El Diario

• El juicio por el correo de la pareja de Ayuso cruza su ecuador sin pruebas de que lo filtrara el fiscal general

  

  Las primeras tres sesiones dejan el testimonio de varios periodistas que reconocieron haber tenido acceso a la confesión antes que Álvaro García Ortiz y la constatación de que fiscales y funcionarios pudieron acceder a la información confidencial en semanas anteriores sin que ese aspecto se haya investigado

  La pareja de Ayuso asegura en el Supremo que el fiscal general le “destrozó la vida”: “O me voy de España o me suicido”

  El inédito juicio al fiscal general que acoge el Tribunal Supremo alcanza su ecuador. Y lo hace sin que hayan aflorado evidencias de que la sexta autoridad del Estado filtrara a escondidas un correo con información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En casi 20 horas de interrogatorios distribuidos en tres jornadas, los abogados que sustentan la acusación no han logrado obtener ni una prueba sólida de que el documento en el que el letrado del comisionista reconocía un doble fraude a Hacienda saliera de manos de Álvaro García Ortiz con destino hacia los medios de comunicación.

  La primera jornada del juicio se inició con una contundente denuncia de la Abogacía del Estado, que acusó al instructor Ángel Hurtado, compañero de los siete magistrados que conforman el tribunal, de haber promovido un proceso “inquisitorial” y de haber actuado con la “idea preconcebida” de que su defendido era culpable. La última de las tres sesiones de la semana se cerró con los testimonios de tres periodistas que declararon que conocieron el secreto cuya revelación es objeto del juicio antes de que pudiera tenerlo el fiscal general. El acusado, sentado en estrados —no en el banquillo— y vestido de toga, ha seguido todas las sesiones con gesto serio y contenido. 

  Por la solemne sala de vistas del alto tribunal han desfilado un total de 20 testigos entre fiscales, políticos y periodistas. Los testimonios de algunos de ellos han permitido establecer un relato de las horas frenéticas en las que el fiscal general se movilizó para reclamar esa documentación reservada. Uno de los indicios contra él es precisamente la urgencia con la que se movilizó aquella noche. Lo hizo después de que algunos medios dieran una versión falsa de los hechos: que había sido la Fiscalía quien había ofrecido al comisionista un pacto que le permitiera una rebaja de pena a cambio de admitir el fraude y pagar una multa. Es más, algunos medios —VozPópuli o Libertad Digital, entre otros— publicaron incluso que el Ministerio Público había frustrado ese acuerdo por “órdenes de arriba”, tal y como había difundido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional. 

  La mano derecha de Ayuso pretendía instalar así la idea de que la querella contra la pareja de su jefa era una operación de Estado. El asesor, que declaró en la segunda jornada del juicio, aseguró que el fraude fiscal de 350.000 por el que el empresario se sentará en el banquillo “no hubiera tenido importancia” de no haber sido pareja de la presidenta regional. “No hay nadie en España que lo dude (...). Todo el aparato del Estado desde hace cinco años está urdiendo de todo para atacar a una rival política”, afirmó Rodríguez, quien también dijo falsamente que Hacienda no había “permitido” llegar a un acuerdo a González Amador. 

  El comisionista, que declaró después que el jefe de gabinete de su pareja, también trató de victimizarse. “Entre la nota [de prensa] de la Fiscalía y la publicación de email [en el que su abogado reconocía el delito] pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. Estaba muerto. García Ortiz me había matado públicamente. Nadie es consciente del daño que se me ha producido”, afirmó en los primeros pasajes del interrogatorio. 

  Una parte fundamental del delito de revelación de secretos es que acredite el “daño” a la causa pública o a un “tercero”, tal y como tiene dicho el Supremo desde hace años. Y a ello dedicó González Amador buena parte de su intervención. “El banco me cortó la financiación, una trabajadora mía no ha podido alquilar una casa porque han visto dónde trabaja. Ha sido un destrozo de proveedores, contratos que no he llegado a firmar”, lamentó. 

  El empresario no quiso apearse de la teoría de la conspiración, pero tampoco formar parte de los bulos de Miguel Ángel Rodríguez. Sobre las supuestas “órdenes de arriba” se limitó a decir que sus abogados “nunca” le dijeron eso. “Nunca les he pedido que digan que es un asunto turbio. Recuerdo que me parece que Miguel Ángel Rodríguez hizo ese comentario, pero es una valoración política, ni entro ni salgo”, afirmó. Todo ello, sin dejar de afirmar que considera que todo el proceso, desde la inspección tributaria hasta la causa penal por la que irá a juicio, viene de una cacería política contra su pareja: “Esa paranoia que yo tenía no era tal paranoia”.

  Nadie sabía que era la pareja de Ayuso

  La teoría de Ayuso de que su pareja fue sometida a una “inspección salvaje” de Hacienda convertida en una cacería de los poderes del Estado ha sido refutada por todas y cada una de las personas que han intervenido en el proceso, desde el fiscal general hasta los testigos más favorables a la tesis de la acusación. Lo dijeron en el juzgado las inspectoras de Hacienda a las que González Amador señala con nombres y apellidos en sus declaraciones y lo han repetido en este juicio todos los fiscales que han declarado. Nadie supo que era la pareja de Ayuso hasta días después de ser denunciado. 

  Lo explicó, como ya había hecho en fase de instrucción, el fiscal Julián Salto, que a principios de 2024 cogió el testigo de la Agencia Tributaria para investigar y denunciar a González Amador y sus empresas. “El 8 de marzo [tres días después de presentar la denuncia] pregunto por el repentino interés del asunto y nos dicen que González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid”, detalló ante el tribunal. 

