 'El Largo', es un interlocutor directo con Rajoy, según ha defendido Bárcenas.

  Al ingresar en la cárcel, Iglesias acudió a visitarle y le amenazó con que si tiraba de la manta su esposa, Rosalía Iglesias, también entraría en prisión, ha relatado a preguntas de la abogada del PSOE. El encuentro tuvo todas las facilidades con las que no contaba el abogado de Bárcenas para reunirse con él. Se celebró en una sala habilitada para ello. Esta circunstancia y el hecho de que hablara en nombre de Rajoy demuestra, según Bárcenas, que al abogado lo enviaba el PP y la “implicación” del Ministerio del Interior, de la que depende Instituciones Penitenciarias.

  Durante el interrogatorio del fiscal, el extesorero del PP ha afirmado que Ignacio Peláez exfiscal que defendía a varios investigados del caso Gürtel, lo visitó un día en la cárcel en 2013 y le dijo que había la posibilidad de desmontar el caso. “Me dijo que las grabaciones de Peñas [el exconcejal del PP que denunció el caso] están manipuladas y que algunos policías lo pueden acreditar y eso cambiaría el discurrir del procedimiento que estaba pendiente de enjuiciamiento”.

  Según Bárcenas, Peláez, ya fallecido, le dijo que uno de esos policías era José Manuel Villarejo y que le pidió una cantidad de “no menos de seis millones ni más de 12”. “Yo le dije que si era así, si el procedimiento estaba viciado que contase conmigo para la parte alícuota que correspondiere porque tenía el máximo interés en este tema”, ha detallado. No obstante, la operación no salió adelante. 

• Villarejo, en un audio de 2015: "¡El chófer es mío! Si Bárcenas escapa, le ponemos a dar vueltas por la Cibeles hasta trincarlo"

  

  Grabaciones incorporadas al sumario del caso Tandem, no analizadas aún por la Audiencia Nacional, apuntalan el espionaje ilegal de la policía patriótica al extesorero del PP

  'Las tres guerras sucias del PP': el documental de elDiario.es sobre las operaciones policiales de la era Rajoy

  El extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias, ambos condenados en una de las causas abiertas del caso Gürtel, señalaron al Ministerio del Interior del Partido Popular y a los mandos policiales de la brigada política por la “auténtica aberración” que supuso la operación Kitchen, según señaló el exdirigente conservador recientemente en una entrevista previa al juicio que comenzó hace dos semanas en la Audiencia Nacional. La operación policial ilegal no hubiera sido posible sin la figura del chófer Sergio Ríos, en el que la familia depositó toda la confianza y que cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados por su trabajo de topo. Además, Ríos se aseguró el ingreso en la Policía a cambio de espiar a la familia del extesorero para la brigada política del PP.

  elDiario.es ha tenido acceso a una grabación inédita, incorporada a la pieza 34 del caso Tándem, en la que José Manuel Villarejo se jacta ante el comisario Juan Antonio González, quien había sido comisario general de Policía Judicial durante la investigación del caso Gürtel, de que el chófer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, trabaja para él. La investigación judicial del caso ha acreditado cómo Villarejo intervino en la operación Kitchen como uno de los comisarios que controlaban a Ríos, quien informaba a este comisario de todos los movimientos de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero.

  La conversación grabada que apuntala las pruebas del espionaje ilegal a Bárcenas tuvo lugar el 21 de enero de 2015, justo un día antes de que el extesorero salga en libertad condicional después de pagar una fianza de 200.000 euros.

  Villarejo relató en la conversación grabada los progresos que hizo el extesorero, que llevaba 19 meses en prisión provisional, para conseguir el dinero para su libertad, hasta el punto de que anticipó que Bárcenas reuniría los 200.000 euros esa misma tarde y se mofó del director adjunto operativo, Eugenio Pino, además de bromear con su interlocutor sobre la idea de que Bárcenas intentara fugarse cuando saliera de la cárcel. El comisario señaló que si el extesorero intentaba escapar, Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se escucha decir a Villarejo.

