El Diario

1. Mazón adjudica 3,9 millones a dedo para reparar la presa dañada por la DANA a un constructor de la caja B del PP en Gürtel

   

   El Consell selecciona a Becsa SA, de un empresario que confesó en la Audiencia Nacional la financiación de los populares valencianos, para las obras en la presa de Buseo, con "peligro de rotura o avería grave" y da otras adjudicaciones de emergencia para la rehabiltación de puentes y carreteras afectadas por el temporal

   Mazón adjudica a dedo uno de los primeros contratos de emergencia a la firma en la que trabajó su jefe de gabinete

   El Ejecutivo de Carlos Mazón ha adjudicado a dedo la reparación de una presa seriamente dañada por la DANA a un empresario condenado en el caso Gürtel que confesó la financiación de la 'caja B' del PP valenciano. Se trata de un contrato de emergencia de 3,9 millones de euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, adjudicado a la empresa Becsa SA por parte de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca que dirige el popular Miguel Barrachina.

   No es el único contrato de emergencia que ha obtenido Becsa. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, también ha adjudicado a la empresa las obras del tramo de Cheste de la carretera CV-50, según ha podido saber elDiario.es de fuentes del departamento autonómico. Sin embargo, se desconoce el importe de la adjudicación al no haberse publicado aún en la Plataforma de Contratación. La administración autonómica dispone de un mes para hacer público el contrato. A Becsa también le han llovido contratos de reparación de carreteras provinciales tras la catástrofe por parte de la Diputación de València, en concreto para la demarcación de Bétera y Serra, por un importe total de 1,5 millones de euros.

   El Ejecutivo de Mazón ha empezado a repartir contratos de emergencia, todos a dedo —como marca la normativa— tras la catastrófica DANA, entre ellos a la empresa en la que trabajaba su jefe de gabinete, el secretario autonómico José Manuel Cuenca.

   Entre los primeros contratos figuran conocidas empresas valencianas, como Becsa. El empresario castellonense Gabriel Alberto Batalla Reigada, accionista de la constructora, fue condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental, tras un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para confesar los hechos y rebajar así la pena, en la pieza del caso Gürtel de la financiación ilegal del PP valenciano. Becsa SA, que cuenta con un departamento de infraestructuras hidráulicas, también salió a relucir en el 'caso Fabra 2'. La constructora, según descubrió el juez instructor de la causa, en la que el expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como principal procesado, abonó gastos de seguridad privada para el expolítico del PP una vez abandonó sus cargos institucionales.

   El Consell ha adjudicado el contrato de emergencia a la firma para la reparación de la presa de Buseo, situada en el cauce del río Reatillo (denominado Sot aguas abajo), un afluente del Turia a unos 4,4 kilómetros aguas arriba de Sot de Chera. El pasado 29 de octubre, día de la catastrófica DANA, el nivel de las aguas pasó de los 0,77 hectómetros cúbicos de volumen almacenado a las 8.00 de la mañana a más de ocho hectómetros cúbicos, su máximo volumen almacenable, y a, finalmente, verter sobre su coronación sobre las 21.00 horas. Sot de Chera, un municipio situado en la comarca valenciana de los Serranos con una población de 423 habitantes, quedó destrozado por la DANA. Su alcalde, Tomás Cervera, afirmó el pasado 1 de noviembre que “el pueblo tal como lo conocíamos no existe”.

   En el momento de máxima crecida, según las estimaciones que maneja la Generalitat Valenciana, el agua se situó entre dos y 2,5 metros por encima de la coronación de la presa, que fue construida entre los años 1903 y 1915. La DANA provocó “daños estructurales” en el cuerpo de la presa y en las instalaciones de regulación, además de arrasar “todos los elementos de seguridad” (tales como barandillas, pretiles y escaleras) situados en los accesos al cuerpo de la presa y su coronación, según la documentación de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca consultada por este diario.

   Becsa SA, la constructora fundada por la familia Batalla

   El accionariado de la constructora, con sede en Castelló, está actualmente en manos del 'holding' Simetria Fidentia SL, que a su vez es propiedad de Unanimitas Cinco Capital SL (de Otilia del Rosario Batalla Reigada); de Invernumber SL (propiedad de Gabriel Alberto Batalla Reigada, administrador único de la sociedad), y de Obinesa Grupo Industrial. Éste último, según los datos del Registro Mercantil consultado por elDiario.es, está controlado, además de por las sociedades de los hermanos Batalla, por Mosaiq Grupo Empresarial SL, firma perteneciente a Atitlan Grupo Empresarial, el fondo de Roberto Centeno, yerno de Juan Roig.