  Según ha desvelado el juicio, en la Fiscalía nadie supo quién se escondía detrás de la empresa Maxwell Cremona hasta que el seis de marzo, con la denuncia ya en los juzgados de Madrid, un periodista de elDiario.es contactó con la directora de comunicación de la Fiscalía para ver si sabían algo de la documentación que ya tenía el periódico. Empezaron entonces las consultas internas a través de una dación de cuentas. 

  La información, a través de esa llamada, llegó a la Fiscalía General y de ahí a la Fiscalía de Madrid, donde tampoco sabían que habían denunciado a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental. Lo explicó Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, que recibió el dato del fiscal Diego Villafañe. “Recuerdo que había visado unos días antes unas diligencias que podían ser de la empresa”, aseguró. Pero relató que tuvo que consultar con la responsable de delitos económicos de la Fiscalía madrileña, quien a su vez se lo acabó explicando al propio Salto. 

  Tampoco lo sabía Almudena Lasta, fiscal jefe de Madrid y considerada el testigo más valioso para las acusaciones por haber sospechado que la filtración procedía de sus compañeros de la Fiscalía General. La dación de cuentas, días después de la denuncia, “es el detonante por el que tenemos conocimiento de que esta persona es pareja de la presidenta”, afirmó Lastra. El desconocimiento previo del asunto en el Ministerio Público llega al punto de que los testigos vinculados a la Fiscalía General han acusado a los de la Fiscalía de Lastra de no haber informado públicamente del tema como sí habían hecho, por ejemplo, con fraudes como el de Carlo Ancelotti o José María Aristrain. 

  El de Lastra era uno de los testimonios más esperados de la primera jornada de juicio, sobre todo por las acusaciones. Fiscal jefe de Madrid y en un enfrentamiento abierto y mutuo con la Fiscalía General y la fiscal Pilar Rodríguez, Lastra volvió a relatar cómo en esas horas frenéticas sospechó claramente que la filtración procedía del organismo que dirige García Ortiz: “Le dije: ¿has filtrado los correos?”. Después, reprochó a sus colaboradores que enviaran los correos al fiscal general: “¡Los van a filtrar!”. Explicó que era su sospecha, pero también reconoció que hablaba por intuición y sin pruebas. Ante el tribunal admitió que lo dijo “sin saber si lo habían filtrado o no lo habían filtrado”. 

  El relato de González Amador también pasa por dar a entender que su propuesta inicial de aceptar ocho meses de cárcel ya estaba aceptada y camino de la ratificación judicial, a pesar de que el propio fiscal Salto ha explicado que ese ofrecimiento ni siquiera incluía el delito de falsedad documental que también se le atribuye. Una de sus quejas más recurrentes es que esta filtración ha eliminado cualquier posibilidad de defenderse. “Estoy siendo enviado a un juicio oral donde voy a ser condenado, no tengo opción ninguna”, llegó a decir. 

  Este mismo viernes, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que se sentará en el banquillo por este asunto. Está pendiente también de una segunda pieza separada por un supuesto “soborno” a un directivo del grupo Quirón, según la Fiscalía. En el juicio del Supremo también ha comparecido el segundo fiscal que se hizo cargo de su caso: Diego Lucas. Y además de explicar que las negociaciones siguieron, reveló que su defensa había incurrido en maniobras dilatorias para frenar el avance del proceso. 

  Explicó, por ejemplo, que siguió recibiendo propuestas de su abogado, Carlos Neira, y negoció con él, pero que fueron precisamente los abogados del empresario los que obstaculizaron las negociaciones cuando se enfrentó a una segunda causa. “No es que no quisieran conformarse, es que no querían que él llegara a declarar. Pretendían que no declarara hasta que la Audiencia Provincial revocara o confirmara la incoación de esa pieza separada. Querían retrasar la declaración”, aseveró.

  El “haz lo que veas” de González Amador

  La vista también ha permitido acreditar que antes de que el fiscal general reclamara esa documentación reservada, González Amador había facilitado otro correo electrónico del procedimiento a Miguel Ángel Rodríguez. Y que, a su vez, este último lo filtró a los medios con una versión falseada. “Haz lo que veas”, dijo el empresario a la mano derecha de su pareja. Ese fue el pistoletazo de salida para que el asesor usara sus listas de distribución entre decenas de periodistas para mover el bulo. 

  El objetivo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado es demostrar que el primero en levantar el secreto y romper la confidencialidad de sus comunicaciones fue el propio González Amador. Y el objetivo de González Amador es dejar claro que él ni siquiera conocía su propia filtración y que, además, él sí tenía derecho a enviar a quien quisiera un correo del fiscal Salto. “Me siento imbécil por tener que explicar esto, equiparar un correo que es mío…”, dijo antes de que le cortara el juez Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal. 

  Sus querellas y escritos, que han desembocado en este juicio, ocultaron que en la mañana del 12 de marzo de 2024, poco después de que elDiario.es desvelara el caso, González Amador mandó a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal Salto. También que día y medio después, cuando el objetivo del asesor era desmentir a La Sexta por contradecir sus bulos, dio permiso al jefe de gabinete de Ayuso para repartir ese correo entre decenas de periodistas. “Si le digo que hiciera lo que quisiese lo doy por autorizado, lógicamente”, añadió en el juicio. Su abogado Carlos Neira especificó que nunca se había encontrado con un cliente que pasara sus correos a la prensa y que no autorizó ese envío masivo. 

  Todo este cruce de mensajes y envíos no fue conocido por los jueces hasta que Miguel Ángel Rodríguez testificó ante el juez Hurtado en enero, cuando reveló esas comunicaciones. En el juicio, el jefe de gabinete reconoció que ya a las siete y media de la tarde contactó con medios para difundir el bulo que incluía datos del correo, pero sin difundirlo: “No di a conocer el email que me había llegado”. Sí lo hizo, de forma íntegra, más tarde. “Yo mando el email y todo el mundo se vuelve loco en Fiscalía”, se jactó. 