  La conversación se produjo en los siguientes términos.

  Villarejo:A las dos de la tarde [Bárcenas] ya tenía 150.000 euros, que le he informado al soplapollas del Pino [director adjunto operativo de la Policía Nacional] a pesar de que es un soplapollas. Yo soy tan tonto (…) A mí me ha informado el cocinero [Sergio Ríos, chófer de la familia Barcenas] que tenía 150.000 euros y la lista de quien había puesto de 20 en 20.000 (...) Esta tarde a última hora tiene los 200.000. Mañana está en la calle.

  Juan Antonio González:Oye… como se escape.

  Villarejo: No se va a escapar porque, si se escapa, el conductor es mío [risas]. Así que ningún problema. Le pondremos a dar vueltas por la Cibeles hasta que lo trinquen.

  Este audio no ha sido valorado por ninguno de los dos jueces que ha tenido el caso Kitchen. Ni el primer instructor, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, han encargado a la policía analizar estos audios para conocer si sirven como prueba para la imputación de delitos en relación a la guerra sucia que el PP puso en marcha contra sus adversarios políticos y para protegerse de las investigaciones judiciales abiertas contra la formación conservadora por supuesta financiación ilegal.

  En el sumario del caso Kitchen se acumulan numerosas pruebas documentales y sonoras sobre el operativo policial que el ministerio del Interior puso en marcha entre 2013 y 2014 a espaldas del juez Pablo Ruz que investigaba la financiación ilegal del PP y también a espaldas del principal policía encargado del caso, el inspector Manuel Morocho. Las pruebas acreditan cómo distintos comisarios de policía trabajaron para intentar destruir pruebas que implicaran al Gobierno de Mariano Rajoy en delitos de financiación ilegal por los que el PP fue condenado muchos años después en la Audiencia Nacional.

• 'Las tres guerras sucias del PP': el documental de elDiario.es sobre las operaciones policiales de la era Rajoy

  

  Además de Kitchen, desde el Ejecutivo de los 'populares' se impulsó lo que se llamó la Operación Cataluña con mismo modus operandi con el que se trató de impedir que Podemos llegara al Gobierno

  El juicio de Kitchen ofrece la primera postal de cuatro años de guerra sucia del PP y su brigada política

  El que se está celebrando en la Audiencia Nacional desde la semana pasada solo es uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España, todos ellos impulsados desde el Gobierno de Mariano Rajoy y que elDiario.es recoge en un documental Las tres guerras sucias del PP. En el caso de Kitchen, que es lo que se está juzgando en el citado tribunal, se investiga cómo distintos mandos policiales utilizaron medios públicos para tratar de tapar casos de corrupción vinculados al PP como el caso Gürtel.

  Además de Kitchen, desde el Gobierno de Rajoy se impulsó lo que se llamó la Operación Cataluña. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

  Por otro lado, cuando en 2014 irrumpió en el panorama político Podemos, esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

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  Las tres 'guerras sucias' del PPes un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

• Begoña Gómez pide anular el auto de Peinado para llevarla a juicio y ve "inaceptable" que compare a Sánchez con Fernando VII

  

  La defensa de la esposa del presidente del Gobierno afirma que los delitos “no están acreditados” y critica la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación

  Las acusaciones populares piden 24 años de cárcel para Begoña Gómez por cuatro delitos

  La defensa de Begoña Gómez reclama a la Audiencia Provincial que anule el auto en el que el juez Juan Carlos Peinado propone sentarla en el banquillo por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, una afirmación que la defensa de su esposa considera “absolutamente inaceptable” e “impropia” de la imagen de imparcialidad que un magistrado debe transmitir. 

  En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, su abogado, Antonio Camacho, afirma que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestiona la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación. Lo hizo, a su juicio, saltándose los trámites de la Ley del Jurado, ya que ordenó practicar nuevas diligencias, pero al mismo tiempo dio un plazo de cinco días a las partes para presentar sus conclusiones. A esto se suma, según la defensa, la “grave” vulneración que, a su juicio, supone avanzar hacia el juicio sin haber resuelto previamente los recursos presentados en marzo. 