   Gabriel Alberto Batalla Reigada, según las últimas cuentas anuales de Invernumber SL, mantiene una inversión total de 6,7 millones de euros en Mosaiq Grupo Empresarial SL, lo cual corresponde a una participación del 43,8 por ciento en su capital. El mismo empresario condenado en el caso Gürtel también anota una inversión de 19,8 millones en Simetría Fidentia SLU (con el mismo porcentaje de participación que posee en Mosaiq Grupo Empresarial SL: el 43,8 por ciento en su capital).

   Becsa tiene su origen en el Grupo Lubasa (fundado por el empresario Luis Batalla), todo un símbolo del sector de la construcción en Castelló desde su creación en 1969. Lubasa fue rebautizada como Becsa y quedó en manos de su hijo hasta la entrada del fondo Atitlan. Por el camino, Gabriel Batalla fue condenado por la Audiencia Nacional en el marco del caso Gürtel.

   Fuentes oficiales del departamento autonómico que dirige Miguel Barrachina indican que Becsa ya fue adjudicataria, en 2022 y por un importe de 489.438 euros, de la rehabilitación del camino a la coronación de la presa, de la reposición del muro de gaviones y de la consolidación del área de la ladera adyacente. “Estas obras se han venido ejecutando sin contratiempos y a satisfacción del personal técnico de la Generalitat, estando actualmente pendiente de liquidación, con el expediente abierto”, agregan las mismas fuentes.

   La declaración del escenario 2 del Plan de Emergencia de la presa requiere, según la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, de una “intervención inmediata, ejecutando las obras de emergencia que se consideren precisas para garantizar la seguridad de las personas, el medio y la propia infraestructura”.

   “Siendo que la empresa Becsa estaba ejecutando una obra en la presa y es conocedora de esta infraestructura, se optó por encargarle la ejecución de los trabajos de emergencia por la inmediatez, capacidad organizativa y disponibilidad de medios para ello”, apostillan las mismas fuentes. La empresa, por su parte, no ha contestado las preguntas de este diario.

   Escenario de peligro de rotura de la presa

   La delicada situación de la infraestructura hidráulica obligó al Ejecutivo de Carlos Mazón a declarar, el pasado 31 de octubre, el escenario 2 del Plan de Emergencia de la presa de Buseo. Se trata de un escenario “excepcional” en el que “existe peligro de rotura o avería grave y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles”.

   Ante este panorama, el conseller Miguel Barrachina adjudicó el pasado 17 de noviembre a la empresa Typsa (por un importe de 700.000 euros) un contrato de emergencia para el servicio de asistencia técnica destinado a la reposición de los elementos de seguridad y el estudio y medidas para garantizar la estabilidad de la presa.

   Los técnicos de la dirección general del Agua y Desarrollo Rural, en manos de la exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Orihuela Sabina Goretti, y de la empresa Typsa visitaron la presa el pasado 3 de noviembre para “valorar in situ” el estado de la infraestructura. Los técnicos constataron el desprendimiento de la ladera sobre la que se apoya el estribo derecho y el deslizamiento en la ladera izquierda, que “pueden poner en riesgo ese lado de la presa”, según indica la declaración de emergencia de los contratos firmada por el conseller Barrachina.

   

   La DANA también provocó, además, derrumbamientos de dos casetas de tomas, además de daños en la instalación eléctrica y de agua corriente. Para poder reparar los elementos dañados de la presa de Buseo, advierte el conseller, “es necesario” rehabilitar el único camino de acceso desde la carretera CV-395, que no permitía el paso de maquinaria pesada. Los daños producidos en la casa del pantano también requerían actuaciones para su estabilización y reparación. Fuentes oficiales de la conselleria que dirige Miguel Barrachina explican que la Diputación de València está “en estos momentos arreglando” la CV-395 y que “en cuanto sea posible, la Generalitat acometerá los arreglos en el camino de acceso a la presa”. 

   El conseller Miguel Barrachina indicaba en la resolución firmada el pasado 12 de noviembre que “en estos momentos no se puede asegurar la estabilidad de la presa frente a nuevos episodios de lluvias, incluso por lluvias de pequeños periodos de retorno”.

   Aunque la situación era estable, el pasado 14 de noviembre había filtraciones en cinco puntos de la infraestructura, por lo que se mantenía la monitorización permanente con drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Sin embargo, actualmente las filtraciones han cesado dado el descenso de nivel de presa, situado este lunes en la cota 448,95 (con 10 metros de resguardo con respecto al aliviadero).