  El jefe de gabinete de la presidenta se jactó de su maniobra ante los jueces y defendió el bulo que puso en circulación y que muchos medios publicaron: que el fiscal había ofrecido un pacto silencioso, pero que sus superiores habían frustrado el acuerdo. Lo que vendió como información a la prensa era una deducción “lógica” y no tenía “ninguna fuente”, explicó al tribunal. 

  Los periodistas que lo supieron antes

  Uno de los gremios más representados en la lista de testigos del juicio es el de los periodistas y, por el momento, hasta seis informadores han declarado en el Supremo que sí conocieron el correo y cuánto lo pudieron examinar. Tres de ellos han reconocido que el email circulaba por las redacciones antes de que llegara al email del fiscal general a las 21.59 horas de la noche del 13 de marzo de 2024. Es una de las tesis más relevantes de la Fiscalía y de la defensa de García Ortiz, que incluso el propio juez Hurtado llegó a esgrimir en algunos autos: que para entonces el correo con la confesión de González Amador ya no era secreto. 

  José Precedo, uno de los autores de la primera exclusiva que reveló el fraude fiscal de González Amador, reiteró como ya hizo en fase de instrucción que él recibió una “triple documentación” del caso el 6 de marzo de 2024: el expediente tributario, la denuncia que la Fiscalía había presentado un día antes y el correo. Un email que, explicó, reforzaba la información ante los ataques del entorno de Ayuso pero que su fuente no le había permitido publicar. 

  “A ningún medio de comunicación le gusta citar a la competencia, pero lo que hace elDiario.es normalmente, más allá de lo que se haya podido decir en esta sala, es comprobar todas las informaciones. Por eso tardamos un poquito más, pero vamos más seguros”, explicó. Esa noche, en plena confusión y con los bulos de Miguel Ángel Rodríguez circulando a toda máquina mediática, elDiario.es publicó una primera información citando a la cadena de Atresmedia, tal y como corroboró Marcos Pinheiro. Esta redacción publicó el correo cuando tuvo autorización de la fuente. 

  Alfonso Pérez Medina, responsable de tribunales de La Sexta, también explicó que tuvo acceso a la información correcta sobre los pactos y negociaciones a las 21.54 horas de esa noche, tal y como demuestran los mensajes internos de su equipo aportados al proceso. El primer pantallazo del documento, y no solo su contenido, no se publica en su integridad hasta las nueve de la mañana del día siguiente por el digital El Plural. 

  La primera mitad del juicio, por tanto, ha servido para analizar las dos patas fundamentales del procedimiento: si hay pruebas de que el fiscal general filtró u ordenó filtrar el correo a los medios en la noche del 13 de marzo y si la confesión de González Amador todavía era secreta o confidencial para cuando llegó a manos del fiscal general. 

  Ninguno de los fiscales que han declarado en el caso, tanto los que estuvieron imputados como los que siempre han sido testigos, han arrojado luz sobre la posible filtración más allá de constatar que el fiscal general “no podía esperar” para tenerlos y desmentir los bulos e informaciones falsas y manipuladas que acusaban a la Fiscalía de acosar a la pareja de Ayuso. Pero sin dedos que apunten a García Ortiz como el autor de la primera filtración a la Cadena Ser. 

  Sí han surgido testimonios que abren otras posibilidades dado que más personas, dentro y fuera de la Fiscalía, tuvieron acceso a ese correo antes que él y algunos ni siquiera han sido llamados a declarar en año y medio de investigaciones. Desde los fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Madrid que tuvieron acceso al email durante más de un mes hasta su filtración hasta los periodistas que han reconocido haberlo tenido en su poder. El juicio también ha añadido la novedad de que el fiscal Salto ya relató a sus superiores el 12 de marzo al mediodía que estaba negociando a través del abogado Carlos Neira. 

• El fraude fiscal de la pareja de Ayuso: intrahistoria de un trabajo periodístico excepcional

  

  El trabajo de los periodistas de elDiario.es durante aquellos días permitió dar una enorme cantidad de exclusivas en un corto espacio de tiempo. Nunca Alberto González Amador ni Isabel Díaz Ayuso han podido recriminarnos nada de lo que publicamos y la justicia ha avalado nuestras informaciones

  La Audiencia de Madrid confirma que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos

  La tarde del miércoles 6 de marzo de 2024 me llamó José Precedo y recuerdo perfectamente sus palabras: “Lo tengo todo”. Habíamos hablado del tema, intentado confirmar algunas de las pistas que nos habían llegado, mirado el registro, las cuentas, etc. Ese día supimos que estaba todo atado: el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había cometido fraude fiscal por valor de 350.000 euros.

  El jueves, ya en la redacción, montamos un equipo de investigación con varios periodistas de diferentes secciones, como ya habíamos hecho en alguna otra ocasión: Tribunales, Madrid, Economía, Política… Les informamos de lo que había. Lo principal en aquel momento era leer, entender y traducir a lenguaje llano un extenso informe de la inspección tributaria que recogía todos los detalles de la operativa del fraude. Mientras los redactores cerraban sus temas para el fin de semana —que el periódico sale todos los días— ese fue mi trabajo: elaborar un índice del documento de más de 200 páginas, pensar en posibles enfoques y plantear las dudas y cuestiones a resolver.