  El escrito trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorga total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Entre ellas, una cita con el rector de Universidad Complutense, Joaquín Goyache, donde ambos abordaron la posibilidad de poner en marcha la cátedra que Begoña Gómez acabó codirigiendo en ese campus y que centra la imputación por este delito. 

  La defensa señala que la reunión se produjo allí porque era su domicilio y la Complutense estaba “cerrada” por la pandemia. Defiende que fue el rector “por iniciativa propia” quien expuso la posibilidad de crear una cátedra. Y que de esa conversación no puede desprenderse que hubiera por parte la esposa de Sánchez “una exigencia o una solicitud de esa creación ni siquiera una aceptación definitiva”. “La reunión, por tanto, no puede interpretarse como un acto de presión, sino como una conversación preliminar y exploratoria dentro de un contexto académico”, afirma el recurso.

  En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. El letrado recuerda que todos los fondos se ingresaron en las cuentas de la Complutense y subraya que es jurídicamente “insostenible” aplicar este delito a la financiación de una Universidad Pública dado que se configura como un ilícito propio del ámbito “estrictamente privado”, orientado a la protección de la libre competencia y la lealtad en las relaciones comerciales entre particulares. 

  Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, la defensa de Begoña Gómez afirma que la herramienta no se llegó a finalizar, por lo que es imposible apoderarse de un activo que no funcionaba correctamente y se encontraba en “fase beta” o de pruebas.

  Frente a la acusación de haber registrado el dominio web a espaldas de la universidad, la defensa recuerda que hay correos aportados a la causa que demuestran que fue la propia Complutense quien dio instrucciones a Begoña Gómez, proporcionándole la página web donde debía registrar el dominio. Además, subraya que está acreditado que otros directores de cátedras también tienen registrados los dominios de sus proyectos a su nombre. “No había producto terminado, no había control unilateral, no hubo lucro, y no hubo perjuicio”, sostiene el escrito.

  El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, la defensa recuerda que existe una “costumbre institucional” consolidada desde el inicio de la democracia. Y afirma que, “salvo los correos muy limitados en número que remitió desde su cuenta particular”, no es cierto que Begoña Gómez haya utilizado para sus actividades profesionales la ayuda de su asistente.

  El recurso de la asistente

  Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez ha recurrido también el auto de Peinado por el que dejaba a un paso del banquillo a Begoña Gómez señalando que debe ser anulado y que debe archivarse la cusa para su defendida. Advierte, en este sentido, que el procedimiento no puede seguir por el cauce del Tribunal del Jurado porque la ley que lo regula, en su artículo 24, no permite que sea así dado que la conexidad de delitos “no siempre es suficiente”.

  En caso de que no acuerde el archivo, interesa que el juez de luz verde a la prueba que solicitó en las alegaciones previas, en las que insistió en que se solicitara a La Moncloa un informe sobre si, desde su nombramiento, la asistente ha llevado a cabo “un correcto desempeño de sus funciones o si, por el contrario, ha desatendido en algún momento sus funciones”.

  Por otro lado, ataca el hecho de que Peinado sostenga que Cristina Álvarez malversó, y le recuerda que “nunca en España se ha condenado al funcionario ilícitamente utilizado para las tareas privadas de su superior”. “Nunca. Ni siquiera lo encontraremos aunque nos remontemos, como el Ilmo. Magistrado Instructor, a la época de Fernando VII”, añade con ironía haciendo alusión a una frase de la resolución de Peinado. Al hilo, como en escritos anteriores, recuerda que en resoluciones previas de la Audiencia Provincial de Madrid ya determinó que «el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación“.

• La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez por cuatro delitos

  

  Solicitan otros 22 años para su asistenta en La Moncloa, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés

  La esposa del presidente del Gobierno pide anular el auto de Peinado para llevarla a juicio y ve “inaceptable” que compare a Sánchez con Fernando VII

  La acusación popular dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír ha solicitado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, una pena de 24 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que interesa además 22 años de prisión para la asistente de Moncloa Cristina Álvarez y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.