   Los trabajos requieren “maquinaria especializada en camino”

   La constructora se encargará, según el contrato de emergencia, de la revisión de los daños en el estribo derecho por el derrumbe, mediante la limpieza e inspección de la ladera por parte de una empresa especializada en trabajos de altura, la monitorización y la realización de estudios geológicos, geofísicos y estructurales de la ladera derecha y su interconexión con el estribo dañado, la modelización 3D de la infraestructura para estudiar su estabilidad y el aliviadero y el estudio de las soluciones a implementar para mejorar la estabilidad de la presa.

   Becsa SA también asume la reposición de las casetas de dos tomas y de sus válvulas, así como de los elementos de seguridad en la coronación de la presa y de sus líneas eléctricas y de agua corriente, además de la reparación y estabilización de la casa del pantano y del camino de acceso desde la carretera CV-395. También se ocupa de la implantación del Plan de Emergencias de la presa.

   La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca detalla, a preguntas de este diario, las medidas de seguridad en marcha “necesarias para trabajar”. “Se han puesto vallas provisionales y se están instalando líneas de vida para que los trabajadores puedan engancharse a ella con arneses”, agregan fuentes del departamento autonómico.

   Sobre el trabajo para reducir el desprendimiento de la ladera derecha y los deslizamientos en la ladera izquierda, la conselleria indica que “está contratado y, en breve, se pondrá una malla y fajas y va a 'coserse' el terreno a sustratos estables mediante bulones”. “Esto requiere maquinaria especializada en camino”, concluyen las fuentes consultadas.

2. Carlos Mazón abrió la puerta de la provincia de Alicante a la empresa en la que trabajaba su actual jefe de gabinete

   

   La mercantil murciana también obtuvo un contrato de 39,7 millones del Ayuntamiento del Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, y aspira a otro de 26,6 millones en Mutxamel, también del PP

   Mazón adjudica a dedo uno de los primeros contratos de emergencia a la firma en la que trabajó su jefe de gabinete

   El contrato de emergencia adjudicado a dedo a la empresa en la que trabajó el actual jefe de gabinete del president de la Generalitat Valenciana no es el único que ha recibido la mercantil de una institución presidida por Carlos Mazón. Fue precisamente Mazón quien, desde la presidencia de la Diputación de Alicante, abrió las puertas de la provincia a la empresa STV Gestión SL, domiciliada en Murcia.

   Lo hizo en 2021, con una adjudicación de 413.223 euros a una Unión Temporal de Empresas formada por STV Gestión SL y Foresma SA. José Manuel Cuenca, actual jefe de gabinete de Mazón y secretario autonómico en Presidencia, fue responsable del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de STV Gestión SL entre noviembre de 2017 y enero de 2023. Luego se incorporó brevemente como asesor al grupo parlamentario del PP en las Corts Valencianes y, tras la victoria de Mazón en las elecciones autonómicas de 2023 y el pacto inicial con Vox, Cuenca fue nombrado secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación. Se trata de uno de los tres hombres fuertes del 'politburó' de Mazón en el Palau de la Generalitat.

   Carlos Mazón adjudicó a la firma en la que trabajaba su actual alto cargo el servicio de mantenimiento de jardines y parques de la provincia de Alicante. La licitación se impulsó desde la presidencia de la Diputación de Alicante y fue a parar a la UTE formada por STV Gestión SL y Foresma SA, a pesar de haber quedado la segunda clasificada entre las ofertas presentadas.

   La mesa de contratación excluyó a la otra UTE competidora con STV Gestión SL y Foresma SA al haber incumplido el requisito de aptitud para contratar relativo a la acreditación de las condiciones adicionales de solvencia establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Además, la UTE formada por la empresa en la que trabajaba José Manuel Cuenca mejoró su oferta contractual con un porcentaje a la baja del 7,77 por ciento en los precios unitarios.

   Una empresa con vínculos con el PP de Murcia

   STV Gestión SL, creada en 1993, tiene su domicilio social en Torre-Pacheco (Murcia). Entre su accionariado, según los datos consultados por elDiario.es en el Registro Mercantil, figuran nueve empresas: siete de Murcia, una de Orihuela (Alicante) y otra de Madrid. Entre ellas, la sociedad Bueno Martínez Patrimonio SL ostenta el 12,47 por ciento del accionariado de STV Gestión SL. Al frente de esta firma, creada en 2020, figuran Cristina Encarnación Martínez (administradora única) y José Bueno Galán (apoderado), hija y yerno de Santiago Martínez Esparza, empresario y expresidente del PP de San Javier, según el diarioLa Verdad.