  El lunes 11 de marzo, a primera hora, nos reunimos, repartimos tareas y pautamos las primeras entregas. Algunos periodistas elaborarían la pieza principal, otros se ocuparían de investigar las empresas que colaboraron con el fraude e indagarían en el negocio que le había proporcionado a González Amador tan altos beneficios. Mandamos periodistas a diversos puntos de Madrid a obtener información complementaria. Había también que contactar con fiscalistas y juristas para entender las posibles consecuencias para González Amador, elaborar montajes y gráficos para ilustrar las noticias, empezar a plantear las piezas laterales y estar preparados para las reacciones políticas.

  Un despliegue de este calibre solo es posible en una redacción como la de elDiario.es, donde todos sus periodistas, da igual la sección a la que pertenezcan, se ponen a colaborar entre ellos para sacar el trabajo adelante. He tenido la suerte de verlo en más ocasiones, como cuando publicamos la investigación sobre el falso máster de Cristina Cifuentes o durante la pandemia del Covid-19.

  En la tarde de ese lunes ya teníamos preparada la primera información: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. Fue esa misma tarde cuando contactamos tanto con Alberto González como con Miguel Ángel Rodríguez. Hubo debate con el titular, pese a las advertencias de Miguel Ángel Rodríguez: “Vosotros veréis…”. La noticia se publicó a primera hora del martes 12 de marzo con la palabra fraude en el titular.

  Entre medias de todo ese despliegue, del estudio de la ingente documentación que manejó el equipo, surgió otra derivada: el piso en el que vivía González Amador, y por tanto, Ayuso.

  A primera hora del lunes no sabíamos siquiera en qué parte de Madrid residía Ayuso; en menos de 24 horas ya podíamos acreditar que era una vivienda de lujo en Chamberí de 200 metros cuadrados que el empresario había comprado tras el fraude fiscal. Entre medias, un chivatazo, consultas en las bases del registro mercantil que se cruzaron con los datos del informe tributario y más trabajo de campo.

  Y entonces, otra nueva pista: había un segundo piso. El 13 de marzo, mientras las primeras exclusivas sacudían la política española, pudimos acreditar que la presidenta madrileña y su pareja disfrutaban del ático del edificio, otro piso de lujo. Los tres días de investigación previa sirvieron para descubrir un elemento nuevo: esta vivienda estaba a nombre de la sociedad de un fiscalista que había representado a González Amador durante la investigación de la Agencia Tributaria.

  En aquellos tres días frenéticos el equipo de investigación publicó la exclusiva del fraude, descubrió que el dinero venía de una comisión por intermediar en la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, elaboró un mapa con las conexiones entre las empresas usadas para las facturas falsas, localizó una sociedad pantalla en Panamá y, además, destapó que Ayuso vivía en un piso de lujo comprado tras el fraude y en otro a nombre de una sociedad interpuesta.

  Esa última noticia se cerró y lanzó justo cuando El Mundo publicaba la noticia sobre el ofrecimiento de pacto de la Fiscalía, que luego se demostró falso. Hubo que ponerse con esa nueva vía aquella noche de miércoles 13, que contradecía parte de la documentación en nuestras manos, y continuar el jueves.

  Pero aquello no impidió que siguiéramos publicando informaciones exclusivas del caso. Tampoco frenaron la investigación las amenazas directas del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez —su “os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”—, o que la propia presidenta tratara de desprestigiar nuestras informaciones en público.

  Descubrimos una nueva sociedad de González Amador en Florida, desgranamos el papel de un directivo de Quirón en el caso, uno de nuestros redactores localizó y habló en un pueblo de Sevilla con los empresarios que colaboraron en el fraude y profundizamos en el pelotazo fallido de la pareja de Ayuso que intentó vender vacunas muy por encima de su precio en Costa de Marfil. Elaboramos piezas de contexto para ayudar a entender la complejidad del caso, seguimos todas las reacciones y grabamos varios podcast con el equipo de Un tema al día. Todo eso en una misma semana.

  Lejos de “tardar en publicar”, como han dicho tanto el magistrado instructor Ángel Hurtado, la Sala de Apelación del Supremo y siguen insinuando algunas acusaciones en el juicio contra el fiscal general del Estado, lo que ocurrió aquellos días en la redacción de elDiario.es fue un trabajo periodístico excepcional que permitió dar una enorme cantidad de información exclusiva en un corto espacio de tiempo. Si en algún momento las redacciones se parecen, aunque sea mínimamente, a esas series americanas que creen saber reflejar el trabajo diario de los periodistas, este fue uno de ellos.

  Ninguna de aquellas informaciones ha sido desmentida. Nunca Alberto González Amador ni Isabel Díaz Ayuso han podido recriminar a elDiario.es nada de lo que publicamos, porque todo era cierto y estaba contrastado hasta eliminar la más mínima duda. Nadie pudo denunciarnos, tal y como anunciaban aquellas amenazas.

  Miguel Ángel Rodríguez nos llamó esta semana ante el Tribunal Supremo mentirosos, escandalosos y agresivos, pero nunca jamás ha sido capaz de ponerle un pero a nuestros textos. De ahí nace la frustración y la rabia acumuladas a las que dio rienda suelta primero en sus amenazas contra nosotros y luego en la declaración como testigo ante el tribunal. No puede hacer otra cosa, solo le queda el insulto.

  La justicia ha ido confirmando todas y cada una de nuestras exclusivas hasta dejar a González Amador a las puertas del banquillo por aquel fraude fiscal que destapamos la mañana del 12 de marzo de 2024. Este mismo viernes ha avalado su procesamiento por fraude y falsificación de documentos.

  PD: Este texto no es solo un reconocimiento a los periodistas que intervinieron directamente en aquellas noticias. También a todos los que trabajan enelDiario.es y que, con su esfuerzo, permiten que en un medio pequeño, como el nuestro, unos compañeros se desliguen de la asfixiante actualidad para investigar mientras ellos sacan adelante la enorme carga diaria de trabajo desde Sociedad, Portada y Redes, Cultura, Economía, Internacional, Datos, Diseño, Podcast, las ediciones regionales o desde donde sea. Es un orgullo trabajar aquí.