  En el escrito sostiene que desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa “aumentó la proyección institucional” de Begoña Gómez así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados. Apunta que, de esa forma, pudo acceder a directivos de grandes empresas gracias a esos “vínculos personales” y que también “accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios”.

  “Tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la investigada, con plena consciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radica (a su carrera) y, así, en junio de 2018 solicitó la excedencia en Inmark” -empresa para la que trabajaba-, explica, para añadir que “con el fin de poder acceder a círculos de poder e influencia, decidió progresar en ese giro radical a nivel profesional”.

  En este sentido, apunta que en agosto de 2018 fue nombrada directora del IE Africa Center; que entabló relaciones con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y con Wakalua (filial de Globalia) y que impulsó en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en el seno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

  En paralelo, y siempre según Hazte Oír, Gómez, “de manera voluntaria, libre y consciente influyó en los funcionarios y autoridades” para que se contratara a Cristina Álvarez, su amiga, como su asistente en La Moncloa, y todo ello “prevaliéndose conscientemente” de su condición de esposa de Sánchez. Resalta que ejerció una “presión moral eficiente” sobre la voluntad de los intervinientes para que su amiga fuera nombrada funcionaria “alterando el proceso motivador de tal nombramiento” porque no se tuvo en cuenta ni la falta de experiencia ni su falta de titulación.

  En cuanto a la relación con el empresario Barrabés, la acusación popular explica que ambos se conocieron en agosto de 2018 y que tras colaborar en varios asuntos ambos vieron “las oportunidades que podían extraer de su relación profesional y apoyo mutuo”. Además, detalla que mantuvieron encuentros en Moncloa siendo ella consciente “del entorno en el que citaba al empresario, con el fin de crear un halo de institucionalidad y poder” y relata las cartas de recomendación que firmó ella como responsable de la cátedra para determinadas adjudicaciones públicas el empresario.

  Sobre la creación de la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la UCM, indica que ella y su asistente citaron al rector de ese centro educativo, Joaquín Goyache, en el Palacio de La Moncloa “de manera voluntaria, libre y conscientes de la influencia que se ejercía” sobre él. Todo ello afectó, a su juicio, “a la voluntad de los funcionarios y autoridades académicas intervinientes en la decisión de la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y en el nombramiento de Begoña Gómez como directora de la misma”.

  La malversación y la apropiación

  Por otro lado, Hazte Oír indica que Gómez también se valió de su posición personal para atraer patrocinios, servicios y soporte técnico para la herramienta o software que desarrollaba en el seno de la cátedra. Y apunta que la propia asistenta “ofreció (directa o indirectamente) a diversos directivos y administradores de grandes y medianas empresas su interlocución con el presidente del Gobierno (...) para obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos para el favorecimiento personal” de Begoña Gómez y de su sociedad Transforma TSC, SL. Entre esas empresas destaca Reale Seguros, Fundación La Caixa, Google, Telefónica, Indra o Deloitte, entre otras.

  Apunta que en el trabajo de esa captación intervino también la asistenta de Moncloa, lo que apuntala, para la acusación el delito de malversación. De hecho, calcula que el daño al erario público por el uso irregular de su asistenta para fines privados se puede cifrar en al menos 401.542 euros. Y resalta, tras enumerar una serie de actos en los que participó Álvarez que éstos no son “aislados o de mera cortesía institucional” sino que reflejan “una dedicación sistemática y continuada de la jornada laboral y los medios públicos de Cristina Álvarez al servicio de los intereses privados de Begoña Gómez”.

  En cuanto al delito de apropiación indebida que se le imputa a la esposa del presidente del Gobierno por, presuntamente, poner a su nombre la web que albergaba un software desarrollado en el seno de la cátedra de la Complutense, Hazte Oír explica que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la UCM porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.