   Por otro lado, la UTE adjudicataria del servicio de mantenimiento de jardines y parques de la provincia de Alicante, además de STV Gestión SL, también incluía a Foresma SA, una empresa propiedad de Naves y Locales SL. En esta última firma figura como accionista (con una participación del 7 por ciento) Hermisan SA, propiedad, entre otros, del empresario Luis Miñano San Valero, que ejerce también como administrador solidario.

   Se trata del expresidente ejecutivo de Inaer (entre 2005 y 2012), una conocida empresa de helicópteros domiciliada en Mutxamel (Alicante) que figura procesada como responsable civil en la causa del 'cártel del fuego', juzgada recientemente en la Audiencia Nacional, con el exconseller del PP Serafín Castellano como principal acusado. Luis Miñano San Valero, ya desvinculado de Inaer (actualmente es presidente ejecutivo de un grupo bodeguero) no fue investigado en la causa.

   Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción pedía para su antigua empresa inhabilitación durante 15 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Tras un pacto de conformidad con Anticorrupción (al que también se acogió el exconseller Serafín Castellano, que vio rebajada notablemente la pena de prisión que se le pedía a cambio de confesar los hechos), la causa está pendiente de sentencia.

   Los contratos del Ayuntamiento de Alicante

   Más allá de la adjudicación de la Diputación, STV Gestión SL también se encarga en la ciudad de Alicante de la limpieza de 63 colegios y de 300 dependencias municipales. El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, adjudicó por un periodo de cuatro años el servicio, por un valor de 39,7 millones de euros, según informó el concejal de Infraestructuras, José Ramón González. 

   STV Gestión SL también se hizo con el servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad de Alicante. La adjudicación acabó en los tribunales debido a la batalla contenciosa que inició Geamur, la concesionaria que ostentaba la concesión hasta 2021.

   Esta última firma fue excluida del proceso de licitación debido a un informe técnico que detectó una supuesta baja anormalmente desproporcionada no justificada en su oferta. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) falló a favor de Geamur, aunque el consistorio que dirige Luis Barcala ya había adjudicado previamente el servicio a STV Gestión SL. Para las arcas municipales, la factura global de la indemnización a la empresa ascendería a casi 1,7 millones de euros, segúnAlicante Plaza.

   Además, STV Gestión SL ha sido recientemente seleccionada por otro ayuntamiento gobernado por el PP —Mutxamel— para asumir el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria por un plazo de una década. El contrato tiene un valor global de 26,6 millones de euros, el “más importante que tiene el ayuntamiento”, según dijo Vicente Gomis, concejal de Urbanismo de Mutxamel, el pasado 14 de noviembre.

3. El PSOE llega a un acuerdo con ERC, EH Bildu y BNG para intentar salvar los impuestos a la banca y a las eléctricas

   

   Los socialistas intentan una movimiento de última hora para salvar la Ley que establece un mínimo del 15% al impuesto de Sociedades de las multinacionales tras una negociación maratoniana. El tributo a las grandes eléctricas tiene muy difícil salir adelante por el rechazo de Junts y Podemos no anuncia que no apoyará el de la banca si no salen ambos

   El PP explota la división de la mayoría del Gobierno para tumbar los impuestos a la banca y a las rentas más altas

   En una de las jornadas más rocambolescas que se recuerdan en el Congreso, tras más de siete horas de negociación con los grupos, el Gobierno ha conseguido este lunes un acuerdo a última hora con sus socios de izquierda para sacar adelante la Ley que establece un suelo del 15% al impuesto de Sociedades de las multinacionales y que ha pendido de un hilo durante toda la tarde del lunes. ERC, EH Bildu y el BNG han apoyado pasada la medianoche el dictamen en la Comisión de Hacienda y se han comprometido a apoyar también el impuesto especial a la banca este jueves en el Pleno después de conseguir el compromiso del PSOE para prorrogar durante todo el año 2025 el tributo a las energéticas. Lo intentarán mediante un Real Decreto que no osbtante tiene muy complicado salir adelante por la oposición frontal de Junts.

   Esta tarde, la Comisión de Hacienda votaba el paquete fiscal que el Gobierno buscaba sacar adelante junto a la reforma del impuesto de Sociedades que exige Europa. Los socialistas habían pactado previamente con Junts y PNV mantener el impuesto a la banca pero tumbar el de las grandes eléctricas, en contra de lo que reclamaban sus socios de izquierda. Ambos tributos fueron diseñados por el anterior Ejecutivo, en 2022, como gravámenes temporales, y caducan al final de este 2024.