• No es el fiscal general el que debe demostrar que es inocente

  

  'Política para supervivientes' es una carta semanal de Iñigo Sáenz de Ugarte exclusiva para socios y socias de elDiario.es con historias sobre política nacional. Si tú también lo quieres leer y recibir cada domingo en tu buzón, hazte socio, hazte socia de elDiario.es

  Esta semana, he asistido a las tres sesiones del juicio del fiscal general en el Tribunal Supremo, que se reanuda el próximo martes. A la hora de cubrir un acontecimiento como este, siempre hay que tener clara una cosa. Son las acusaciones las que tienen que probar por encima de toda duda que el acusado es culpable. No al revés. Desde luego, la defensa sostendrá que es inocente e incluso una bellísima persona, pero la estrategia que debe analizar un periodista es fundamentalmente la de las acusaciones. Es lo mismo que intenté hacer en el juicio del procés. 

  El delito por el que se acusa a Álvaro García Ortiz es el de revelación de secretos, que es un asunto muy serio en el sistema judicial en la medida en que puede suponer una conculcación de los derechos de un acusado. La gran paradoja reside en que los sucesos que se juzgan fueron desencadenados por la revelación de un secreto realizada por un alto cargo del Gobierno de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, con el fin de favorecer la estrategia política adoptada por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y defender los intereses particulares de una persona, su novio, acusado de delitos fiscales. Y todo a cuenta de unos hechos que eran conocidos desde días antes por periodistas de varios medios, además de un alto número de fiscales.

  Y en esas estamos. Las acusaciones necesitan dar un giro a lo que se ha escuchado hasta ahora en el juicio y convencer al tribunal de que García Ortiz filtró hechos confidenciales porque reveló que fue el abogado de Alberto González Amador el que hizo una propuesta de negociación al fiscal del caso, no al revés como dijo el artículo de El Mundo. Atentos, no en el comunicado que difundió finalmente la Fiscalía General del Estado (FGE), porque ahí ni el juez instructor creía que se había producido un delito. Y a partir de aquí resumo algunos de los elementos más llamativos del juicio y de lo que le rodea.

  1. Suposiciones y deducciones. Nadie ha probado en el juicio que el fiscal general fuera el responsable directo de la filtración fraudulenta. No se juzga a la FGE, sino específicamente a García Ortiz. La fiscal Almudena Lastra daba por hecho que la FGE iba a filtrar datos sobre la situación legal de Amador y por eso conminó al fiscal Julián Salto a que no entregara a sus superiores la información que le reclamaban. “Le dije: por favor, los van a filtrar. No hagas nada”, dijo Lastra en el juicio. Luego, acusó a García Ortiz de haberlos filtrado. “Le dije: has filtrado los correos”. El fiscal general no lo negó ni lo confirmó: “Eso no importa. Hay que enviar la nota”. Lastra no tiene pruebas de que la filtración fuera obra de García Ortiz. Sólo lo supone. Lo mismo Miguel Ángel Rodríguez, que dijo que se trataba de “una deducción lógica”. Al menos, no se refirió como argumento de autoridad a las “canas” (su experiencia), como hizo en la instrucción. No lo hizo, porque, en el contexto de un juicio, habría sonado como una broma de mal gusto.

  2. Vía libre para filtrar. Rodríguez pidió permiso a Amador para utilizar los correos de su abogado y el fiscal. “Haz lo que veas”, le respondió. Le estaba dando vía libre para que los filtrara, íntegros o sólo el contenido, y que por tanto dejaran de ser secretos. No todos, sólo uno para que lo publicara El Mundo y pareciera que era el fiscal quien se había adelantado para proponer un pacto de conformidad (falso) y para que Rodríguez extendiera el bulo de que todo se había parado por “órdenes de arriba”. El autor del artículo, Esteban Urreiztieta, declaró que lo consideró “un correo independiente de los otros”, lo que es curioso porque también dijo que no conocía el primer email cuando escribió la noticia.

  Hay que recordar en este punto que el hecho de que el abogado de Amador ofreciera un acuerdo, que inevitablemente conlleva reconocer algún delito, y que el fiscal estuviera dispuesto a escucharle es perfectamente normal en estos casos. 

  3. Hacerse la víctima. Tenemos estos días toda una pléyade de personas que se apuntan al martirio. Se presentan como víctimas cuando están sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Carlos Mazón es la más desvergonzada (como se ve en esta viñeta de Fontdevila). Juan Carlos de Borbón no le va a la zaga. González Amador se ha unido a la fiesta. “El fiscal general del Estado me había matado”, anunció. No tendrá un juicio justo: “No tengo ninguna duda de que voy a ser condenado”. Sorprendentemente, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, no le recordó lo que suelen decir los jueces en los juicios. Los testigos están para aportar hechos, no opiniones. Mucho menos, si son sobre el futuro. Y si afirman que en España puedes estar condenado antes incluso de que se celebre el juicio, ya ni te cuento.

  4. El suicidio como salida razonable. Como estaba lanzado, Amador quiso decir unas palabras tras concluir las preguntas de las partes. Otro momento que Arrieta debería haber cortado de raíz. La pareja de Ayuso ofreció una de las frases memorables del juicio: “O me voy de España o me suicido”. Interesante alternativa. Lo primero no pondría fin a sus responsabilidades penales. Lo segundo, sí, por razones obvias. Más allá del toque lacrimógeno, como de película de Antena 3 de los domingos por la tarde, hay detrás una estrategia evidente. Sabe que si el fiscal general es declarado culpable, su abogado podrá pedir que se clausure el procedimiento judicial contra él por delitos fiscales alegando indefensión. Esa es su única esperanza. La Audiencia de Madrid confirmó el viernes que irá a juicio por fraude fiscal y falsificación de documentos. Le piden tres años y nueve meses de prisión. Y lo tiene muy chungo.

