

Discurso en vídeo de la Defensora del Pueblo Anjinho ante la Cumbre Europea de Mujeres Líderes en Ciencia y Tecnología
El asunto se refería a la forma en que la Comisión Europea garantiza que Rumanía aplique plenamente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la denegación ilegal de la expedición de documentos de identidad a ciudadanos rumanos domiciliados en otros Estados miembros.
El Defensor del Pueblo constató que el asunto parecía estar evolucionando a nivel nacional y que la Comisión había estado supervisando la situación de forma activa y a intervalos razonables.
El Defensor del Pueblo archivó el caso con la conclusión de que no se justifican más investigaciones en esta fase. Sin embargo, la Defensora del Pueblo solicitó a la Comisión que le informara, en un plazo de seis meses, sobre su evaluación del cumplimiento de la sentencia por parte de Rumanía y sobre cualquier otra medida adoptada por la Comisión.
El asunto se refería a una solicitud de acceso público a un mensaje de texto enviado en enero de 2024 por el presidente de la República Francesa al presidente de la Comisión Europea en relación con las negociaciones comerciales UE-Mercosur.
En julio de 2025, la Comisión respondió afirmando que, aunque efectivamente se había producido un intercambio de este tipo, no podía localizar el mensaje solicitado. La Comisión señaló que el mensaje se había recibido a través de la aplicación de mensajería instantánea «Signal», que tenía activada la función «mensajes que desaparecen». Por consiguiente, la Comisión concluyó que no disponía de ningún documento incluido en el ámbito de aplicación de la solicitud.
La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la tramitación de la solicitud por parte de la Comisión. Su equipo de investigación inspeccionó el expediente de la Comisión sobre la solicitud de acceso público y celebró una reunión con representantes de la Comisión.El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.
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