   El Gobierno ni siquiera tenía esta tarde asegurados los votos para sacar el dictamen de la reforma del impuesto de Sociedades después de una alocada sesión en la Comisión de Hacienda que se ha alargado hasta casi la una de la madrugada. El PSOE ha extendido durante horas un receso antes de la votación final del informe de la ponencia para tratar de atar los votos suficientes, con negociaciones a varias bandas, algunas en los pasillos bajo la mirada de los periodistas.

   El punto de partida era muy complicado para el Gobierno que había pactado con sus socios situados a la derecha del arco ideológico algo que prometían no transigir sus aliados de izquierdas. La negativa de ERC a aprobar cualquier texto que no incluyese el impuesto a las energéticas obligaba a los socialistas a mirar al PP, que había avanzado que daría sus votos si el texto salía limpio, sin las enmiendas que planteaba la izquierda. Pero lo incierto de ese escenario y la voluntad de los socialistas de tratar de atar a los socios de la investidura complicaban el escenario. Para evitar una derrota parlamentaria este mismo lunes, el PSOE ha pedido un receso pasadas las 17h que se ha alargado hasta la madrugada entre el estupor de buena parte de los diputados presentes en la Comisión.

   Finalmente, después de una tensa negociación, ERC, EH Bildu y el BNG han lanzado un comunicado en el que anuncian el acuerdo con el Gobierno para mantener ambos impuestos. “ERC, EH Bildu y BNG acuerdan con el Gobierno español la presentación de un Real Decreto Ley para prorrogar durante todo el año 2025 el impuesto a las energéticas”, dice la nota conjunta de los tres partidos.

   Pero además, el acuerdo recoge el compromiso de aprobar el impuesto a la banca ya en la tramitación del pleno del jueves, “aumentando el tramo más alto en el impuesto, dirigiendo toda la recaudación a las Comunidades Autónomas y concertado con las haciendas forales de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra”, en línea con una enmienda transaccional que el PSOE había propuesto esta misma tarde durante la negociación.

   Esa enmienda contaba con el apoyo de Junts, aunque habrá que esperar al jueves para saber si mantienen su intención de apoyarlo o no después de este nuevo movimiento. No pasa lo mismo con el impuesto a las energéticas, que irá en un nuevo decreto que el Gobierno tiene que aprobar en los próximos días y al que los de Carles Puigdemont se habían impuesto frontalmente. Además, para sacar todo adelante necesitan los votos de Podemos, que insiste en que solo votará un paquete fiscal que incluya el de las eléctricas. De lo contrario, dejarán caer el impuesto a la banca, según ha dado a entender su líder, Ione Belarra.

   Una negociación complicada a izquierda y derecha

   El PSOE había planteado la “reforma fiscal” previa a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 a base de enmiendas. Inicialmente, incluía el impuesto especial a la banca, pero desistía del gravamen a las energéticas, según lo pactado por los socialistas con Junts y PNV hace un par de semanas. Este acuerdo hizo reaccionar, mostrando su oposición y su malestar, a todos los socios a la izquierda de los socialistas. Entre ellos, ERC, EH Bildu o Podemos lo han convertido en una línea roja.

   Los gravámenes “temporales” de la banca y las energéticas han recaudado 2.859 millones en 2024. Esta cifra es muy similar a la de 2023. 1.695 millones de euros corresponden a los ingresos públicos obtenidos de los beneficios récord de las entidades financieras durante el ejercicio anterior, y 1.164 millones corresponde a las grandes eléctricas o petroleras.

   Pero después de la negociación de este lunes, esa reforma quedará licuada, con apenas un puñado de cambios en los impuestos que sí han salido adelante en la Comisión de Hacienda. Entre los que han sobrevivido, destacan las rebajas fiscales a pymes y micropymes o el aumento de dos puntos en el IRPF a las rentas del capital más altas de 300.000 euros.

   Por el camino se han quedado también la eliminación de los privilegios fiscales a las SOCIMIs, los tributos a las primas de los seguros, el aumento del tipo al diésel...

   De esta manera, adelgazada la reforma fiscal, la transposición de la directiva de la Unión Europea (UE) está todavía pendiente de recibir el apoyo de la Comisión de Hacienda —los diputados están negociando mientras se alarga un último receso de una Comisión que empezó a las 17 horas—. El “dictamen [en la jerga parlamentaria]” salió definitivamente adelante esta noche, pero deberá ser votado todavía en el Pleno del Congreso de este jueves. La transposición es necesaria para evitar que España sea expedientada por la Comisión Europea, y también para desbloquear los desembolsos de los fondos del Plan de Recuperación de la misma UE.