  

  5. Habla con tu novia. Más allá de los presuntos delitos cometidos, ¿quién tiene la culpa de que Amador se encuentre en esta situación? Está bastante claro. Díaz Ayuso y su consigliere. Lo dijo Lucía Méndez en una tertulia de Hora 25: “Si es una víctima de alguien, será una víctima de su novia y del jefe de gabinete de la presidenta”. Fue Díaz Ayuso quien desde el primer momento convirtió los negocios de Amador y la investigación de Hacienda en un tema político de alcance nacional al acusar a “los poderes del Estado” de ir contra él en una rueda de prensa en Leganés. Luego, Rodríguez ejecutó la estrategia con la ayuda de varios medios de comunicación y la Fiscalía se vio obligada a reaccionar con una nota de prensa, lo que realmente no fue una gran idea.

  6. La amnesia. Pilar Sánchez Acera, dirigente del PSOE madrileño, declaró en la sala que no se acordaba del nombre del periodista y del medio que le pasó un documento sobre el caso que ella quería que Juan Lobato utilizara en el pleno de la Asamblea de Madrid. Habían pasado ocho meses desde ese día hasta que le preguntaron por el tema en la fase de instrucción. No me creo nada de lo que dijo. ¿Recibe un documento que puede ser muy importante para la labor de oposición del PSOE en la Asamblea y olvida quién se lo dio? Eso nunca pasa en política. Otra cosa es que las acusaciones no tenían manera de presentar hechos conocidos que pudieran contradecirla y por tanto su testimonio terminó siendo bastante irrelevante para el objeto del juicio. 

  7. Sobre los periodistas y sus secretos. Varios periodistas declararon en el juicio que conocían los documentos del caso antes de que el fiscal Salto los pusiera en manos de sus jefes. Alfonso Pérez Medina cuenta además con el chat de la redacción de La Sexta como prueba de que hablaron de ello. José Precedo, compañero de eldiario.es, explicó que conocía todo lo relacionado con el caso una semana antes de que Julián Salto informara al fiscal general. No pudo publicarlo antes porque no tenía el permiso de la fuente y debía confirmar algunos elementos del caso. Precedo sabe quién se lo pasó –y no fue García Ortiz–, pero no puede decir quién es, porque vulneraría el secreto profesional que las fuentes de los periodistas dan por hecho que se respetará. Esto es esencial en toda investigación periodística relacionada por ejemplo con casos de corrupción. 

  “Yo sé quién es la fuente y no lo puedo decir. Es un dilema”, dijo. Ciertamente, es un dilema, pero no tiene alternativa. Hizo lo que debía. Cualquier periodista que vulnere el secreto profesional debería abandonar la profesión. ¿Quién le va a creer después si recibe una confidencia y promete que no contará quién se la ha dicho? Bueno, siempre puede dedicarse a tertuliano de la tele que para eso no se necesitan principios tan elevados. 

  El presidente del tribunal se lo tomó a mal y perdió los papeles. “Una cosa es que no lo diga y otra que nos amenace”, intervino el juez Martínez Arrieta. No había tal amenaza. Un día antes, Amador había dicho que la justicia en España es una farsa, al menos en su caso, y el juez ni pestañeó. De repente, decidió que ese comentario era un ataque al tribunal, lo que podría considerarse un delito de desacato. ¿Y ahora qué, señoría? Va a acusar a un periodista de cometer un delito cuando emita la sentencia por decir la verdad?

  8. Abogado de garrafón. Las acusaciones intentaron desdeñar el testimonio de Precedo. El defensor de Amador preguntó desde hace cuánto tiempo conocía a García Ortiz. Desde 2003 y a causa de la investigación judicial del naufragio del Prestige, respondió el periodista. En la instrucción, le preguntó si era verdad que sus familias se conocían, lo que era falso. Esta vez, se abstuvo de reiterar la pregunta.

  Otro abogado, que representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, una pequeña asociación de fiscales que odia a García Ortiz, fue más lejos. Juan Antonio Frago quiso desprestigiar a Precedo con el argumento de que había entrevistado siete veces al fiscal general en más de veinte años. Como si entrevistar a alguien, te convirtiera en su colega. Al día siguiente, insistió en lo mismo en Twitter rebuscando en antiguos tuits de Precedo. Este le respondió que estaba citando cuatro veces la misma entrevista como si fueran diferentes. Pero es mejor esta respuesta: “He entrevistado más veces a Feijóo que al fiscal general, pese a haber pasado más tiempo ocupado en información de tribunales. Según el silogismo de este abogado, Feijóo y yo deberíamos ser íntimos amigos”. 

  Es evidente que este abogado y fiscal en excedencia no sabe nada de periodismo y de derecho anda muy justito.

  9. Periodistas cabreados. Algunos están muy enfadados con los testimonios de los periodistas en el juicio. Temen que hagan que sea más difícil que García Ortiz sea condenado. Rafael Latorre, columnista de El Mundo, sostiene que su testimonio es “irrelevante” al haberse acogido al secreto profesional. Es lo mismo que decidió el juez instructor, porque cuestionaba el relato con el que quería llevar a juicio al fiscal general. Uno pensaba que siempre es importante que un testigo diga la verdad en un juicio, pero parece que hay excepciones. Como gran argumento, esgrime que “si el documento de marras circula por ahí desde hace semanas, a qué viene el acoso a Julián Salto, el hincha importunado, para conseguirlo”. No hay que ser un genio para saber que si García Ortiz ordenó que llamaran al fiscal Salto para que enviara esos documentos es porque no los tenía y los necesitaba para escribir la nota de prensa. 

