Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
Consejería de justicia y administración pública 3. Otras disposiciones BOJA nº 66, de 4 abril 2008, 3. Otras disposiciones, páginas 40-57
Referencia: BOJA nº 66 de 04/04/2008
Orden de 6 de marzo de 2008, por la que se procede a la adaptación de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga.
www.cafmalaga.es - Estatutos del Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
Consejería de justicia y administración pública CAPITULO SEXTO BOJA nº 66, de 4 abril 2008, 3. Otras disposiciones, páginas 49-50
Referencia: BOJA nº 66 de 04/04/2008
www.cafmalaga.es - Normas deontológicas y responsabilidades
El administrador habrá de estar dado de alta como ejerciente para poder administrar una comunidad.
(Artículo 56, F)
Los Administradores de fincas estarán sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas en que incurran en su ejercicio profesional, y a la civil cuando causen daños en los bienes o intereses cuya administración tengan encomendada, viniendo obligados en este caso a indemnizar los perjuicios ocasionados.
(Artículo 57)
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA
Boletín número 47 de 10/03/2020
Orden de 13 de febrero de 2020, por la que se aprueba la modificación de los estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
Boletín número 90 de 11/05/2010
Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.
Boletín número 255 de 31/12/2011
Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.
Boletín número 28 de 11/02/2016
Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.
Boletín Extraordinario número 39 de 19/06/2020
Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma.
Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para los años 2020 y 2021 los incentivos para la rehabilitación energética de edificios existentes en Andalucía acogidos al Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
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Tres tipos de actuaciones subvencionables para realización la rehabilitación energética:
• Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
• Actuación 2: Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.
• Actuación 3: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
. . . certificado Covid-19 o prueba diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial.
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.
El Defensor del Pueblo es un órgano independiente e imparcial encargado de garantizar que las agencias e instituciones de la UE se atienen a la obligación de rendir cuentas, así como de promover la buena administración. El Defensor del Pueblo ayuda a las personas, empresas y organizaciones que se enfrentan a problemas con la administración de la UE investigando las reclamaciones de mala administración relativas a las instituciones y organismos de la UE, pero también examinando de forma proactiva cuestiones sistémicas más amplias.