   Negociaciones hasta el último minuto

   En el inicio de la Comisión, Pilar Vallugera, la portavoz de ERC en la Comisión de Hacienda, ha argumentado que su grupo no iba “a aceptar un paquete fiscal que, por la inflexibilidad de los representantes de Repsol e Iberdrola” en el Congreso —en referencia principalmente a PNV y Junts—, incumpla con el compromiso de convertir en un impuesto permanente a las energéticas el gravamen temporal que se diseñó en 2022 por los beneficios extraordinarios conseguidos por la crisis de inflación.

   “Si Repsol ha decidido que no va a pagar impuestos, nosotros no vamos a pasar por ahí, sobre todo después de una Dana. Yo no estoy aquí para defender a los empresarios. Estábamos dispuestos a apoyar un impuesto ampliamente bonificado, pero no a retirarlo”, ha añadido Vallugera, quien sí ha confirmado que su grupo parlamentario votaría a favor de algunas enmiendas concretas.

   En medio de la Comisión, el PSOE ha intentado rescatar el impuesto sobre a la banca, añadiendo modificaciones a la enmienda original para hacerla más atractiva para ERC. En el vídeo, se puede ver a una de las representantes del PSOE pedirle personalmente a Vallugera el apoyo a lo que técnicamente se conoce como enmienda transaccional. Ante este movimiento, los republicanos han optado por abstenerse, al igual que EH Bildu o BNG, lo que no ha sido suficiente para salvar, en ese momento, este compromiso del Gobierno de coalición.

   El PSOE ha extendido ese movimiento a hasta seis enmiendas transaccionales que los grupos han leído prácticamente mientras debían votarlas. Pero eso solo ha servido para sacar cuatro modificaciones puntuales de menor importancia. El procedimiento ha enfadado a algunos de los diputados que estaban presentes en la comisión. “Esto es una locura”, se quejaba un parlamentario de la derecha mientras abandonaba la sala durante uno de los recesos intermedios.

   Las idas y vueltas no han concluido ahí. Los grupos han votado por fin las enmiendas. Pero antes de decidir sobre el dictamen el PSOE ha pedido un nuevo receso para el último intento de una negociación que pone en peligro el conjunto del texto. “Que la comisión en la que se está decidiendo el futuro fiscal del Estado esté parada 3 horas y se retome a las 23:00 es una muestra más del juego corto de algunos y del desorden de esta legislatura”, ha lamentado en X el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

   Después de que ERC, EH Bildu y BNG anunciaran el acuerdo, las negociaciones todavían se ha prolongado. Los diputados han retomado la sesión cercana la 1 de la madrugada. “Quiero mostrar la más enérgica protesta. Es una falta de respeto a los trabajadores de la Cámara, a los medios de comunicación. Es una degradacion de la institución”, se ha quejado el diputado del PP Santiago Rodríguez.

   Pilar Vallugera, de ERC, ha tomado la palabra para explicar que su cambio de posición se debe únicamente a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a que el Gobierno aprobará un decreto que contenga la prórroga durante un año al impuesto de las eléctricas. Una nueva negociación en esta legislatura imposible.

   Más allá de la una de la madrugada, el Ministerio de Hacienda ha emitido un comunicado para aclarar que el Gobierno “mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”. Así que el resultado final de cómo queda el paquete fiscal solo se conocerá el jueves cuando voten los grupos. Si Podemos mantiene su anuncio de esta noche, el Gobierno no contará con los votos suficientes ni siquiera para prorrogar el impuesto a la banca, ya que los de Belarra han anunciado que sin el de las eléctricas no tendrá sus votos. El jueves promete otra jornada de emociones en el Congreso.

4. Los socialistas se abren a apoyar al candidato de Meloni para desbloquear a Teresa Ribera

   

   "La UE no puede sumirse en la inestabilidad con vetos cruzados de mirada corta", dicen ahora desde el Gobierno español, que defiende la necesidad de "alcanzar un consenso que proteja a Europa en un escenario internacional especialmente peligroso"

   El aval del PP europeo a la ofensiva de Feijóo contra Ribera sume a la UE en una crisis política sin precedentes

   Los socialistas se abren a apoyar al candidato de Giorgia Meloni para la vicepresidencia de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, a cambio de desbloquear el nombramiento del Teresa Ribera, que el Partido Popular Europeo tenía bloqueado por la negativa de socialistas y liberales a aupar a la extrema derecha a la cúpula del gobierno comunitario. “La UE no puede sumirse en la inestabilidad con vetos cruzados de mirada corta. Para proteger a Europa, por responsabilidad, es imprescindible una Comisión en marcha, que no dependa de las maniobras de Trump y de la ultraderecha”, señalan fuentes gubernamentales.