  10. Insisto. Da igual qué opinión tengas sobre García Ortiz, Díaz Ayuso o González Amador. Esto no es un partido de fútbol en el que quieres que ganen los tuyos. Es un juicio en el que la culpabilidad del acusado debe demostrarse con pruebas, no con indicios sospechosos, ejemplos de amnesia de algún testigo o deducciones de otros. Son las acusaciones las que deben demostrarlo. No es el acusado el que debe probar que es inocente. 

• El dilema moral

  

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  Esta semana ha sido difícil en elDiario.es. Dos de nuestros compañeros, José Precedo y Marcos Pinheiro, tuvieron que declarar como testigos ante el Tribunal Supremo, en el juicio contra el fiscal general. 

  El juicio no se puede retransmitir en directo –el Supremo denegó esa petición–, pero en la redacción sí tenemos acceso a la señal. Y este miércoles por la tarde, todos estuvimos pegados al monitor. Sufriendo al escuchar cómo los abogados de la acusación trataban de desacreditar la profesionalidad de nuestros compañeros y la veracidad de nuestra información.

  Se está juzgando al fiscal general, pero no solo. Todo este proceso va también del trabajo que hacemos en elDiario.es. De nuestras informaciones sobre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Del secreto profesional de los periodistas y del derecho a la información. 

  Durante más de una hora, José Precedo explicó detalles que no solemos contar: cómo funciona por dentro una investigación. El tiempo que se tarda en comprobar cada dato, el equipo que se moviliza, la revisión de los papeles, las llamadas que tenemos que hacer, o por qué no siempre publicamos todo lo que tenemos y a veces reservamos algo de información –porque lo pide una fuente o por pura protección–. 

  El momento clave del interrogatorio llegó cuando Precedo explicó su ‘dilema moral’. Algo de lo que hablamos mucho entre nosotros, que pesa en la conciencia de esta redacción. 

  –En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos los periodistas muchas veces. Yo sí sé quién es la fuente de esta historia, pero no la voy a decir por secreto profesional. 

  –Una cosa es que no la diga. Otra es que nos amenace con que la sabe–, respondió el presidente del tribunal.

  –No, no amenazo a nadie. Está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente, porque conozco la fuente. Pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es una amenaza.

  El dilema que plantea Precedo es también el mío. Me quita el sueño, igual que a él. Yo también sé quién es la fuente: cómo nos llegó esa información. Yo tampoco lo puedo contar.  

  El secreto profesional no es solo un derecho de los periodistas. Es también nuestra obligación. Es la herramienta más importante de nuestro oficio: la que nos permite acceder a la información más sensible, que alguien con poder quiere ocultar.

  –Si desvelo la fuente, al día siguiente tendría que dejar el periodismo y volver a trabajar en el supermercado de mis padres–, me dice Precedo.

  –No solo tú –le respondo–. Si desvelas la fuente, tendríamos que cerrar elDiario.es. 

  En esta redacción vivimos de nuestra palabra. No tenemos nada más. La que le damos a nuestros lectores, pero también a nuestras fuentes: a quienes se juegan ir a la cárcel para proporcionarnos información.

  Ante este dilema, hemos ido todo lo lejos posible. José Precedo podría haberse negado a responder al 90% de las preguntas que recibió en el Tribunal Supremo. Acogerse a su secreto profesional y no explicar cuándo accedimos a los documentos, cómo los investigamos o a quién llamamos para contrastar la información.

  Si Precedo ha explicado en el juzgado muchos detalles que nunca contamos sobre nuestras investigaciones –porque puede poner en riesgo a nuestras fuentes– ha sido precisamente porque hay un inocente que puede ir a la cárcel. Una persona que nunca nos ha filtrado información y a la que piden cuatro años de prisión y una multa de más de medio millón.

  Ante el Tribunal Supremo, periodistas de cinco medios distintos han confirmado lo mismo que explicaron José Precedo o Marcos Pinheiro: que ese “secreto” circulaba por varias redacciones de Madrid mucho antes de que lo supiera el fiscal general. 

  La investigación judicial ha acreditado, de forma fehaciente, a qué hora accedió Álvaro García Ortiz a esa información filtrada: las 21:59 de la noche del 13 de marzo de 2024. O el fiscal general tenía una máquina del tiempo, o no pudo ser él.

  Con los datos que los periodistas han aportado ante el Supremo, no veo cómo podrían condenar al fiscal general. No ha aparecido tampoco una “pistola humeante” –una prueba que no existe porque no fue él–. 

  Las acusaciones piden su condena en base a indicios laterales. Básicamente son dos: el borrado de su teléfono móvil y su insistencia en obtener esa información, durante esa noche del 13 de marzo.

  Ambos datos son ciertos. Álvaro García Ortiz borró su móvil y su correo electrónico. Yo habría hecho lo mismo, como expliqué en una carta anterior. Porque es mi derecho –a proteger mi intimidad–. Y porque como director de un periódico es también mi deber –para proteger a mis fuentes–. En el caso del fiscal general, su obligación es aún mayor: por sus manos pasa información muy sensible que tiene el deber legal de proteger. 

  En cuanto a su insistencia en conseguir la información, esa noche del 13 de marzo, está también acreditado el motivo: publicar lo antes posible una nota de prensa para desmentir el bulo que lanzó Miguel Ángel Rodríguez. Era, de nuevo, una obligación hacerlo así. Uno de los deberes legales de la Fiscalía es informar de los asuntos relevantes de los que tenga conocimiento, para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

  –Si llego a saber que esto acaba con un proceso penal contra un inocente, nunca hubiera publicado esa exclusiva–, me confiesa José Precedo. Que está viviendo la peor semana de su vida desde que es periodista. 