   La gran pugna contra el PP europeo la había encabezado la socialista española, Iratxe García, como jefa del grupo de los socialistas y demócratas en la Eurocámara. La semana pasada la cúpula del S&D reiteraba que no se podía situar en el mismo nivel a Ribera y a Fitto puesto que la primera es una candidata de la coalición que opera en la UE -populares, socialistas y liberales- mientras que el italiano pertenece a la familia política de los Reformistas y Conservadores (ECR), que está fuera de esa 'mayoría Von der Leyen'. De hecho, ni Meloni ni los Fratelli d'Italia apoyaron a la alemana en su reelección, pero el PPE les mantiene la mano tendida.

   “La decisión que hay que tomar no es 'si Ribera o si Fitto': la decisión estratégica es alcanzar un consenso que proteja a Europa en un escenario internacional especialmente peligroso”, señalan ahora desde el Gobierno de Pedro Sánchez. “Lo relevante es qué hace la UE frente a una nueva administración Trump que amenaza con aranceles a productos UE, guerra comercial con China, que desafía el orden multilateral y a NU, que mantiene una actitud de provocación, con un secretario de Estado de Energía abiertamente negacionista y procedente del petróleo, y el recrudecimiento de las hostilidades en Ucrania”, agregan esas fuentes.

   La conclusión es que los socialistas priorizan la responsabilidad institucional de que la Comisión Europea esté en marcha a cambio de levantar su veto a Fitto. Y, de paso, se garantizan el apoyo a Ribera que, a su juicio, nunca debió estar en cuestión.

   El gran escollo en el proceso de elección de la nueva Comisión Europea siempre fue el italiano Fitto después de que socialistas y liberales mostraran su rechazo rotundo a hacerle vicepresidente bajo el argumento de que los Conservadores y Reformistas (ECR) no forman parte de la coalición europea que sustenta a Ursula von der Leyen. Sin embargo, el PP europeo que pilota el alemán Manfred Weber les ponía como condición que esos dos grupos avalen al candidato de Meloni y usó la candidatura de Ribera como moneda de cambio.

   Ha sido Alberto Núñez Feijóo el que primero ha dado por hecho la cesión de los socialistas. “Ahora la oferta del PSOE en Europa es pactar con lo que llaman la ultraderecha europea”, ha asegurado el líder del PP en un discurso. Desde Génova llevaban desde primera hora de la mañana apuntando en esa dirección tras haberse anotado el tanto la semana pasada de haber dilatado todo el proceso de elección de los vicepresidentes del gobierno comunitario una semana.

   El pulso de Weber

   Por el momento, las evaluaciones de los seis vicepresidentes y del comisario húngaro, Oliver Varhely, permanecen suspendidas hasta que haya un acuerdo entre las tres principales familias políticas. El PP de Feijóo maniobró en Bruselas para conseguir la dilación del proceso y que Ribera no saliera elegida la semana pasada, como estaba previsto. Y con esa jugada, se retrasaron todas las evaluaciones. Lo que dijo el PP europeo, asumiendo hasta cierto punto el relato de Génova, es que Ribera debería rendir cuentas antes en el Congreso. Su comparecencia está prevista para el miércoles 20.

   A partir de ahí la tensión ha sido máxima y la 'mayoría Von der Leyen' está amenazada. Desde luego, la confianza entre populares, socialistas y liberales está completamente rota incluso si finalmente hay un acuerdo que permita que la nueva Comisión Europea eche a andar.

   Weber ha echado un pulso a los socialdemócratas y, de paso, a la propia Von der Leyen, de su familia política, a la que ha enviado el recado que el Parlamento Europeo tiene poder sobre su mandato en el que el PPE tiene mayoría con las fuerzas de la ultraderecha a las que ha levantado el cordón sanitario, a pesar del rechazo que dirigentes de la derecha tradicional, entre ellos Von der Leyen. No obstante, la presidenta no mete en ese saco a Meloni, con la que ha tenido el gesto de hacer a su candidato vicepresidente, a pesar de que ni en el Consejo Europeo ni luego en la Eurocámara los Fratelli d'Italia secundaron su candidatura.

   Feijóo no sabe si sus colegas europeos apoyarán a Ribera

   Lo que sostienen en Génova es que los socialdemócratas han cedido y apoyarán a Fitto a cambio de que sus colegas europeos le den el visto bueno a Ribera. “La ultraderecha no es tan ultra si con ellos se blinda a Ribera”, critica el PP de Feijóo que abre la puerta así a que la vicepresidenta logre el aprobado de la Eurocámara en contra de su criterio. De hecho, los populares españoles aún confían en que las comisiones parlamentarias a las que corresponde examinar a Ribera suspendan su nominación al celebrarse a puerta cerrada y ser secreto el voto.

   Frente al rechazo del PP español, que quiere que Sánchez nomine a otra persona para el futuro ejecutivo comunitario, los populares europeos rebajaron las exigencias a Ribera al condicionar su evaluación a que fuera al Congreso, algo que sucederá el miércoles, y a que se comprometa a dimitir si es procesada -algunas fuentes hablan de si es condenada- por la gestión de la DANA. La socialista se acoge al código de conducta de la Comisión Europea, que sólo contempla la exigencia de dimisión si lo solicita la presidenta.

   Aún hay margen para que un hipotético acuerdo permita votar al conjunto de la Comisión Europea la próxima semana en Estrasburgo. Como requisito previo, se debe evaluar primero a los vicepresidentes, que superen el trámite (por mayoría de dos tercios de los coordinadores de las correspondientes comisiones parlamentarias o por mayoría simple del conjunto de los eurodiputados que la integran si no sale a la primera) y finalmente que se valide a todo el gobierno comunitario en el pleno de la Eurocámara.

5. La vicepresidenta de la Generalitat cree que el interés por la comida de Mazón es "una bomba de humo" para "no hablar de la situación de Ribera"

   

   Susana Camarero, número dos de Mazón y recién nombrada portavoz del Consell, defiende que se han dado explicaciones suficientes sobre el ágape que ausentó al presidente del Palau de la Generalitat y que estaba comunicado en todo momento, delegando en la Consellera de Justicia la toma de decisiones

   Mazón comió el día de la DANA con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión pública

   La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y recién nombrada portavoz del Consell de Carlos Mazón, Susana Camarero, considera que el interés por la comida que ausentó al dirigente del Palau de la Generalitat Valenciana se emplea como “bomba de humo”. La número dos del Ejecutivo valenciano defiende que se han dado explicaciones suficientes sobre el paradero y las acciones de Mazón el 29 de octubre, día de la DANA, y considera que se está utilizando esta cuestión para desviar la atención de “la situación política de Teresa Ribera”, ministra de Transición Ecológica y candidata a comisaria europea.

   La portavoz del Ejecutivo autonómico ha comparecido para dar cuentas de las acciones realizadas en relación con la DANA, como lleva haciendo casi a diario desde la pasada semana. A la dirigente se le ha preguntado por el ágape con la periodista Maribel Vilaplana, que desveló el propio gabinete del presidente Mazón,a colación de unas declaraciones del president por supuestos bulos sobre la cita y su ausencia. En paralelo, este mismo lunes el grupo socialista ha pedido la factura de la comida como prueba de que se produjo, pese a que el propio restaurante ha confirmado que Mazón estuvo allí.

   La vicepresidenta ha dicho: “Me sorprende de nuevo que hagan esta pregunta. Hace más de diez días que se explicó esta comida, hace más de diez días que se desmintieron esos bulos que salieron entonces: que si estaba comiendo con Zaplana, con el presidente de la CEV o celebrando el cumpleaños de la consellera Nuria Montes. Se explicó dónde estaba, se explicó con quién estaba, se demostró que estaba comunicado, que habló con alcaldes, que nunca estuvo incomunicado. Me hago una pregunta a la inversa: ¿Por qué volver a hablar de la comida? No sé si hay alguien a quien le interese tratar esta comida como una bomba de humo y le interese que se hable más de una comida que ya se explicó hace más de diez días que por ejemplo la situación política de Teresa Ribera”.

   Preguntada por la petición de la factura que ha realizado el grupo parlamentario, la vicepresidenta indica que la persona responsable dará cuenta cuando se formalice. La dirigente, mano derecha de Mazón en su momento político más complicado, defiende las explicaciones proporcionadas hasta la fecha, y sostiene que el presidente estuvo comunicado e informado durante la reunión de trabajo. Sobre si trasladó algún consejo o recomendación a la consellera de Justicia, Salomé Pradas, a quien sitúan como responsable del Cecopi, señala que estaba debidamente constituido con todos los órganos, que tomaban decisiones de manera colegiada.