  Por eso es tan dañino este dilema en el que nos coloca este anómalo proceso judicial. Las sociedades democráticas protegen el secreto profesional de los periodistas porque sin él no hay prensa libre. Perseguir con esta contundencia el origen de una información es dañino para la democracia. Ataca al derecho que tiene la ciudadanía a estar informada.

  Es también una persecución unidireccional. Todos los días en España, la prensa publica filtraciones como la que afectó a González Amador. Incluso en esta investigación contra el fiscal general se han difundido datos que deberían ser secretos. ¿Por qué la pareja de Ayuso tiene más derechos que cualquier otro imputado?

  Esta persecución sobre nuestras fuentes se inició por una única razón: para intentar desacreditar nuestra información. Hace pocas horas, se ha vuelto a demostrar que era veraz: Alberto González Amador se sentará en el banquillo, acusado de los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Exactamente lo que dijimos que había ocurrido, hace ya más de un año y medio.

  Hay dos últimos motivos por los que no podemos difundir quién fue nuestra fuente.

  El primero, que dudo que sirviera para exonerar al fiscal general –si es que finalmente es condenado, algo que espero que no ocurra–. Más allá de nuestra palabra, no tenemos otra prueba que ofrecer al tribunal. Y esa misma palabra ya ha sido dicha, alta y clara, ante el Supremo: no fue el fiscal general.

  La segunda, que creo que la fuente que nos pasó esa información también es inocente. Ojalá hubiera más personas valientes que se atrevieran a pasarnos información, aún a riesgo de represalias tan severas. 

  El miércoles, después de declarar ante el Supremo, José Precedo y Marcos Pinheiro volvieron a la redacción. Allí les recibimos con un aplauso cerrado. En elDiario.es estamos orgullosos de su trabajo. De su ética. De su honestidad.

  Al menos que este juicio sirva para algo: para diferenciar el buen periodismo de lo que no lo es. En un mundo donde Miguel Ángel Rodríguez dice que él es periodista y no notario, y eso le sirve como excusa para mentir. 

• Sánchez reitera su confianza en la inocencia del fiscal general: "Tras lo escuchado y visto, más aún"

  

  El presidente del Gobierno ha reiterado su confianza en la inocencia del fiscal Álvaro García Ortiz, especialmente tras las jornadas del juicio que se celebra contra él y en el que todavía no se han presentado pruebas de que filtrara el correo de la pareja de Ayuso

  El juicio por el correo de la pareja de Ayuso cruza su ecuador sin pruebas de que lo filtrara el fiscal general

  El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz después de las tres jornadas del juicio que se celebra contra él y en el que todavía no se han presentado evidencias de que filtrara el correo de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. “El Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto. Insisto, creemos en su inocencia y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún”, ha afirmado en una entrevista para El País.

  El jefe del Ejecutivo cree que la verdad “se acabará imponiendo” y señala que esa verdad es que “el fiscal general del Estado es inocente”. “El Gobierno ha respaldado con argumentos, con razones, a una persona inocente y confiamos en la justicia”, admite al ser preguntado por una posible renuncia de García Ortiz en su cargo.

  Sobre sus palabras del pasado mes de septiembre cuando dijo que hay jueces haciendo política, Sánchez reconoce que tiene que ser “muy escrupuloso y respetuoso” con los procedimientos judiciales que afectan a familiares y carga contra la “máquina del fango” de la derecha y ultraderecha.

  “Lo hice porque pseudo sindicatos de ultraderecha como Manos Limpias, como Hazte Oír, presentan denuncias basadas en recortes y lo que hace la oposición es amplificarlas con declaraciones, yendo a platós de televisión y a tabloides digitales para decir que todo esto es un escándalo. Luego se crean comisiones ad hoc como la del Senado, donde no se busca la rendición de cuentas, sino la propagación de bulos”, ha criticado.

  Asimismo, confía en la justicia en las causas abiertas contra su mujer y su hermano e insiste en que la verdad “acabará imponiéndose”. En este sentido, defiende que la polarización política es “asimétrica” y apunta que el PSOE ha sufrido más ataques a sus sedes “que ninguna otra organización”.

  En relación con el bloqueo parlamentario de Junts, Sánchez responde que no están en la situación de convocar elecciones para despejar esa cuestión, y añade que han cumplido con el partido catalán en temas que tienen que ver con su completa competencia. “Y en aquellos que no, trabajamos para que se cumplan”, agrega.

  Por otro lado, admite que es “necesario” articular más acuerdos con el PP, pero “la realidad es tozuda” y evidencia que, tras los incendios del verano, propuso un pacto de Estado frente a la emergencia climática, pero “Feijóo está pactando con la ultraderecha justo la negación de esa emergencia climática”. “El PP está rendido a la ultraderecha y abonado al esperpento”, apunta.

  Además, reconoce que “hace tiempo” que habló por última vez con Feijóo, a quien acusa de “abrir de par en par los gobiernos autonómicos a la ultraderecha”.

  El presidente también ha hablado durante la entrevista sobre el libro del Rey emérito Juan Carlos I, titulado 'Reconciliación', Sánchez dice que no ha leído el libro y que “visto lo visto” no será uno de los que recomiende para estas Navidades. Sobre el contenido del libro, Sánchez ha asegurado que le ha “sorprendido” la parte de “quién trajo o no la democracia”: “La democracia no cayó del cielo; fue fruto de la lucha de los españoles y españolas”, ha agregado.